El Ejecutivo nacional publicó este jueves en el Boletín Oficial el Decreto 1020/2020 que habilita la renegociación de las tarifas de la luz y el gas de incumbencia federal, lo que impactará en las facturas de todas las provincias por los nuevos costos de producción y transporte. El proceso será comandado por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Enre) y su homólogo del Gas ( Enargás).
La medida establece que “el plazo de la renegociación no podrá exceder los dos años, debiendo suspenderse hasta entonces, los acuerdos correspondientes a las respectivas RTI (renegociaciones tarifarias) vigentes con los alcances que en cada caso determinen los entes reguladores”.
Decreto 1020 que dispone renegociación de cuadro tarifario en Gas y Electricidad by Claudio de Moya on Scribd
El texto oficial aclara que, mientras se da la renegociación tarifaria, el congelamiento tarifario se sostendrá por los próximos tres meses. Es decir, hasta marzo. Este aspecto se enlaza con declaraciones de algunos funcionarios. A fines de noviembre último, el secretario de Energía, Darío Martínez, había anunciado que entre marzo y abril próximos el gobierno aplicará un aumento tarifario “de transición”, con un esquema diferenciado según ingresos de cada usuario.
“Tenemos que ir a una tarifa de transición y pagar la energía no tiene que significar que el usuario tenga que dejar de consumir, dejar de comprarse vestimenta, o adquirir otros bienes y servicios para poder destinar más al pago de la energía”, intentó el secretario minimizar el impacto.
Igual, el Decreto señala que “dentro del proceso de renegociación podrán preverse adecuaciones transitorias de tarifas o su segmentación, según corresponda, propendiendo a la continuidad y normal prestación de los servicios públicos involucrados”.
El esquema contenido en esa frase y en las declaraciones del funcionario es similar al de la gestión anterior, y amenaza con golpear otra vez a los sectores de ingresos medios: Martínez consideró que “un porcentaje importante de la población tiene que tener una tarifa subsidiada” y explicó que se avanzará “hacia un uso más inteligente de los subsidios, que llegue realmente a los sectores más vulnerables, que no pueden hacer frente al costo real de la tarifa, y que no se vean a obligados a salir del sistema”.
A fines de 2019, ya con la administración del Frente de Todos en la Casa Rosada, el Congreso aprobó la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva por la que se declaró la emergencia pública tarifaria y energética. La norma dejó en manos del Ejecutivo facultades para “reglar la reestructuración tarifaria del sistema energético con criterios de equidad distributiva y sustentabilidad productiva y reordenar el funcionamiento de los entes reguladores del sistema para asegurar una gestión eficiente de los mismos”.
Así, se le dió al gobierno nacional la potestad de mantener las tarifas de electricidad y gas natural bajo jurisdicción federal e iniciar un proceso de renegociación de la revisión tarifaria integral vigente, lo que comenzará ahora.
El proceso de la renegociación de los esquemas tarifarios se dará en el marco de la intervención administrativa del Enre y el Enargás, y un retraso de los pasos obligado por la pandemia.
“Los acuerdos definitivos o transitorios deberán formalizarse mediante actas acuerdo con las concesionarias o licenciatarias y los titulares del Enargás y del Enre, así como del Ministerio de Economía, quienes los sucribirán «ad referendum» del Poder Ejecutivo”, señala el Decreto 1020. Si no hay acuerdo con las empresas, los entes reguladores podrán dictar por sí el nuevo régimen tarifario para los servicios públicos.
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