Por Manuel Parola/ Especial para El Ciudadano
Los penales de la provincia de Santa Fe duplicaron su cantidad de internos en los últimos diez años, según los datos del más reciente informe del Observatorio de Seguridad Pública (OSP) del Ministerio de Seguridad provincial. Si bien la cantidad de crímenes registrados en la provincia en general, y en Rosario en particular, se han sostenido en los últimos años, el desagregado de los casos arrojó que 8 de cada 10 homicidios en Santa Fe son cometidos con armas de fuego. Según el criminólogo Marcelo Marasca, este incremento de la población carcelaria se explica por el número de prisiones preventivas en el nuevo sistema acusatorio por delitos en flagrancia, mientras que, en comparación, los encarcelados por delitos de abuso y homicidio son mucho menores.
El OSP indicó que desde el 2014 ha habido un incremento sostenido de la población carcelaria, sin embargo, el número de crímenes no ha disminuido en la provincia. El 2008 tuvo una tasa de 117 personas privadas de su libertad por cada 100 mil santafesinos: ese año, las víctimas fatales por la violencia lesiva cerraron en 271. En cambio, en 2020 la tasa de personas presas es de 214 por cada 100 mil habitantes, y hubo 375 homicidios durante todo el año pasado.
Hay 7.598 presidiarios en Santa Fe: según el organismo oficial, el 52 por ciento de ellos no tiene una condena. Según el Censo de Población Carcelaria, el número creció de manera continuada desde el 2016 hasta hoy, con un incremento además entre los últimos tres años: una de cada 5 personas encarceladas en la provincia ingresó allí a lo largo del año pasado, mientras que la mitad de la población carcelaria entró en los últimos tres años.
“El sistema acusatorio se basa en la frecuencia de las prisiones preventivas”, dice Marcelo Marasca, profesor de la cátedra de Políticas Democráticas para la Seguridad Ciudadana de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y máster en Criminología, al ser consultado sobre si hay una incidencia entre la detención de personas con la disminución de los homicidios.
“No hay ninguna investigación seria que ate el número de crímenes con las personas que se criminalizan, no hay relación entre una cosa y la otra. Esto tiene más que ver con qué cosas se criminalizan y cómo”, aportó el investigador.
Según Marasca, el incremento de la población carcelaria ocurrió tras la reforma del sistema de justicia de 2014 y fundamentalmente del sistema acusatorio. “El sistema se hizo más veloz y tiene una alta capacidad para procesar las causas, a partir del cambio de los juicios escritos a las audiencias y juicios orales”, pero sobre todo por el aumento de los juicios abreviados y la frecuencia de las prisiones preventivas.
“El número de prisiones preventivas engrosa la cantidad de presos y presas en los penales”, indicó el criminólogo en referencia a la grosera cantidad de personas encarceladas sin una condena firme. De las 7.598 personas privadas de la libertad, 3.978 no poseen una condena.
“En este régimen la libertad ya no es una regla, es un privilegio. Si analizamos el tipo de crímenes por los cuales son ingresadas las personas acusadas, la mayoría son crímenes de flagrancia, los homicidios y crímenes por abuso son poco significativos, numéricamente hablando. En este marco, lo que se le propone a la parte acusada es un proceso breve, y en esa situación le suelen proponer y firmar cualquier cosa con tal de que el proceso dure lo menos posible”, comentó Marasca a El Ciudadano.
“Como sólo se necesita del testimonio de un agente de policía en servicio en el momento del supuesto ilícito, hay una alta cantidad de procesos por flagrancia, generando así un antecedente. Si esa persona reincide o tiene un proceso preventivo previo, el antecedente aparece y la persona acusada no vive su proceso en libertad”, continuó.
Marasca señaló que “las cárceles se parecen cada vez más a un depósito de personas” y remarcó que “es necesario volver a preguntarnos sobre la razón social de los centros penitenciarios”.
“La violencia es la forma de construcción de identidad en los barrios”
Según los datos del Observatorio, 8 de cada 10 homicidios en la provincia son cometidos con un arma de fuego. En la ciudad de Rosario, la proporción se eleva a 9 de cada 10, de los cuales la mayoría de las víctimas son varones jóvenes de entre 15 y 34 años. “Lo impactante de los crímenes con armas de fuego hacen a una lectura lineal entre los delitos y los homicidios particularizadamente, pero pierde de vista que los delitos tienen distintas logísticas. Se llega a concluir que si los homicidios aumentan, aumenta el delito en general, y esto es incorrecto”, remarcó Marasca para señalar que “en Rosario lo que hay es un incremento de la violencia con la que se efectúan estos crímenes con armas de fuego, sumado a una facilidad manifiesta para obtener esas armas”.
En este último punto, el control de la circulación de las armas de fuego en la ciudad de Rosario es una deuda que el municipio tiene para con la ciudadanía: la ordenanza Nº 8761 que exige a las armerías la implementación de un software para el control online de la compraventa de armas y municiones fue aprobada en diciembre, pero aún no ha sido reglamentada por el Ejecutivo municipal.
El año pasado el subsecretario de la Agencia de Prevención de la Violencia con Armas de Fuego de la cartera de Seguridad, Lautaro Sappietro, denunció la faltante de 900 mil municiones, a lo cual se sumó la alta tasa de pistolas reglamentarias denunciadas “perdidas o robadas” por los propios policías a lo largo de los últimos 3 años.
Es en este contexto que Marasca advirtió que “las formas de construcción de una identidad en los barrios se ha corrido de los espacios sociales o políticos, para comenzar a estructurarse desde lógicas propias de un machismo que enfrenta a dos individuos varones para demostrar cuál de los dos se queda con el dominio de tal o cual territorio y por lo tanto de las influencias que allí circulan”.
También recordó que “las bandas relacionadas con el narcotráfico se han convertido en un elemento de construcción de pertenencia, de identidad de los individuos en los barrios más periféricos, que es donde se concentran las balaceras. La violencia es la forma de construcción de identidad hoy en los barrios periféricos”.
En una entrevista del periodista Luciano Couso para el libro “Que el Narco no te Tape el Bosque”, el edil por Ciudad Futura Pedro “Pitu” Salinas hizo referencia a esto.
“Para Salinas, la institución escolar ya no es el nicho de construcción de identidad como antes: «los clubes de barrio no pueden serlo, la familia menos que menos, el laburo y la pertenencia sindical tampoco, la violencia hoy sí es un campo estructurante de identidad»”, fue una de las declaraciones que resaltó Couso.
El desarme de las calles a partir de la regulación de la circulación de armas, el cambio de enfoque del sistema acusatorio en tanto al respecto de las garantías constitucionales y la generación de nuevas formas de construcción de los vínculos de pertenencia son necesidades acuciantes que se esconden detrás de una población carcelaria que más que reflejar justicia, demuestra el ensañamiento contra los sectores más vulnerables y lo apremiante de una reforma en la Justicia santafesina.
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