Luciana Mangó
Una explosión, 22 víctimas, 6 años de espera y un solo responsable. La Justicia absolvió este martes a 10 de los 11 imputados por estrago culposo por la tragedia de calle Salta 2141. El único condenado fue el gasista que trabajó ese día, Carlos García, quien en un fallo dividido, deberá cumplir 4 años de prisión. Los inspectores de Litoral Gas y los empleados del consorcio fueron absueltos por falta de pruebas. Para los familiares que esperaron afuera y vieron la sentencia desde una pantalla “el hilo se cortó por lo más fino”. Entre llantos y gritos manifestaron la indignación que sintieron al escuchar el fallo. Esperaban una condena ejemplar, similar a la de Once, que recayera sobre los directivos de la empresa de gas. Durante los casi 30 días que duró el juicio la Fiscalía y la querella, representada por la familia de Débora Gianángelo, argumentaron una “cadena de responsabilidades” donde una serie de acciones y omisiones crearon una situación de peligro que comenzó el 26 de julio y terminó el 6 de agosto de 2013. “Nadie nos va a devolver a nuestros hijos, pero queríamos que sirviera para modificar las actuaciones de Litoral Gas”, repitieron los familiares y apuntaron contra la decisión del tribunal. Hubo descompensaciones y fuertes cruces entre los familiares. El clima era de angustia y decepción. En medio del dolor, un grupo de familiares abrazó a la fiscal y le agradeció por su trabajo. Desde la Fiscalía y la querella adelantaron que apelarán la decisión.
Minutos después de las 14 los jueces Marcela Canavesio, Juan Carlos Leiva y Rodolfo Zvala ingresaron a la sala del segundo piso del Centro de Justicia Penal. Una hora antes, un grupo de familiares de víctimas, acompañados por Alberto Perassi, esperaba afuera conocer el veredicto que seguirían desde una pantalla.
Antes de dar a conocer la sentencia, los jueces explicaron una serie de consideraciones sobre “la mayor catástrofe en la historia de nuestra ciudad que enlutó a toda la comunidad”. Aclararon que fundaron las decisiones “con argumentos de naturaleza jurídica, y no de interés social” y hablaron de “despojarse de sus propios prejuicios, comentarios de terceros y de afirmaciones de alto impacto mediático que no se corresponden con la producción probatoria”. También señalaron que no tenían jurisdicción para pronunciarse sobre personas jurídicas, como Litoral Gas o Enargas.
Fue un preludio que anticipaba que la condena iba a saber a poco. Sobre la “cadena de responsabilidades” apuntadas por la Fiscalía y la querella, el tribunal señaló que faltaron algunos “eslabones” y mencionó “cierta contradicción” en las teorías del caso. Ejemplificó que las acusaciones a los integrantes de la Administración del Consorcio por actuar junto con el gasista García en clandestinidad se contradecían con la acusación al personal de Litoral Gas por desconocer los trabajos que iban a realizar.
Hablaron de una “errónea interpretación con relación a los testimonios, especialmente los de los peritos, expertos en la materia (gasistas), y normativas de procedimientos vigentes”, para concluir que las pruebas no fueron suficientes para justificar que las conductas de los imputados constituyeron un delito.
Bajo estos argumentos, los jueces absolvieron a los inspectores de Litoral Gas Gerardo Oller, Luis Curaba, y al jefe de mantenimiento de redes de la empresa Claudio Tonucci; y la gerenta técnica, Viviana Leegstra, por falta de pruebas. También a los representantes de la administración Norma Bauer, Mariela Calvillo y Carlos Repupilli. En tanto, el primer gasista en revisar las instalaciones, José Luis Allala, y el ayudante del gasista García, Pablo Miño, también quedaron en libertad.
El único responsable penalmente fue el gasista que trabajó la mañana de la tragedia, Carlos García, a quien los jueces condenaron a 4 años de prisión por mayoría. Ya que uno de ellos, Carlos Leiva, había solicitado una pena de 3 años en suspenso y reglas de conducta por otros 4 años.
Contundentes
Para la fiscal Graciela Argüelles las pruebas de los 36 cuerpos del expediente fueron contundentes y mostraron la responsabilidad de los inspectores de Litoral Gas y de los empleados del consorcio.
“Tenemos que analizar los fundamentos. Entendimos que hubo una prueba contundente con la que avalamos la responsabilidad penal de los operarios y jefes de Litoral Gas y de los empleados del consorcio. Nos basamos en testimonios de vecinos, expertos, y dos pericias que fueron coincidentes junto con una serie de indicadores que pusieron de manifiesto una conducta arbitraria de todas las personas”, dijo Graciela Argüelles, quien había pedido condenas de cinco años de prisión para nueve de los imputados.
“Las pericias explicaban las causas del escape de gas, el incendio y la posterior explosión. Eso sí fue provocado por el gasista. Pero también los expertos hablaron del mal estado de la válvula de servicio, que es responsabilidad de la distribuidora, así como el mantenimiento y la rehabilitación que dos inspectores hicieron el 26 de julio y que fue antirreglamentaria”, agregó y remarcó que apelará la decisión en todas las instancias.
Desde la querella, el abogado de la familia de Débora Gianángelo (una de las fallecidas) también manifestó su disconformidad.
“El gasista tenía que ser condenado pero fue la solución fácil. El resto también son responsables. Había que ir por ellos, si no es lo mismo que nada”, dijo Ángelo Rossini, quien había pedido 5 años de prisión para los 11 imputados.
Culpable
El día que declaró pidió perdón. Sabía que era responsable por tocar el regulador de gas el día de la explosión. García dijo que vio todo y que no se escapó. Y que desde el 6 de agosto de 2013 va a rezar al memorial de calle Salta.
Este martes fue el único condenado. Según su abogado, estaba tranquilo. “Siempre fue muy respetuoso con las víctimas. Lo vimos llorando y orando frente al santuario de calle Salta”, contó Hugo Bufarini, y adelantó que el gasista está preparado para esta condena.
“Quedó un sabor amargo porque la Justicia se focalizó sólo en nuestro defendido. Tenemos una postura optimista y esperanzadora porque uno de los jueces tuvo una postura menos gravosa. Además la pena no fue la máxima como había pedido la Fiscalía. Creemos que la decisión puede variar en otras instancias”, señaló el letrado.
El inicio de todo
En su reconstrucción, la fiscal Argüelles dijo que todo comenzó antes de la tragedia, el 24 de julio de 2013, con un llamado de una vecina a Litoral Gas porque se le apagaba el calefón y no tenía presión. Al día siguiente llegó el reclamista de la empresa, Gerardo Bolanio, que interrumpió el servicio con la ayuda de su compañero Guillermo Oller. También constató pérdidas en la válvula de gas.
La administradora del consorcio Mariela Calvillo contrató al gasista José Luis Allala. Él, siempre según dijo la fiscal Argüelles, “cambió dos niple y un codo” el día 26 de julio y luego llamó a Litoral Gas para que reconectaran el servicio. Sin embargo, agregó Arguelles, Allala no se quedó a informar los cambios en la conexión a los inspectores.
Justamente, más tarde llegaron los inspectores Guillermo Oller y Luis Curaba. Constataron que no había más pérdidas, colocaron una llave externa y haciendo fuerza reconectaron el gas. Desde la querella agregaron que los inspectores tenían el acta de Bolanio –que decía que sólo había un cepo– y aún así reconectaron.
En la mirada de Argüelles ambos inspectores actuaron “antirreglamentariamente” porque no hicieron una inspección integral ni llamaron al gasista.
Para la fiscal, fue el punto de partida de una serie de acciones y omisiones que crearon una situación de peligro con el resultado conocido.
Fuerte discusión tras la sentencia
A la tristeza y desconcierto que causó el fallo judicial le siguió un pelea entre los familiares de la joven Débora Gianángelo, únicos querellantes de la causa por la explosión en Salta 2141, y otro de los allegados que también había presenciado la audiencia en el Centro de Justicia Penal (CJP).
Hernán Gianángelo, uno de los hermanos de la joven estudiante, discutió con uno de los familiares de las víctimas que habían seguido las alternativas de la lectura del fallo en la pantalla gigante, ubicada en la puerta del tribunal. Al parecer, uno acusó a otro de “vender la sangre” de las víctimas, lo cual generó una inmediata y desencajada respuesta. Automáticamente, el caos se apoderó de la escena. Gritos, corridas, empujones y llantos en medio de los efectivos policiales, quienes tuvieron que extremarse para sostener a Gianángelo, indignado y totalmente enfurecido con quien se topaba en su camino, propio de la situación que vivía la familia, la que no encontraba consuelo tras la decisión del tribunal.
Los llantos, el desconsuelo, la impotencia componían un cuadro desconcertante en una tarde en la que los propios familiares habían llegado con la esperanza de que se hiciera justicia y terminaron presos de una profunda angustia.
Duras críticas al fallo
Tras la absolución de diez de los once imputados por la tragedia de calle Salta, familiares de las víctimas manifestaron toda su indignación. Marcela Nissoria siguió el veredicto desde afuera y fue una de las que apuntó contra la Justicia.
“Nos volvieron a matar a los 22, nos quitaron las esperanzas, esto nos dejó un sabor amargo. Creíamos que la Justicia nos iba a traer paz. Pero nos trajo dolor”, manifestó la ex pareja de Hugo Montefusco.
En medio de la congoja, explicó que durante estos 6 años buscaron que se modifique el servicio de gas. Pero ni siquiera lograron cumplir con ese cometido.
“Temo que lo ocurrido en calle Salta vuelva a suceder. Creíamos que el fallo iba a cambiar la forma de operar de la empresa y tener un servicio seguro”, deslizó luego.
Por otra parte, Nissoria contó que algunos familiares no pudieron asistir al juicio por problemas de salud o angustia, aunque nunca dejaron de seguir la causa.
“Me bajé de la querella, pero jamás dejamos la lucha. Nos manifestamos, nos reunimos con la fiscal y logramos la expropiación”, relató.
Maximiliano Fornarese fue otra de las víctimas de la explosión. Luego de escuchar el veredicto, su padre manifestó: “Es una vergüenza el fallo. Quisiera ver si la jueza está comprada. Parece que no se pueden tocar a Litoral Gas. Mi hijo falleció. Pero espero que lo sucedido sirva para el resto de la ciudad y no vuelva a pasar. Porque Litoral Gas no hizo nada. Sentimos que no hay justicia, que todo es corrupto”.
En tanto, Anahí Salvatore, quien el día de la tragedia pudo salvar su vida gracias a la ayuda de los bomberos, que la rescataron desde el balcón de su departamento mientras pedía auxilio, también le pegó duro a Litoral Gas.
“Hay una empresa que actuó de forma negligente y no tiene ninguna condena. Después de 6 años pensamos que íbamos a tener alguien que se hiciera responsable. Pero no fue así. Los jueces son vergonzosos. No tenemos protección como ciudadanos. Hubo intereses económicos que manejaron la situación. Los ciudadanos tendríamos que estar todos en la calle. Una ciudad que se puso de pie en aquel momento hoy no puede estar ajena a este juicio. Hay distintas responsabilidades. Pero si hay una clara es la de Litoral Gas; no controlaron nada”, señaló.
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