La Justicia federal de Salta condenó a Fabián “Calavera” Pelozo, considerado como el encargado de la logística en el tráfico trasnacional de drogas con asiento en el departamento Rosario, a 9 años de prisión y a su socio Ignacio Quintana a 7 años por el transporte de casi 400 kilos cocaína que tenían como destino Buenos Aires. Por esta causa ya fueron penadas otras personas, entre las que se encuentran la peluquera de Salvador Mazza, Adelaida “Reina Titi o Tía” Castillo, considerada una de las gerentes del clan Loza y cliente asidua de Pelozo.
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Si bien los investigadores federales de diferentes jurisdicciones tenían en el radar a Calavera Pelozo desde hacía tres años, su identidad surgió en las crónicas policiales con más fuerza luego del triple crimen de la boda narco cometido el 29 de enero de 2021 en Ybarlucea.
Es que en esa oportunidad fueron acribillados Maximiliano “Maxi Rey” Giménez, su pareja Erica Romero y la hija de ambos, Elena de 18 meses dentro del Audi TT a la salida del casamiento de una pareja, que también está procesada por narcomenudeo.
Los pesquisas indicaron que Maxi Rey era uno de los que le compraba estupefacientes a Calavera Pelozo por orden de Esteban Alvarado y una de las hipótesis sobre el móvil del triple crimen gira en torno a la pérdida de un cargamento de 200 kilos de marihuana en el río Paraná.
Éste no sería el único cliente de Pelozo asesinado en el último tiempo, en octubre pasado el villagalvense Oscar Godoy, de 40 años y con captura desde marzo de ese año por narcotráfico, fue acribillado en su camioneta en el cruce de las rutas 34 y A012.
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Desde ese momento se conoció que tanto Pelozo como su socio Quintana –ambos apresados el 8 marzo de 2021– eran los encargados de los llamados “taxis de drogas” en las provincias de Salta, Córdoba y Santa Fe. Un escalón más arriba está el empresario boliviano Jorge Adalid “Nono o Fantasma” Granier Ruiz, quien era el encargado de contratar las flotas de avionetas para que llevaran la droga que salía de Bolivia, pasaba por Paraguay y era tirada en campos en el sur santafesino para luego ser distribuidas a los distintos compradores locales. Cada cargamento vacilaba entre los 380 y 480 kilogramos por los que Calavera con Granier Ruiz cobraban 300 mil dólares.
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La causa
La resolución del Tribunal Oral Federal N°2 de Salta, integrado por Domingo Batule, Gabriela Catalano (presidenta) y Abel Fleming, se conoció este miércoles donde condenaron a Fabián Pelozo e Ignacio Quintana a las penas de 9 y 7 años de prisión, respectivamente, tras considerarlos culpables del delito de transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes, en calidad de coautores.
La acusación estuvo a cargo del fiscal general Carlos Martín Amad y la fiscal ad hoc Claudia Juane, quienes sindicaron a la dupla por su participación en una operación de tráfico desarticulada el 24 de septiembre de 2020 por las fuerzas federales cuando interceptaron a una camioneta con el cargamento en la ruta 9, a la altura de la localidad de El Paraíso, en el partido bonaerense de Ramallo.
En ese transporte también participaron Reina Titi Castillo, quien conducía la camioneta Ford Ranger en la que llevaba 389 kilos de cocaína. La mujer recibió una pena de 13 años de prisión, dictada por el mismo tribunal el 7 de abril del año pasado, en calidad de organizadora.
En la misma resolución, y por el mismo delito, pero en calidad de partícipes primarios, los jueces también condenaron a Rodrigo López y Rocío Estela (hija de Castillo) a la pena de 8 años de prisión. Ambos viajaban en otra camioneta Ranger donde cumplían el rol de “coche puntero o barredor”, el cual se encarga de dar aviso sobre controles.
Voceros del Ministerio Público Fiscal (MPF) indicaron que la detención de esta organización no surgió de un procedimiento casual, sino de una larga investigación iniciada por los fiscales Diego Iglesias -titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar)- y Eduardo Villalba, a cargo de dicha dependencia el noroeste (NOA).
“No estamos ante dos personas que oficiaron de mulas, que llevaban la droga en su cuerpo, que estaban una situación de vulnerabilidad que les impedía tomar decisiones o restringía su ámbito de libertad a tal punto de haber sido empujados a cometer el delito”, dijo la Fiscalía en sus alegatos.
A su vez, esta causa fue un desprendimiento de otra investigación que terminó con la condena de Valdemar Loza, quien recibió una pena de 15 años de prisión como coautor del almacenamiento de 1.160 kilos de cocaína, también impuesta por el TOF 2 de Salta el 23 de diciembre de 2019. La droga incautada era parte de los embarques que sus hermanos José y Erwin tenían proyectado enviar a Europa. Los hermanos también fueron condenados por actividades de narcotráfico que llevaron a cabo gracias a múltiples complicidades durante una década, de 2008 a 2018.
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En el debate oral, la Fiscalía dio por acreditada la participación de Calavera Pelozo y Quintana, quienes fueron detenidos dos años después del procedimiento en el marco de allanamientos en Santa Fe y Córdoba.
Pelozo tenía su base de operaciones en un predio de Ybarlucea de sus suegros, aunque vivía en una coqueta vivienda en un country cordobés junto a su familia donde fue apresado. En esa propiedad le incautaron autos de alta gama, 1.200.000 de pesos y 90 mil dólares.
La fiscal Juane explicó que este tráfico se llevó a cabo “en el marco de una organización transnacional liderada por Granier Ruiz”, quien tiene pendiente de resolución un pedido de extradición formulado en abril pasado por los fiscales Iglesias y Villalba tras su detención en Brasil.
Para la funcionaria del MPF, la droga secuestrada en Ramallo había ingresado vía aérea a nuestro país, lo cual surge de la modalidad que tenía Granier Ruiz, quien obtenía hasta 300 mil dólares por una carga de 380 a 400 kilos.
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En cuanto al rol de Pelozo y Quintana, la acusación sostuvo que eran los “encargados de la logística, el acopio y la entrega del producto a los distintos compradores e intermediarios, como el caso de Castillo, rol que cumplieron con respecto a la droga secuestrada en Ramallo”.
En este caso, según explicó la fiscal ad hoc, luego de arribar al país procedente de Bolivia, la droga fue resguardada en una finca en la localidad de Ybarlucea, hasta donde Quintana guió a Castillo, quien fue la transportista de la carga, mientras que López y su hija oficiaban de punteros.
En más detalles, reveló que Reina Titi Castillo había viajado desde Buenos Aires. Llegó hasta una estación de servicio cercana a la finca de Ybarlucea, donde esperó hasta que apareció una camioneta Toyota Hilux, perteneciente a Quintana, que la condujo hasta el galpón de la zona rural donde cargó la cocaína. El estupefaciente tenía una pureza de un 93 por ciento, con una capacidad productiva de 2 millones de dosis.
Todo esto fue descripto en el debate por personal de la Gendarmería Nacional, quienes siguieron los pasos de la Reina Titi Castillo y sus cómplices desde Buenos Aires hasta Santa Fe, y luego los interceptaron con la droga en Ramallo.
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Entre otras pruebas, la Fiscalía mencionó varios mensajes, escuchas telefónicas y peritajes que abonaron la hipótesis incriminatoria sobre ambos acusados. En efecto, a Quintana se le secuestró la Toyota con la que había ayudado a Castillo a llegar a la finca donde debía cargar el estupefaciente.
Como prueba también fueron aportados en el juicio el impacto de los teléfonos de los acusados en las antenas de la zona, en el caso de Quintana los pesquisas constataron que éste se hallaba en la finca. El acusado, al declarar en el debate, trató de justificar su presencia en el lugar en un supuesto taller mecánico del cual no se hallaron rastros.
Respecto a Pelozo, la Fiscalía sostuvo que “aportó, cuanto menos, el predio de la localidad de Ybarlucea donde se hizo la entrega de la droga. Este predio estaba relacionado con él a partir de su suegro, que era el administrador de esa finca”. Asimismo, expuso pruebas que lo relacionaron directamente con Granier Ruiz, como también sucede con Castillo.
“Ambos integraron esta organización criminal con ánimo de lucro y con el motivo principal de enriquecerse. Y no por la necesidad de resolver cuestiones básicas de subsistencia de ellos y su familia”, concluyeron los fiscales en sus alegatos.
En función de estos argumentos, el fiscal Amad pidió una condena de 12 años de prisión. Sin embargo, el tribunal, de manera unánime, estimó adecuada las penas impuestas por considerar la responsabilidad de Pelozo mayor a la de Quintana.
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