A cinco años de la explosión que dejó como saldo 22 personas muertas y más de 50 heridas, la causa para determinar los responsables en la tragedia de Salta 2141 aún no llegó a juicio. Por el caso, fueron imputadas once personas por estrago culposo agravado: el gasista Carlos García y su ayudante, Pablo Miño, quienes manipulaban el medidor de gas cuando explotó; José Allala, otro gasista que trabajó en el edificio los días previos, y los tres responsables de la administración del consorcio, Mariela Calvillo, Norma Bauer de Calvillo y Carlos Repupilli. También cinco empleados de Litoral Gas: el jefe de la sección, Claudio Tonucci, la gerenta técnica de la empresa, Viviana Leegstra, y los inspectores Gerardo Bolaños, Guillermo Oller y Luis Curaba.
Los únicos querellantes son los familiares de Débora Gianángelo, una de las 22 víctimas. El resto de los familiares llegaron a un acuerdo ante la posibilidad de ser demandados por alguno de los imputados.
En tanto, aún no se conocieron los resultados de la pericia para determinar las causas del siniestro que realizaron peritos de la Policía Judicial de Córdoba. Estudiaron la cañería, el regulador y el gabinete que explotó la mañana del 6 de agosto de 2013. Cuando estén todas las pruebas, restará sortear a los jueces que integrarán el tribunal del juicio oral y público que aún espera fecha.
En tanto, este lunes los familiares harán un homenaje a las víctimas en la puerta del predio donde se alzaban las torres y se construirá un centro cultural con un espacio para la memoria. Como todos los años, a las 9.38 sonará la sirena de los bomberos que recordará la explosión y luego las familias darán un discurso.
A las 12, en el aula 15 de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario la familia de Débora Gianángelo participará de un panel junto a autoridades de la casa de estudios y otros familiares para hablar sobre el derecho de los familiares de personas que murieron en tragedias colectivas.
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