La tarifa de Aguas Santafesinas volverá a aumentar en los próximos meses. No hay obstáculos a la vista para que el gobierno proceda a autorizar el 42% solicitado.
La escena será similar a la de años anteriores: el gobierno sabe que el costo de subir la tarifa lo tiene que pagar de todas formas, entonces lo hace de la manera más directa y corta posible porque de lo contrario tiene que meter la mano en el bolsillo y cubrir el déficit operativo con dinero de su presupuesto.
La oposición, en particular el justicialismo, protesta por los aumentos que se vienen acumulando año a año. Sin embargo no puede rasgarse las vestiduras después de 24 años de gestión en la que primero privatizó y luego se vio obligado a estatizar. Entre una cosa y otra son pocos los que pueden tirar la piedra sin tener que dar explicaciones.
Aún así trata de representar el descontento de clase media, jubilados y trabajadores que no reciben con la misma resignación el aumento de un servicio público que el de los productos de supermercado.
La tercera pata del asunto son las organizaciones sociales, políticas y académicas que representan a los usuarios. Este sector se quedó con las banderas que agitaba el Frente Progresista cuando era oposición y que siendo gobierno mandó al freezer.
Atada con alambre
Los servicios sanitarios se siguen rigiendo por la ley 11.220 que privatizó el servicio en diciembre de 1995, por lo cual hoy el Estado provincial gestiona agua y cloacas a través de una sociedad anónima de capital estatal pero con un marco regulatorio diseñado para controlar a una multinacional privada. Está claro que una y otra no persiguen los mismos objetivos.
De 2008 para acá las administraciones del Frente Progresista se negaron a discutir un nuevo marco regulatorio para el servicio. Prefirieron que las cosas sigan atadas con alambre. Por lo tanto Assa arrastra problemas que vienen de los tiempos de la ex Dipos y que la privatización ni por asomo corrigió: tiene dificultades a la hora de mensurar y cobrar el producto que vende, de reparar averías en la vía pública y de preservar el recurso natural y el medio ambiente.
¿Sirve el Enress?
El ente regulador, por su parte, ya era cuestionado cuando controlaba a la empresa privada. Qué decir ahora que lo hace sobre el mismo gobierno que nombra sus directores. En este punto el Frente Progresista no se diferenció en nada del justicialismo: si bien al principio designó dos directores de filiación kirchnerista, apenas tuvo la oportunidad repartió las cinco sillas del directorio entre los partidos que son socios en el Frente. El mismo reparto que, según las relaciones de fuerza internas, hacían obeidistas y grupos reutemistas entre 1995 y 2006.
La realidad es que el Enress, tal como lo conocemos, no pareciera tener sentido si el propio Estado es prestador, garante y financista del servicio. En todo caso habrá que discutir si es necesario un ente específico y, si la respuesta resultase afirmativa, definir el rol que cumplirán los representantes de las fuerzas políticas por un lado y los de las organizaciones sociales por el otro (hoy conminadas a un consejo consultivo no vinculante) a la hora de controlar.
Más allá de Assa
Si de buscar diferencias se trata, la principal entre la actual administración y las del justicialismo hay que buscarla fuera de Assa.
Hoy existe un plan de acueductos para todo el territorio provincial. Algunos ya están iniciados, en algunos casos con presupuesto propio y en otros con financiamiento de largo plazo, parte ya conseguido y parte en gestión. Acceder a los cientos de millones de dólares que requiere cada sistema suele tomar años de trabajo e intervienen un sinnúmero de variables: si no es la mala relación Nación-provincia, son el contexto económico-financiero o la prolongación de los tiempos en la Legislatura, como ocurre ahora, a la hora de autorizar la toma de créditos.
Assa proyecta para este año un déficit operativo de más de 300 millones de pesos. Si no hubiera aumento de la tarifa, deberá cubrirlo la administración central con recursos del presupuesto, lo cual implica recortar en otras áreas. He aquí la eterna discusión de fondo en todos los servicios públicos: qué parte de la prestación se financia con la tarifa que paga el usuario y qué parte subsidia el Estado.
En este punto se vuelve muy importante que los gobiernos, que tienden a usar la tarifa como solución más a mano, sean contrapesados, limitados y controlados por otras instancias políticas y sociales.
¿Estado depredador o inversor?
Uno de los argumentos que se escucharon ante el pedido de aumento de Assa es que desde 2008 la tarifa acumuló 400% de incremento. “Estamos ante un estado depredador”, dijeron diputados de la oposición y el ex director del ente, Alberto Muñoz, dirigente que conoce en detalle la problemática desde hace décadas.
El calificativo depredador lleva la carga propia de las discusiones políticas que se hacen a través de los medios de comunicación. Para analizarlo en frío, hay que ampliar la mirada del asunto.
Si bien es evidente que el gobierno pretende girar menos dinero a Assa año a año y que ésta se sostenga lo más posible con recaudación propia, el Estado provincial no está ausente en materia de servicios sanitarios. Por el contrario, está invirtiendo en infraestructura sanitaria como hacía muchas décadas no ocurría.
Ahí están los casos de la planta potabilizadora de Rosario; las tomas de los acueductos Desvío Arijón y Reconquista y los muchos millones que, ahora a ritmo sostenido, se están volcando en construcción de redes cloacales en Santa Fe, Rosario y Villa Gobernador Gálvez, tres ciudades donde presta el servicio Assa.
Podrá reprocharse que los socialistas fatigan con recorridas y fotos una y otra vez las mismas obras; cada etapa de ejecución de obra es motivo de una inauguración en sí misma; hablan de soluciones a problemas añejos como si fueran a estar mañana. La contrapartida es que se están construyendo grandes acueductos y plantas de potabilización, y que en un año y medio la ciudad tendrá más del 70 por ciento de su superficie cubierta por la red cloacal.
Con el freno de mano
Nadie puede ignorar que la tarifa es un tema sensible, sobre todo cuando se recurre a ella ante las primeras dificultades. El Ministerio de Aguas y Servicios Públicos ha tenido una política muy conservadora en ese sentido, demasiado temerosa a los cambios.
Innovaciones de sentido común y de indudable corte progresista como la segmentación de la tarifa –que se cobra por superficie– de acuerdo a la ubicación del inmueble le tuvieron que ser arrancadas en las audiencias públicas, las mismas que al principio se pretendían evitar.
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