La Cámara Federal revocó este miércoles los procesamientos dictados a unas veinte personas que habían sido acusadas de protagonizar incidentes el 1° de septiembre pasado durante la primera gran marcha en la porteña Plaza de Mayo en reclamo por la aparición con vida de Santiago Maldonado.
De esta forma, la Sala II dio marcha atrás con las medidas dictadas en primera instancia por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi por los delitos de intimidación pública y resistencia a la autoridad.
El Tribunal revocó 17 de los 19 procesamientos; y a los dos restantes les ratificó la acusación por el delito de resistencia a la autoridad.
Para la Cámara, los argumentos a los que arribó el juez de primera instancia “carecen de suficiente sustento” y, en ese sentido, remarcaron irregularidades en las actas labradas en las que no se describieron correctamente los hechos.
“En efecto, tales actas al igual que la mayoría de los testimonios brindados por los integrantes de la Policía de la Ciudad narran lo acaecido sin describir al o los autor/es de los hechos en condiciones de lugar y tiempo concretos”, indicó.
Y agregó que, “contrastados tales dichos con las filmaciones obtenidas y especialmente aquellas citadas como elemento cargoso en el auto bajo examen, aunados a los descargos formulados por los encausados y los efectos secuestrados, se encuentra que las conclusiones del juez carecen del suficiente sustento objetivo requerido para este tipo de pronunciamiento”.
En el fallo, los jueces recordaron que el 1 de septiembre, cuando tuvo lugar la marcha, un grupo de individuos derribó el vallado de contención agrediendo a personal policial, con daños hacia integrantes de las fuerzas de seguridad y a edificios públicos y privados, por los cuales se pretende perseguir el cobro de una indemnización.
“Sin embargo, el déficit probatorio no radicaba en la acreditación de tales aspectos, sino en la evidencia sobre la participación individual de los procesados en los hechos delictivos”, señaló el Tribunal.
En ese sentido, sobre la base de jurisprudencia remarcaron que “es necesario distinguir entre quienes sólo obraron bajo el amparo de sus derechos constitucionales y aquéllos que, aprovechando la manifestación, cometieron delitos, para lo cual resulta imprescindible valorar elementos concretos que puedan dar cuenta de su actuación individual, las circunstancias que rodearon sus detenciones y los objetos incautados en su poder”.
“En definitiva, la apreciación que puede hacer el Tribunal es que, frente a un contexto en que las fuerzas de seguridad se vieron obligadas a actuar en tareas de prevención, la posterior actividad tendiente a discernir responsabilidades concretas por esos eventos no alcanza a acreditar con el grado de probabilidad requerido la intervención individual de la gran mayoría de quienes vienen aquí procesados. Y ello no puede ser suplido por construcciones dogmáticas carentes de respaldo indiciario; se requiere de pruebas objetivas”, concluyó la Cámara. .
Los acusados fueron detenidos arbitrariamente, en medio de una cacería policial, y salieron en libertad al día siguiente luego que fueran indagados en los tribunales de Comodoro Py.
La investigación comprendió un estudio sobre las imágenes tomadas por la Policía de la Ciudad y varios medios de comunicación, aunque en el expediente consta además un informe de la Policía de la Ciudad sobre los supuestos daños ocasionados en Plaza de Mayo sobre el mobiliario urbano y fachadas de edificios públicos, entre ellos la Catedral.
El accionar de la Policía de la Ciudad generó repudio de diversos sectores, ya que la defensa de los acusados asegura que los procedimientos fueron fraguados y que muchas de las personas que fueron detenidas esa noche nada tenían que ver con los incidentes provocados.
Agencia NA
