La Legislatura provincial sancionó este jueves, en forma definitiva, la ley de Empresas Recuperadas mediante la cual el Estado santafesino brindará asistencia técnica, jurídica y económica a las cooperativas de trabajo que gestionen por cuenta propia emprendimientos productivos en cualquier rama de la economía.
El proyecto había sido presentado por el diputado socialista Joaquín Blanco y ya tenía media sanción de la Cámara baja.
Este jueves, en la última sesión ordinaria del año, el Senado lo terminó de aprobar por unanimidad y la ley fue girada al Poder Ejecutivo que encabeza Miguel Lifschitz para su reglamentación y promulgación.
La ley de Empresas Recuperadas establece que la autoridad de aplicación será la Subsecretaría de Economía Social y Solidaria, dependiente del Ministerio de la Producción de la provincia.
Entre otros puntos, la norma determina que las cooperativas que gestionen empresas recuperadas tendrán preferencia como proveedoras del Estado, recibirán un tratamiento fiscal acorde a la situación en que se encuentran y podrán acceder a líneas de créditos blandos para equipamiento e insumos.
Santa Fe es una provincia con amplia trayectoria en la materia. Hay al menos 35 empresas recuperadas, en distintas localidades, en las que se desempeñan más de 1.200 trabajadores en forma directa. Entre ellas, la cooperativa La Cigarra que edita este diario y gestiona el portal elciudadanoweb.com.
Además de la cooperativa La Cigarra, otras experiencias de empresas recuperadas son la fábrica de soda y jugos Naranpol (Santa Fe), la industria alimenticia Mil Hojas (Rosario), la fábrica de jabones Prunelle (Soldini), el frigorífico Cotrasi (Santa Isabel) y la metalúrgica Fabricaciones Rosario, entre otras.
Por los puestos de trabajo
El objeto de la ley, según sus fundamentos, es “contribuir al mantenimiento de puestos de trabajo dignos, destinados a empresas recuperadas por sus trabajadores organizados en cooperativas, con el propósito de conservar las fuentes de producción y de trabajo que se encuentren en funcionamiento o en proceso de reactivación, posibilitando la recuperación de la empresa por parte de sus trabajadores”.
Las empresas recuperadas podrán acceder a los siguientes beneficios: asistencia técnica y jurídica; acompañamiento del Estado para que la empresa pueda ser sustentable en los aspectos económico, productivo y social; tratamiento fiscal preferencial; acceso a líneas de créditos, programas de fomento y desarrollo tecnológico; capacitaciones en oficios por parte del Ministerio de Trabajo; la difusión, por parte de la provincia, de los productos elaborados por las cooperativas; ayuda para las inscripciones que deben obtener para poder exportar; y una consideración diferencial por parte de la Empresa Provincial de la Energía en cuanto a la tarifa de electricidad.
Un mensaje al Poder Judicial
Después de la aprobación del Senado, el autor del proyecto –el socialista Joaquín Blanco– explicó en diálogo con El Ciudadano que la ley “además de darle herramientas concretas al Ejecutivo provincial para poder acompañar a las empresas recuperadas, tiene una concepción muy importante que tiene que ver con una definición amplia de la empresa recuperada en el marco de la ley. Se entiende por empresa recuperada a toda experiencia de autogestión en la cual los trabajadores se organizan en cooperativas con la misión de llevar adelante un emprendimiento productivo. Buscamos que se adecúe la ley a los tiempos que corren”.
“Esta ley también es un mensaje al Poder Judicial”, agregó el diputado Blanco. “Siempre con las empresas recuperadas estábamos corriendo atrás del problema. Jurídicamente, a partir de la quiebra, había que demostrar ante el juez la necesidad de organizar a los trabajadores en cooperativas, se involucraban los abogados en el proceso de quiebra… Esto es al revés: acá de plantea que, ante un proceso de vaciamiento de una empresa, se constituye un grupo de trabajadores para sostener esas fuentes y hay un reconocimiento jurídico a partir de esta ley”.
“Es un mensaje hacia el futuro porque, en un momento de crisis, aquellos que estén pensando en vaciar una fábrica o iniciar un proceso de quiebra fraudulenta deben saber que los trabajadores cuentan con un derecho más”, concluyó el diputado Blanco.
Media sanción al presupuesto
La Cámara de Diputados de la provincia dio media sanción este jueves al proyecto de presupuesto 2018, que ahora deberá ser analizado en el Senado.
El presupuesto contempla gastos por 191.314 millones de pesos y un total de recursos de 192.905 millones, de lo que se desprende un superávit de 1.590 millones. La masa de recursos implica un aumento del 28 por ciento respecto del año en curso.
El presupuesto 2018 pone énfasis en la obra pública. Las erogaciones de capital se mantienen en montos similares respecto del presupuesto 2017 –casi 30 mil millones de pesos– pero el año próximo se sostendrán con más esfuerzo del tesoro provincial y sin contemplar nuevas operaciones de endeudamiento.
En el proyecto no se incluyó el pago de la deuda que el gobierno nacional mantiene con la provincia por descuentos irregulares sobre la coparticipación federal. Son algo más de 50 mil millones que reclama el gobierno de Miguel Lifschitz y que deberán ser negociados con la Nación, según el Pacto Fiscal, antes del 31 de marzo de 2018.
Las trabajadoras estatales podrán pedir licencia por violencia de género
Es ley, en la provincia de Santa Fe, la licencia por violencia de género. El proyecto impulsado por la diputada Mercedes Meier, del Frente Social y Popular, fue aprobado este jueves con modificaciones por el Senado y luego la Cámara baja –que ya le había dado media sanción dos sesiones atrás– aceptó los cambios y giró la ley al Poder Ejecutivo para su promulgación.
La nueva ley establece que las empleadas estatales de los tres poderes podrán pedir licencia de tres días hábiles ante cualquier tipo de agresión, para poder resolver sus situaciones particulares. Además, iniciada esa gestión, se informa a la subsecretaría de Políticas de Género de la provincia para que registre el caso y tome las medidas necesarias para ayudar a la mujer víctima de violencia a resolver su situación.
“Es una ley que no solo defiende a las mujeres sino también a los trabajadores en su conjunto”, definió la diputada Meier. “Ahora se van a poder llamar a las cosas por su nombre, porque las mujeres que son violentadas de distintas maneras y no pueden ir a trabajar, disfrazan eso con licencias psiquiátricas o vacaciones, lo cual no ayuda a visibilizar el tema ni tampoco a resolverlo”, agregó.
Los beneficios de la norma alcanzan a las empleadas de los tres poderes del Estado y de los organismos autárquicos. “Hasta ahora –explicó la autora de la ley– podemos legislar solo sobre las trabajadoras del Estado, pero esperamos que esto también pueda tener una repercusión en el sector privado”.
El proyecto tenía media sanción y ayer fue modificado por el Senado. En la redacción original se establecía que el período de licencia podía ser de entre tres y 90 días hábiles, a determinar por el organismo correspondiente. El Senado, por impulso de Lisandro Enrico, modificó ese artículo y dejó establecido que serán tres días hábiles y luego, a partir del análisis particular de cada caso, se podrá prorrogar por un lapso mayor.
“Los argumentos del Senado –criticó Meier– son muy estigmatizantes respecto de los trabajadores estatales. Dijeron que las mujeres van a pedir licencia para no ir a trabajar, lo que demuestra una profunda ignorancia sobre el tema, porque las trabajadoras del Ministerio de Educación ya cuentan con una licencia especial por violencia de género que es prorrogable, de acuerdo al convenio por todos los días que hagan falta y que necesite la mujer para volver a trabajar”.
“No es fácil para una mujer reconocer que sufre violencia de género, hay que denunciar al agresor, reconocer la situación en el trabajo, lo cual no es poco. Por eso pensamos que esta ley es un avance que respalda los derechos de las mujeres”, concluyó la diputada del Frente Social y Popular.
