Este jueves 13 a las 16 convocan a un encuentro en la plazoleta frente al Normal 1, en San Juan entre Corrientes y Entre Ríos, para dar impulso a un movimiento por la liberación de las patentes de las vacunas contra el covid-19. El llamado, que a nivel local hace el equipo de la Cátedra del Agua de la Universidad Nacional de Rosario, se entronca con un despliegue a nivel global en el mismo sentido: expertos coinciden en que dejar sin efecto los derechos de propiedad intelectual y develar fórmulas e investigaciones de los laboratorios no sólo puede multiplicar la producción de antígenos para hacer frente al coronavirus en mucho menor tiempo, sino que puede acelerar procesos que muchos países –entre ellos la Argentina– tienen en desarrollo para sintetizar sus propios fármacos y resolver de una vez la enfermedad.
“Este Movimiento se replicará en distintas ciudades del mundo y del mismo surgirá un documento final que se elevará en la Global Health Summit del G20 a realizarse el 21 de mayo en Roma”, explicó la Cátedra del Agua, que organiza la movida junto al Centro Interdisciplinario del Agua de la UNR, el Movimiento Sindical Rosarino, el Ambientalismo Sindical Inclusivo y el capítulo local del Colectivo Argentina del Ágora de los Habitantes de la Tierra.
Este jueves se presentará la declaración de Rosario para aportar al documento global y se pide a los participantes de la convocatoria, que es totalmente abierta, atender y cumplir todas las medidas de prevención frente a la pandemia, en especial el uso de barbijos o máscaras de protección y el distanciamiento individual o de burbujas.
La campaña por la liberación de las patentes cobró un impulso diferente a partir de una reciente e inesperada declaración política en ese sentido por parte del presidente de los Estados Unidos, el demócrata Joe Biden, que tuvo inmediata caja de resonancia en Europa, donde sólo Alemania se posicionó en defensa de las patentes tal como rigen hasta ahora.
La demanda por la liberación coincide con un desequilibrio cada vez más pronunciado entre los países más ricos y los más relegados, con la acumulación de dosis por parte de los primeros y con buena parte de los segundos sin haber empezado aún con ninguna campaña de vacunación doméstica. Para muchos expertos no se trata de una posición moral –aunque existe– sino del riesgo mismo del éxito de poder vencer a la pandemia: si el virus se consolida a nivel de naciones enteras, la probabilidad de que surjan nuevas variantes o mutaciones es cuestión de tiempo y se abren ventanas al surgimiento de nuevas cepas resistentes a las distintas vacunas desarrolladas hasta ahora. Y ya se han evidenciado casos de reinfección.
Un flujo creciente
El camino de priorizar la salud humana frente a la lógica capitalista en el mayor desafío sanitario de la era moderna venía encontrando ecos dispersos pero crecientes hasta el cambio de posición estadounidense. El pasado 16 de abril el Parlasur, Parlamento del Mercosur, aprobó por 64 votos a 1 una resolución no vinculante que pide considerar a las vacunas contra el coronavirus como un “bien público”, es decir, un pedido por “la suspensión transitoria de los derechos de patentes”. El reclamo ya se había iniciado en marzo en la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la Argentina acompaño. No tuvo éxito, pero con el nuevo alineamiento internacional la historia puede cambiar.
Al momento de la declaración del Parlasur el 95% de las vacunas contra el coronavirus estaba concentrado en diez países: Estados Unidos, China, Reino Unido, Israel, Emiratos Árabes Unidos, Italia, Rusia, Alemania, España y Canadá, según destacó la propia Organización Mundial de la Salud, para dar cuenta de la “asimetría en la distribución de las vacunas”.
Ante ello, el Parlamento regional aprobó el pedido para que el bloque “promueva colaboraciones internacionales y compromisos vinculantes para facilitar el intercambio abierto y el derecho a usar tecnologías, conocimientos, datos y derechos globales no exclusivos”.
Además expresó su apoyo para que los gobiernos puedan “garantizar el libre acceso a las vacunas en el Mercosur, de manera de poder acelerar lo máximo posible los planes de vacunación de cada uno de los Estados parte”.
Para conseguirlo, destacó el Parlasur, cada Estado miembro deberá declarar a la vacunación como “servicio público regional” e implementar un régimen regional para “el intercambio de los insumos necesarios”.
En paralelo, el cuerpo apoyó “todas las medidas que amplíen las capacidades de fabricación y distribución para garantizar el acceso equitativo a las vacunas de todos los Estados parte” del bloque, y a su vez ungir al Mercosur como “un vehículo multilateral para amplificar y potenciar los esfuerzos actuales de los Estados nacionales en un mundo con graves problemas de producción y distribución de vacunas”.
Actualmente, las campañas de vacunación avanzan de manera muy asimétrica en el bloque, con Brasil, Uruguay y Argentina a la cabeza. En ese marco. el gobierno de Jair Bolsonaro no acompañó el pedido en la OMC –bloqueado por las grandes potencia que ahora están reviendo la situación– y el único voto en contra en el Parlasur fue de una diputada brasileña, Rosangela Gomes.
A nivel local, en tanto, el Frente de Izquierda Unidad presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley para que se declare la utilidad pública de la planta de Garín, provincia de Buenos Aires, donde el laboratorio mAbxience, del grupo español Insud Pharma, produce un principio activo de la vacuna de AstraZeneca que es enviado a México. “Pedimos que se suspenda toda exportación del principio activo, la reconversión de todos los laboratorios que puedan producir la vacuna y se garantice el correcto envasado procediendo así a la inmunización de toda la población argentina”, había planteado el bloque de izquierda en el Congreso.
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