Paola Cándido
“Estamos muy lastimados, muy mal, con depresión, desilusionados. Creíamos que el fallo nos iba traer paz. A pesar de que tuvimos miedo de que el hilo se corte por lo más delgado, pensábamos que iba a ser diferente. Demasiados cómodos y tranquilos estaban los cinco imputados de Litoral Gas. Los familiares de las víctimas parecíamos los imputados por los nervios que teníamos. Quieren tapar con un dedo a Salta 2141 y no lo van a hacer”, dijo este sábado Marcela Nissoria, viuda de Hugo Montefusco, una de las 22 víctimas fatales de la explosión del edificio en agosto de 2013. A pesar del intenso frío un grupo de familiares y amigos de las víctimas se reunieron en el lugar en lo que llamaron una “marcha de silencio”. Expresaron su descontento por el fallo de la Justicia santafesina donde condenaron esta semana al gasista Carlos García y absolvieron a 10 imputados, entre ellos miembros de la empresa Litoral Gas y del consorcio del edificio.
En silencio
Antes de las 19 de este sábado iban llegando los familiares de las víctimas, amigos y sobrevivientes a calle Salta y bulevar Oroño. Después de las 19 y en silencio, cambiaron las flores viejas por nuevas en las 22 cruces de madera que están colocadas en la pared del memorial. Aurelio Fornarese, papá de Maximiliano, una de las 22 víctimas de la tragedia, expresó que el fallo de la justicia santafesina lo volvió a matar. “Yo creía en la Justicia, pero en este país no existe. El pueblo se tiene que levantar y reclamar”, lamentó. “Sentimos angustia y dolor. Desde el martes que dieron la sentencia todo sigue igual. Parece que no pasó nada. Litoral Gas no tiene culpa. Le dieron cuatro años al gasista por la muerte de 22 personas. Estamos desamparados. No descansamos nunca. Todos los días es 6 de agosto”, dijo otro familiar de las víctimas de calle Salta.
Después el diputado provincial Carlos Del Frade tomó un megáfono y dijo: “Hay que felicitar a las y los familiares porque si se llegó a esto –que la sociedad vea la corrupción y cobardía de la Justicia, es por su valentía. Han hecho un trabajo extraordinario. El enorme dolor y amor por sus víctimas se ha multiplicado en un síntoma de esperanza porque estamos frente a un sistema judicial donde pasan de largo los peces grandes y quedan atrapados los peces chicos”.
“Es alevosa la lógica del fallo. Le dan 4 años por las 22 muertes o sea que cada muerte vale meses. Tiene que ser cuestionada desde la política. El fallo demuestra que hay otros responsables sino le hubieran dado perpetua. Había más, pero no se animaron porque detrás está la empresa Litoral Gas que factura 3.500 millones de pesos por año. El Poder Judicial trabaja para construir la impunidad de los delincuentes de guante blanco”, agregó el legislador de Santa Fe.
Las espaldas
Eleonora, la hermana de Carlos López, una de las víctimas fatales de la explosión explicó a <El Ciudadano<: “Creíamos que no iba a ser tan burdo. Repudiamos la impunidad. Esto no es solo un fallo judicial. Los jueces dijeron que Litoral Gas siga trabajando cómo lo hizo y llevó a la tragedia. La Justicia sigue dando la espalda. El Enargas, que es el Estado, y Litoral Gas son cómplice”.
“Los responsables máximos son el gerente de Litoral Gas y quien estaba al frente de Enargas, Antonio Pronsato. Es un cachetazo y una humillación. Pasaron seis años, viajamos al Auditoría General de la Nación y trabajamos solo para un juicio justo. No salgo de mi asombro”, agregó Eleonora.
“El juicio oral y público nos confirmó lo que temíamos de la falta de control. Siento que no es Justicia. No es justo que pague solo García. No me cierra. Iría yo y le abriría la puerta. Es inconcebible. Estamos esperando que den los argumentos para después apelar”, concluyó sin antes deslizar que la posibilidad de pedir el jury a los jueces está sobre la mesa.
La raíz del repudio
El juicio por la tragedia de Salta 2141 culminó este martes con la absolución de diez de los once imputados. Los jueces dejaron sin responsabilidad a los inspectores de Litoral Gas Gerardo Oller, Luis Curaba, y al jefe de mantenimiento de redes de la empresa Claudio Tonucci; y la gerenta técnica, Viviana Leegstra, por falta de pruebas. También a los representantes de la administración Norma Bauer, Mariela Calvillo y Carlos Repupilli. En tanto, el primer gasista en revisar las instalaciones, José Luis Allala, y el ayudante del gasista García, Pablo Miño, también quedaron absuetos. El único responsable penalmente fue el gasista que trabajó la mañana de la tragedia, Carlos García, a quien los jueces condenaron a 4 años de prisión por mayoría. García no quedó preso, ya que su arresto solo se hará efectivo si un tribunal de alzada ratifica la sentencia, ya que la fiscal del caso, Graciela Argüelles había confirmado este miércoles que apelará.
Argumentos
Tal como publicó El Ciudadano, antes de dar a conocer la sentencia, los jueces explicaron una serie de consideraciones sobre “la mayor catástrofe en la historia de nuestra ciudad que enlutó a toda la comunidad”. Aclararon que fundaron las decisiones “con argumentos de naturaleza jurídica, y no de interés social” y hablaron de “despojarse de sus propios prejuicios, comentarios de terceros y de afirmaciones de alto impacto mediático que no se corresponden con la producción probatoria”. También señalaron que no tenían jurisdicción para pronunciarse sobre personas jurídicas, como Litoral Gas o Enargas.
Sobre la “cadena de responsabilidades” apuntadas por la Fiscalía y la querella, el tribunal señaló que faltaron algunos “eslabones” y mencionó “cierta contradicción” en las teorías del caso. Ejemplificó que las acusaciones a los integrantes de la Administración del Consorcio por actuar junto con el gasista García en clandestinidad se contradecían con la acusación al personal de Litoral Gas por desconocer los trabajos que iban a realizar.
Hablaron de una “errónea interpretación con relación a los testimonios, especialmente los de los peritos, expertos en la materia (gasistas), y normativas de procedimientos vigentes”, para concluir que las pruebas no fueron suficientes para justificar que las conductas de los imputados constituyeron un delito.
La apelación
La fiscal Argüelles defendió la carga probatoria presentada durante el debate oral y público y consideró que los jueces que intervinieron no pudieron valorarla correctamente. También adelantó que no se producirán nuevas pruebas y que confiará en la capacidad de evaluación de los magistrados. “Durante las largas jornadas del juicio se produjeron pruebas que indicaron conductas anteriores a la llegada de García. Lo dijimos en los alegatos: ese 6 de agosto culminó una serie de acciones y omisiones. Entendemos que el fallo debe ser revisado, que se deben volver a evaluar las pruebas y modificar la resolución”, señaló Arguelles.
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