Lucia Demarchi
Desde fines de octubre la ciudad de San Genaro estuvo en la mira por irregularidades en la aplicación de la ordenanza de paridad de género, sancionada el año pasado por su Concejo Deliberante. Si bien en el armado de las listas antes de las elecciones provinciales todos los frentes políticos la respetaron e incluyeron un 50% de mujeres y un 50% de varones intercalados entre sí, no ocurrió lo mismo a la hora de decidir quién iba a ocupar las bancas obtenidas. El Frente Progresista Cívico y Social (FPCyS) consiguió uno de los tres escaños que estaban en disputa, que iba a ser ocupado por la primera candidata y actual secretaria de Gobierno, Ariana Mergen. Pero sorpresivamente ella y las otras dos mujeres que integraban la boleta presentaron renuncias. Ante denuncias públicas de distintos sectores políticos, dos de ellas se retractaron y en las próximas semanas el Concejo deberá definir quién ocupa, finalmente, esa banca.
Vamos a hacer valer nuestra ordenanza de paridad”, dijo a El Ciudadano la edila del PJ, Viviana Cappelletti. “No podemos permitir que San Genaro se transforme en un precedente de violación de los derechos de las mujeres”, agregó. Además, se espera que esta semana el Procurador de la Corte haga público su dictamen sobre lo ocurrido.
En las elecciones provinciales generales del 16 de junio pasado, el Concejo Deliberante de San Genaro ponía en juego tres de sus seis bancas que luego del escrutinio se repartieron, por cantidad de votos, entre las dos listas que habían logrado superar las Paso. Dos fueron para el frente peronista Juntos, que obtuvo el 57% de los votos, y una al FPCyS, que superó el 37%.
El escaño del FPCyS le fue asignado a Ariana Mergen, quien encabezaba la lista. Pero el 22 de octubre Mergen, que actualmente es la secretaria de Gobierno del intendente Gastón Marconcini –que acaba de ganar las elecciones y el 10 de diciembre comenzará un nuevo mandato–, renunció a su banca en el Concejo, dijo, para continuar en el Ejecutivo.
San Genaro es una ciudad joven del departamento San Jerónimo, provincia de Santa Fe. En 2007 dejó de ser una comuna y pasó a incorporar las instituciones para localidades con más de 10 mil habitantes: una intendencia y un Concejo deliberante.
El 8 de noviembre de 2018, el Concejo aprobó por unanimidad la ordenanza N° 695 de Paridad de Género. Su espíritu fue el de hacer “efectivos los principios de participación y representación igualitaria entre géneros en los cargos electivos”. Establece que todas las listas para concejales deben respetar una equivalencia de 50% de mujeres y 50% de varones, intercalados entre sí. Y, además, dice que en caso de vacancia por “muerte, renuncia, separación, inhabilidad o incapacidad permanente de un concejal o concejala, se sustituirá por el candidato o candidata <del mismo género> que sigan”.
Después de la renuncia de Mergen, entonces, el camino quedó libre para que la banca fuera ocupada por Beatriz Vivas, tercera en la lista. El escándalo estalló cuando tanto ella como la mujer que ocupaba el quinto lugar, Griselda Altamira, también presentaron renuncias: los dos escritos estaban fechados el 15 de octubre y fueron presentados en el Concejo el 29 de octubre a las 12.15. Sin más mujeres –en San Genaro las listas están integradas por tres titulares y tres suplentes– la banca quedaba en manos de Luciano Morello, quien ocupaba el segundo lugar en la nómina de candidatos, pero es varón.
“Estoy convencida de que si nosotros (el bloque justicialista) junto con el colectivo de mujeres no nos movíamos rápidamente en salir a repudiar esta situación y el caso no tenía la repercusión que tuvo a nivel provincial y nacional, esto pasaba de largo. Si no había repudio, atropellaban la ordenanza de paridad. Y lo peor del caso, lo que más nos preocupaba, es la vergüenza de que San Genaro sentara este precedente que después se podía repetir en otros lugares”, dijo a <El Ciudadano> Viviana Cappeletti, concejala del bloque del Partido Justicialista.
Es que, en efecto, los primeros en hacer públicas estas irregularidades en los últimos días de octubre fueron las integrantes de la Secretaría de la Mujer del Partido Justicialista y las Mujeres Peronistas de Santa Fe, quienes repudiaron el artilugio a través del cual el FPCyS pretendió esquivar la ordenanza de paridad. Sostuvieron que “las leyes no son más que letra fría si no hay compromiso de cumplimiento” y que “San Genaro es espectador de una manipulación inescrupulosa y vergonzosa, que tira por la borda el esfuerzo y la lucha que se viene dando desde el colectivo feminista a lo largo y ancho del país”.
Luego, la Mesa de Mujeres por la Paridad, a través de un documento firmado por decenas de dirigentes políticos de Santa Fe y de otras provincias, tildaron a la maniobra de “fraudulenta, antidemocrática y violenta”; remarcaron que “la lista presentada a la ciudadanía fue falsa” y que configuró “violencia simbólica de género”.
La situación de San Genaro se hizo luego eco en la Cámara de Diputados provincial, que sobre tablas y por unanimidad expresó su repudio a lo ocurrido. “Es un claro ejemplo de violencia política contra las mujeres”, consideró la diputada del FPCyS, Alicia Gutiérrez, quien promovió entre los legisladores la firma de un documento que repudia lo ocurrido y exige a su partido revisar la situación.
Marcha atrás
Griselda Altamira, la quinta en la lista del FPCyS, tiene 59 años, trabaja como cocinera en su casa vendiendo pizzas para cumpleaños o locro cuando una fecha patria lo amerita y es sostén de hogar. En diálogo con El Ciudadano, dijo que participa de la vida política de San Genaro desde el regreso a la democracia, en el partido radical.
Después de que la situación tomara estado público, el viernes 1° de noviembre Altamira, a través del abogado constitucionalista Domingo Rondina, presentó en el Tribunal Electoral y en el Concejo una nota en la que daba marcha atrás con su renuncia, aduciendo que su firma estaba viciada “por no reunir los elementos de discernimiento, intención y libertad”. Dos días más tarde, Beatriz vivas hizo lo mismo: retiró su renuncia, pero habló de un malentendido y solicitó ocupar el cargo que, tras la renuncia de Mergen, le correspondía.
El miércoles pasado Altamira se presentó en el Concejo en forma espontánea y tuvo una reunión con los ediles, en la que explicó su versión de lo que había ocurrido el 15 de octubre, cuando le puso firma a su renuncia. “Mergen me había citado en la Municipalidad. Estaba Morello y después fue el intendente. Me dicen que van a necesitar mi firma para que asumiera Morello, pero no me explicaron por qué. Ellos nunca me dijeron que Vivas había renunciado ni qué era lo que iban a hacer con esto. No me preguntaron tampoco si quería asumir en el cargo. Y después de que se hizo público, ninguno me llamó para aclarar la situación”, dijo Altamira. “Fue muy doloroso para mí. De repente todo el mundo estaba diciendo que yo había hecho esto por plata, que cuánto me habían pagado, pero yo soy una trabajadora más”, agregó.
Lo que viene
En la agenda de esta semana en San Genaro se espera que ocurran dos cosas. Primero, que el Procurador General de la Corte, Jorge Barraguirre, haga público su dictamen sobre lo ocurrido en San Genaro. Lo que tiene que dar a conocer es cuál es su opinión sobre lo que pasó y cómo debería accionar el Concejo Municipal. Es decir: si la banca del Frente Progresista debe quedar ocupada por una de las dos mujeres que retiraron su renuncia o si, como se pretendió, ese cargo debe quedar ocupado por Morello. Tres fuentes confirmaron a este diario que la resolución ya fue firmada por Barraguirre y apuntaría a respetar la ordenanza de paridad.
Y segundo, el Concejo de San Genaro citó para este miércoles en la Comisión de Poderes a los concejales electos. “Invitamos a los dos del PJ y a Mergen (cuya renuncia sigue vigente). Si ella reafirma su decisión, vamos a llamar a Vivas (la segunda mujer en la lista, que ya retiró la renuncia). A Luciano Morello no lo vamos a llamar porque nos vamos a basar en nuestra ordenanza de paridad”, detalló Capelletti.
Ahora son los ediles de San Genaro quienes deberán resolver, con todos estos elementos, quién ocupará el escaño del FPCyS. “La potestad de aceptar o no los pliegos es del Concejo de acuerdo a nuestras ordenanzas locales. Y nuestra guía para el acceso de los pliegos es nuestra ordenanza de paridad”, remarcó la concejala del PJ.
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