Ezequiel Nieva
Santa Fe se encamina a debatir la implementación del juicio por jurados para el fuero penal. Si el proyecto es aprobado por la Legislatura, se aplicará esa modalidad para el juzgamiento de los delitos más graves. El jurado se integrará con 12 ciudadanos santafesinos y tendrá a su cargo la misión más importante: decidir si el acusado es culpable o inocente.
A diferencia de otras provincias que ya lo implementan, en el caso de Santa Fe el juicio por jurados será obligatorio para todos los delitos que tienen prevista la pena de reclusión o prisión perpetua, salvo que –a pedido del acusado– el resto de las partes se pongan de acuerdo y lo dejen sin efecto. Desde el gobierno provincial, que impulsa el cambio, apuntan a lograr una participación concreta de la sociedad en materia de justicia.
El proyecto enviado en junio del año pasado fue analizado por distintas comisiones de la Cámara de Diputados. Después de algunos intercambios con el Poder Ejecutivo las autoridades del sistema penal, los diputados llegaron a un acuerdo y el proyecto –al que aún le resta dictamen de Asuntos Constitucionales– tiene preferencia para ser votado este jueves en el recinto, donde podría lograr media sanción.
Los delitos que serán juzgados por jurados populares son los que tienen prevista la pena de reclusión o prisión perpetua: homicidios; torturas, vejaciones y apremios ilegales cometidos por funcionarios públicos; abusos sexuales agravados por acceso carnal o sometimiento gravemente ultrajante; promoción y facilitación de la corrupción de menores o cuando haya engaño, violencia, amenaza, abuso de autoridad o cualquier otro medio de coerción.
De película
El esquema previsto en el proyecto es similar al que se observa en las películas y las series. El jurado se integrará por 12 personas designadas por sorteo. Los requisitos son figurar en el padrón electoral, tener entre 18 y 75 años y una residencia mínima de dos años en la provincia. Se lo considera una carga pública, por lo cual nadie que haya salido sorteado puede negarse a ser jurado.
Los 12 jurados participarán de todas las audiencias, escucharán los argumentos de la fiscalía y la defensa y tendrán a su cargo decidir la culpabilidad o inocencia del o los acusados. Para arribar a una condena, tendrá que haber fallo unánime en primera instancia; si eso no ocurre, hay una segunda votación –siempre en privado– en la que se deberán lograr al menos 10 votos para condenar al acusado. Si no se llega a ese número, el juez deberá dictar la absolución.
El jurado solo decide entre tres opciones: “no culpable”, “no culpable por razón de inimputabilidad” y “culpable”. En este último caso, si bien la condena la resuelven los jurados, es el juez es el que determinará la pena.
La integración por 12 miembros se basa en estudios internacionales que indican que es el número ideal de personas para arribar a una decisión. Con menor número, no se garantizaría la cantidad suficiente de puntos de vista para el análisis de la prueba. Y más de 12 jurados dificultarían la toma de una decisión por unanimidad.
Otras experiencias
El sistema de juicio por jurados ya se aplica en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Neuquén y fue aprobado también por los poderes legislativos de Río Negro y Chaco. En el fuero federal, el nuevo Código Procesal Penal contempla el juicio por jurados pero no lo regula sino que especifica que deberá haber una ley especial.
Para el ministro de Justicia de la provincia, Ricardo Silberstein, el juicio por jurados es “una manera de involucrar a la sociedad y darle participación en el juzgamiento de los delitos más graves”.
“Desde el Poder Ejecutivo observamos una disociación entre los que resuelven las causas y la visión de la sociedad sobre esos resultados; por eso pretendemos acercar los modos de producción de la verdad con el sentido común de la gente y este proyecto del gobierno provincial tiende a dar un paso más en ese proceso”, explicó Silberstein.
En tanto, el diputado oficialista Jorge Henn opinó que “deja atrás posiciones conservadoras que reservan ciertos asuntos públicos a las corporaciones” y a la vez “permite la participación ciudadana en la administración de justicia. El Poder Judicial es el único de los tres poderes estatales en el que la ciudadanía no tiene participación alguna hasta el momento”.
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