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Salta: una fiscal apeló la condena de 12 años de prisión de un sacerdote acusado de abuso sexual

El religioso, de 67 años, llegó a los tribunales por las denuncias de dos jóvenes y una ex monja, por hechos de abusos ocurridos en el Instituto Hermanos Discípulos de Jesús de San Juan Bautista, del cual fue fundador, entre 2009 y 2012


Rosa Torino junto a sus abogados
Una fiscal interpuso un recurso de casación por la condena de 12 años de prisión impuesta al sacerdote Agustín Rosa Torino, acusado de abuso sexual gravemente ultrajante agravado, al considerar que el tribunal que lo juzgó cometió un vicio en la dosificación de la pena, que fue inferior a los 22 años que ella solicitó durante el juicio.

Fuentes del Ministerio Público informaron hoy que la fiscal penal Verónica Simesen de Bielke interpuso ante el Tribunal de Juicio Sala IV un recurso de casación, en el marco de la condena impuesta al sacerdote Agustín Rosa Torino, de 67 años, que fue de 12 años de prisión efectiva.

Los jueces consideraron al sacerdote autor material y penalmente responsable de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por ser ministro de culto reconocido en perjuicio de dos víctimas y abuso sexual simple agravado por ser ministro de culto reconocido, en perjuicio de otra.

Simesen de Bielke interpuso el recurso en los términos del artículo 539 del Código Procesal Penal, al considerar que el tribunal cometió un vicio esencial en la dosificación de la condena, e impuso una pena inferior a la requerida durante los alegatos, de 22 años de prisión para el sacerdote.

La fiscala consideró que tal sentencia “causa un gravamen irreparable e insubsanable”, e hizo hincapié en que deben tenerse en cuenta la naturaleza de las acciones y los medios utilizados por el sacerdote; además de la necesidad de considerar la extensión del daño físico y psíquico grave y el menoscabo moral y espiritual causado a las víctimas.

Entre las circunstancias que determinan el incremento de la pena por sobre el mínimo legal, la fiscala indicó que a la intromisión y vulneración a la libertad e intimidad sexual de las víctimas, se suma que el sentenciado, además de ser ministro de un culto reconocido, era el fundador y superior de un Instituto religioso que contaba con numerosas sedes en Argentina y el extranjero, por lo que es deber de la judicatura adecuar la pena a los hechos probados.

Luego, agregó que Rosa Torino hizo uso de su posición y de la influencia que su rol y status le otorgaban dentro del Instituto, como medio para ejecutar los abusos sexuales, ya que el acusado y las tres víctimas tenían vínculos personales, al ser parte del mismo instituto religioso, ideado, creado, fundado y dirigido por el sacerdote, por lo que existía entre las tres víctimas y el imputado una relación asimétrica.

Simesen de Bielke sostuvo que la imposición de una pena como la resuelta por el tribunal devino en un claro obstáculo para la graduación de la culpabilidad, -que fue debidamente acreditada-, e impide a los magistrados velar por la razonabilidad de las leyes para una adecuada graduación de la pena.

“Los fundamentos esgrimidos por el tribunal, al partir del mínimo de la pena que fue graduada en función de diversas circunstancias, demuestran una falta de consideración sobre los parámetros en los que el Ministerio Público Fiscal sostuvo la aplicación de una pena sensiblemente superior”, acotó la fiscal.

El 8 de julio pasado, los miembros de la Sala IV del Tribunal de Juicio de Salta, Maximiliano Troyano, Norma Beatriz Vera y Roberto Faustino Lezcano, condenaron a 12 años de prisión al sacerdote.

En el mismo fallo, los jueces dispusieron “la prisión preventiva del condenado”, por lo que ordenaron su inmediata detención “en el Servicio de Sanidad de la Unidad Carcelaria número 1” de Salta Capital, más conocido como el penal de Villa Las Rosas.

Asimismo, los magistrados recomendaron a las autoridades del Servicio Penitenciario provincial que se le brinde a Rosa Torino “tratamiento psicológico, atento a la naturaleza de los hechos por los que resultó condenado”.

Los hechos que se ventilaron en el juicio ocurrieron entre 2009 y 2012, en el ámbito del Instituto de los Discípulos de Jesús de San Juan Bautista, fundado por Rosa Torino y que funcionaba en la capital salteña, con sedes en distintos puntos del país y en otros países.

Este instituto fue intervenido en octubre de 2015, por decisión del Vaticano, que también desplazó a Rosa de su cargo, mientras que, en junio de 2019, la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica decidió cerrarlo.

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