A la novela protagonizada por la provincia y la Nación por los fondos coparticipables se agregará un capítulo más cuando el gobierno santafesino concrete la presentación de nuevos planteos fiscales ante la Corte Suprema de Justicia. Los reclamos que estudia Fiscalía de Estado de la provincia están vinculados a la detracción de fondos por la Afip, la Ansés y la ley del Cheque, y además se agregará una demanda para exigir el cumplimiento del piso de coparticipación federal y el reparto de los fondos ATN (Aportes del Tesoro Nacional) adeudados.
Los nuevos planteos se sumarán a los que a mediados de año realizó Fiscalía de Estado para reclamar los dineros detraídos a la provincia para constituir el fondo de autarquía de la Afip, el 15 por ciento quitado a la masa coparticipable para la Ansés y la distribución del impuesto al cheque. Uno de ellos exigirá que se cumpla con el piso del 34 por ciento de coparticipación para la provincia; otro será para pedir la distribución de los ATN y, según adelantó el fiscal de Estado, Jorge Barraguirre, están avanzadas las conversaciones con la provincia de Córdoba para hacer una presentación conjunta.
Los planteos ante la Corte Suprema surgen de la convicción de las autoridades provinciales respecto de la falta de cumplimiento por parte del gobierno nacional de los acuerdos fiscales y del mínimo de coparticipación federal. Barraguirre analiza, según detalló al diario El Litoral, presentar medidas cautelares ante la Corte y notas administrativas ante el Ministerio de Economía. En este último caso, el planteo apunta a que la Nación deje de descontar las cuotas restantes de los créditos tomados por Santa Fe del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial para la privatización del Banco de Santa Fe. La provincia tiene acreencias de la Nación surgidas del pacto fiscal firmado en noviembre de 2001 y del régimen de compensación de créditos y deudas entre el gobierno federal y la provincia, finalizado en 2005.
Barraguirre explicó que ya hay reconocidos 106 millones de dólares por parte del gobierno nacional y que por la compensación finalizada en 2005 el saldo favorable para Santa Fe es de 600 millones. “Pretendemos que no nos sigan descontado las deudas del Fondo Fiduciario cuando tenemos acreencias a nuestro favor”, dijo el funcionario. “Queremos reordenar estos dos trámites y vamos a presentar una nota al Ministerio de Economía (de la Nación) para emplazarlo; si en quince días no produce la compensación vamos a pedir una medida cautelar ante la Corte. Nuestro argumento es que somos acreedores netos de la Nación. Por una consideración tomada en su momento, la provincia decidió seguir pagándoles; ahora queremos no pagar más”.
Determinada la competencia de la Corte para entender en las tres demandas ya presentadas por Santa Fe, cuando finalmente el máximo órgano de la Justicia acepte esa competencia el gobierno provincial intentará apurar los trámites. Para ello expondrá como argumentos la situación deficitaria de las cuentas públicas –1.200 millones de pesos estimados para el año en curso y 1.800 millones de déficit presupuestados para 2010– y el riesgo de incumplir los diversos compromisos asumidos por la administración provincial.
En la Corte Suprema de la Nación, además de los planteos de Santa Fe, hay otros presentados por las provincias de Córdoba, San Luis, Corrientes y Chubut. El presidente del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, ya anunció que el órgano va a intervenir. “Va a responder a las demandas sociales ya que los poderes políticos no están funcionando adecuadamente”, fueron sus palabras. “Las cosas como están no pueden seguir. Estamos buscando caminos, estamos explorando. Queremos ser cuidadosos; es un tema muy sensible y no se resuelve de un día para otro, pero somos optimistas”, concluyó Barraguirre.
La pulseada entre Santa Fe y la Nación por los fondos públicos es de vieja data. A mediados del año pasado, el gobernador Hermes Binner instruyó a Barraguirre para que prepare un informe sobre los fondos coparticipables que la provincia no recibe y debería tener en caja. El 22 de diciembre de 2008, a través del decreto 3165, el gobernador designó al jurista Ricardo Gil Lavedra y al estudio de abogados de Gabriel Bouzat y Carlos Rosenkrantz para llevar adelante el litigio si no prospera el reclamo por vía administrativa. “Este caso puede ser el embrión de la revisión del federalismo fiscal”, se ilusionaron en ese momento los funcionarios de la provincia.
En julio, unos días después de las elecciones legislativas nacionales, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner inició una ronda de reuniones con figuras de distintos sectores políticos. Uno de los primeros en pasar por la Casa Rosada fue Binner; de ese encuentro, uno de los pocos detalles que trascendió fue la insistencia del gobernador por los fondos adeudados. Por esos días se concretó la presentación formal de Barraguirre ante la Corte, elevando un reclamo que supera los 4.000 millones de pesos.
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