En el marco de las tremendas restricciones presupuestarias que le toca soportar por estas horas, con medidas de fuerza en toda la provincia, el gobierno de Hermes Binner se juega hoy en la Corte Suprema de la Nación la posibilidad de recuperar en el corto plazo cerca de 600 millones de pesos anuales que la Nación deriva actualmente a la Ansés (Administración Nacional de la Seguridad Social). Detrás de esa intención de corto plazo el gobernador deberá enfrentarse hoy a los argumentos del ministro de Economía de la Nación, Amado Boudou, quien tratará de convencer al Tribunal acerca de la necesidad que sigue teniendo el Estado nacional de derivar esos fondos a la Ansés. Para la audiencia informativa convocada por la Corte, prevista para las 10, en Talcahuano 550, sede del máximo Tribunal, viajan a Buenos Aires además de Binner la vicegobernadora Griselda Tessio, el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Di Pollina, el ministro de Economía, Ángel Sciara, y el fiscal de Estado, Jorge Barraguirre. También participarán representantes de entidades empresarias y de los trabajadores.
Pese a que el reclamo de fondo del gobierno de Binner es que se declare inconstitucional el artículo 76 de la ley 26.078, que prorrogó sin acuerdo previo de las provincias el envío a la Administración Nacional de Servicios de Seguridad Social (Ansés) del 15 por ciento de la masa de dinero coparticipable, lo que hoy se va a debatir en la Corte tiene que ver con el futuro de esa detracción de dinero, donde la provincia reclama para salir de la emergencia económica que mientras la Corte decide la cuestión de fondo y el resarcimiento por los años anteriores, del 2006 al 2009, le habilite el cobro de al menos la mitad del monto que está reclamando: unos 1.200 millones de pesos anuales. Para eso la provincia presentó una medida cautelar, posterior a la demanda inicial, donde solicita que hasta tanto se resuelva de modo definitivo la cuestión de fondo planteada, “se ordene la suspensión parcial” de la aplicación del artículo en cuestión y también “el cese preventivo” de la detracción de los fondos coparticipables.
La pretensión del gobierno en la medida cautelar se limita “a los períodos sucesivos” y “tan sólo al 50 por ciento de los fondos que corresponden a la provincia de Santa Fe y se encuentran comprometidos en la detracción cuestionada, requerimiento parcial y mínimo anticipado al cual se ve forzada la provincia atento la grave situación financiera” que atraviesa. Ese monto representa cerca de 600 millones de pesos por año, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo.
Ese desvío de dinero de las provincias a la Ansés fue dispuesto en el pacto fiscal de 1992, con el fin de robustecer la caja del Ansés, debido a que los aportes jubilatorios de los trabajadores en actividad pasaron a engrosar los fondos de las AFJP (Administradoras de Fondos de Jubilación y Pensión) creadas en aquel momento. La provincia argumenta que la medida no debería haberse mantenido con una Ansés superavitaria como la actual, y mucho menos después de que en octubre de 2008 el sistema previsional fuera estatizado por completo.
En 2006 Santa Fe retiró el consentimiento para que la Nación siga detrayendo el 15 por ciento de los recursos de la masa coparticipable, tal como se había establecido en el Acuerdo Federal de 1992 y en otros pactos fiscales posteriores. Y por eso la provincia reclama que esos recursos sean reintegrados desde esa fecha.
De todas maneras los fondos retenidos de 2006 a la fecha no estarán en juego en la audiencia de hoy, convocada a partir de la medida cautelar que pretende destrabar los fondos de aquí en adelante, mientras se destraba la cuestión de fondo, por un monto cercano a los 600 millones por año.
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