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Esta norma, publicada hoy en el Boletín Oficial, había sido aprobada en el Congreso el pasado 9 de junio con una curiosidad; la iniciativa fue impulsada en principio por el kirchnerista Héctor Recalde y en 2008 había logrado la media sanción en Diputados gracias al apoyo casi unánime de la Cámara baja. Pero en el Senado el proyecto fue resistido por el oficialismo que votó en contra, luego de que el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, se opuso férreamente.
Se esperaba que la ley, que golpea a las empresas y las pone en desventaja ante los reclamos salariales de los trabajadores, fuera vetada por la presidente Cristina de Kirchner, algo que finalmente no sucedió.
Textualmente, el artículo derogado decía que el salario mínimo vital y móvil no podrá ser tomado como índice o base para la determinación cuantitativa de ningún otro instituto legal o convencional. Esa cláusula, que está dentro de la ley 24.013, fue sancionada en la década del 90 durante la presidencia de Carlos Menem.
Los empresarios ya están en alerta. Es que esta ley obligaría, entre otras cosas, a elevar los mínimos de convenio de algunos sectores que hoy los tienen por debajo del mínimo vital y móvil; algo que podría llevar a los sindicatos a pedir la reapertura de las paritarias.
Así, el primer efecto que tendrá la ley es modificar algunos sueldos mínimos de convenio que hoy están por debajo del SMVM. Es el primer problema para algunas empresas que cumplen con los convenios colectivos, pero ahora quedarán por debajo de la ley y deberán subir salarios.
Además, como índice de referencia, le servirá a la CGT cuando negocia condiciones generales para los convenios, por lo que de ahora en más, cuando se reúna el Consejo del Salario, la central sindical tendrá más razones para presionar una suba. Esto implica que el cálculo incidirá en adicionales, indemnizaciones y complementos.
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