La ciudad de Buenos Aires ostenta un patrimonio histórico-cultural que la distingue y de cuyo destino parece desentendido el gobierno local de Mauricio Macri, a punto tal que la Justicia porteña tuvo que crear una unidad especial para protegerlo hasta de decisiones del propio Ejecutivo.
“Lo que en cualquier ciudad sería generar una estructura estatal para controlar o en su caso reprimir a los particulares que atacan al patrimonio histórico, acá hay que hacerlo a causa del propio gobierno”, afirma Andrés Gallardo, responsable de la Unidad de Defensa del Patrimonio Histórico Urbano de Buenos Aires.
La unidad fue creada por Mario Kestelboim, defensor general de la ciudad, quien la puso a cargo del ex juez Gallardo, su adjunto, tras identificar este tema como “conflicto estructural”, es decir, de aquellos que, por su especificidad, reiteración y proporciones, requieren una dedicación permanente.
Gallardo explica que la unidad nació de “una situación anómala, ya que la mayor parte de la conflictiva que se aborda tiene que ver con conductas del propio Poder Ejecutivo de la ciudad, y se supone que es el que debe velar por el cumplimiento de las normas legales y los mandatos constitucionales”.
“Sin embargo, en esta materia, por omisión o por comisión, el Ejecutivo genera, en forma reiterada, daños irreparables al patrimonio histórico de la ciudad”, acusó.
Gallardo advirtió que “se suele simplificar o minimizar la conducta depredatoria como una cuestión de incapacidad de gestión pero, en realidad, encubre la ideología subyacente”.
El funcionario judicial cuestionó que un eslogan de las autoridades porteñas defina a Buenos Aires como “smart city” (“ciudad amigable o inteligente”, puede traducirse del inglés).
“Usar palabras extranjeras, que la gente no entiende, es un paradigma. Es mejor cuanta menos memoria, menos identidad tenga, y sea una ciudad sin compromiso, sin pertenencia a una Nación, porque ciertos negocios son incompatibles con una ciudad que privilegia su historia”, reflexionó.
“En el siglo 21, la Defensoría tiene que hacer a la eficacia de la totalidad de los derechos, no solamente el penal y procesal de un imputado en un delito, sino también de los derechos sociales, incluidos los colectivos, entre ellos los de preservación del patrimonio”, definió.
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