Juan Pablo Sarkissian
Todavía resuenan las palabras que la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, disparó en relación a la implantación de un salario básico universal (SBU), tras asumir en Economía, Silvina Batakis: “Por ahora no dan las cuentas. Es un tema a debatir, pero no está resuelto en países más desarrollados”.
El tema había sido introducido en la agenda oficial por, cuando no, Cristina Fernández Kirchner en un acto público en Ensenada, provincia de Buenos Aires.
En realidad, Cristina puso sobre el tapete una iniciativa que desde hace un buen tiempo recorre al interior de las distintas organizaciones sociales y también de las centrales sindicales.
Aquel debate que parece lejano y sobre todo de superestructura es hoy uno de los ejes principales de debate, en especial dentro de las distintas fuerzas que componen el Frente de Todos.
¿Qué es el SBU?
Se trata de una prestación monetaria no contributiva que equivaldría al monto de una Canasta Básica Alimentaria para un adulto, que en junio fue de alrededor de 15 mil pesos. La idea es reforzar los ingresos de aquellas personas que ya poseen un trabajo, pero que al mismo tiempo pierden poder adquisitivo ante el avance inflacionario.
En la propuesta, el público objetivo son aquellos tengan entre 18 y 64 años y estén desocupados, sean monotributistas categoría A, trabajadoras de casas particulares, trabajadores agrarios, asalariados informales y asalariados formales pero pobres, es decir con un ingreso equivalente a monotributistas de categoría A. En caso de prosperar el proyecto, uno de los requisitos para percibirlo es no cobrar prestación por desempleo, Potenciar Trabajo ni Tarjeta Alimentar.
En este sentido, Itaí Hagman, autor del proyecto presentado en diputados estimó que la población alcanzada sería de 7,5 millones de personas, una cifra similar a la cantidad de beneficiarios de refuerzo de ingresos anunciado en abril. “El SBU cubriría al 27 por ciento de la población adulta de 18 a 64 años, con un elevado nivel de cobertura sobre la población inactiva, desocupada y asalariada no registrada”, remarcó Hagman.
“El costo fiscal bruto anual que demandaría el proyecto podría trepar al 1,8 por ciento del PIB, sin embargo, si se resta la inversión de otros programas que absorbería el SBU y también el retorno fiscal que se provocaría por el consumo -con carga impositiva- que generaría el uso del ingreso, la inversión final se reduciría más de la mitad, a 0,7 por ciento del PIB, es decir, algo más de 300 mil millones de pesos”, apunta el legislador.
Y agrega: “La Argentina hoy tiene dos grandes desequilibrios: macroenómicos y de ingresos. Tenemos que trabajar sobre los dos problemas. Si sólo atendemos lo primero, en el mejor de los casos vamos a lograr estabilizar, pero va a ser sobre la base de un ajuste. Si no es el salario universal y alguien tiene otra propuesta, bienvenida sea, pero yo hasta ahora no escuché ninguna pensada para recomponer los ingresos”.
Proyecto de ingreso complementario
Las encendidas arengas del referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos, Juan Grabois, tienen, en el proyecto de Hagman, la decisión de transitar en serio, y no para la tribuna, un debate vital, no sólo para el futuro próximo sino para el presente inmediato.
A tal punto es el impacto en el debate que el Frente de Todos presentará en el Senado un proyecto de ingreso universal para “erradicar la indigencia”
La propuesta es impulsada por la senadora Juliana Di Tullio y tiene varios puntos en común con la que impulsa Grabois y Hagman en Diputados, pero con alcance más limitado.
En efecto, desde el espacio que responde a Cristina se ajustan detalles de un proyecto de Ingreso Complementario que presentará a comienzos de agosto en el Senado, cuando se retome la actividad parlamentaria tras el receso invernal.
La propuesta, coordinada por Di Tullio, quien es presidenta del bloque Unidad Ciudadana de la Cámara Alta, tiene varios puntos en común con la iniciativa que impulsa el Frente Patria Grande pero con un alcance más limitado ya que apunta exclusivamente al universo de personas que están por debajo de la línea de indigencia.
Uno de ellos es mantener el monto de la prestación mensual propuesta por Hagman, equivalente a la canasta básica alimentaria de un adulto, pero abarcaría a un universo cercano a los 4.2 millones de beneficiarios, a definir por Anses y el Ministerio de Desarrollo Social a partir de cruces de datos socioeconómicos.
Consciente de los reparos que iba a concitar la medida por el “costo fiscal”, Hagman ya se había adelantado proponiendo avanzar “por etapas”, empezando justamente por otorgar la asignación a las personas en situación de indigencia.
En tanto, Di Tullio tiene en carpeta algunas alternativas para financiar el costo fiscal, y gestionaría una reunión con el ministro de Economía para comentarle sus propuestas.
En la mayoría de las organizaciones sociales y también en el kirchnerismo hace ruido la idea de un “salario”, porque interpretan que de ninguna manera una asignación equivalente a la canasta básica de un adulto, puede considerarse sustituto de una remuneración salarial.
Es, en todo caso, un complemento de otros ingresos que necesariamente los beneficiarios deben conseguir para satisfacer sus necesidades básicas.
Por eso el concepto de un “ingreso complementario” se ajusta más a la concepción del kirchnerismo sobre el mundo del trabajo.
El proyecto de Hagman, presentado en mayo pasado, se discutió en tres comisiones y lleva las firmas de quince diputados de extracción sindical y de diferentes organizaciones sociales; también el apoyo de Darío Martínez, Daniel Arroyo y Máximo Kirchner, entre otros.
A favor y en contra del proyecto
Entre los gobernadores peronistas hay opiniones a favor y en contra, como hay realidades territoriales muy diferentes. Los que están a favor, exhiben como modelo la Asignación Universal por Hijo (AUH) como un ejemplo virtuoso.
En tanto, desde la vereda sindical el más entusiasta con la idea es el titular de la CTA de los trabajadores y diputado nacional, Hugo Yasky.
“Estamos aguardando respuestas para los trabajadores y para los sectores más postergados. Vamos a reclamar de distintas maneras, poniendo en primer lugar la defensa a ultranza de la democracia y la mira sobre los grandes formadores de precio, que en este momento están queriendo desestabilizar para condicionar al gobierno”, dijo Yasky.
“Pero también vamos a pelear por un salario básico universal, por el impuesto a la renta extraordinaria y para que la deuda la paguen los que la fugaron”.
Y agregó: “Hay un leve descenso de la tasa de desocupación, pero a la vez un descenso brutal del poder adquisitivo, y esto golpea a los sectores populares. Este debe ser uno de los ejes del debate: cómo mejorar la participación de los trabajadores en la distribución de la riqueza, las iniciativas para desacoplar los precios internos del valor en dólares de los alimentos y la disputa por iniciativas como puede ser la ley para que paguen la deuda los que la fugaron y cómo el movimiento obrero recupera más presencia”.
“La creación del Salario Básico Universal o como se llame es un instrumento vital para empezar a resolver ya la compleja situación actual y ese debate debe ser militado e instalado en el Congreso, para demostrar que no está solo para discutir leyes que beneficien a sectores poderosos”.
En sintonía, Pablo Moyano, uno de los conductores de la Confederación General del Trabajo (CGT), también se pronunció a favor del salario básico universal y cuestionó al gobierno nacional por “no atacar a los poderosos” y “no dar respuestas” a los legítimos reclamos.
Sin embargo, el debate expone las diferencias existentes dentro de la CGT. En efecto, uno de los triunviros, Héctor Daer, señalo: “No hay que hablar de salario básico universal. No podemos resignar el objetivo de tener un país con pleno empleo”.
De distintos sectores políticos, sindicales y sociales no tardaron en responder: “Nadie se resigna, ¿pero mientras tanto qué?”.
Como respuesta a la negativa de salario básico universal tanto Grabois como Esteban “Gringo” Castro, dirigente del Movimiento Evita y a su vez el secretario general de la Unión Trabajadores de la Economía Popular (Utep) recuerdan, cada vez que tienen oportunidad, que el Papa Francisco, en 2019, en medio de la pandemia mundial por el nuevo Coronavirus, impulsó el Ingreso Básico Universal (IBU).
Y dos años después, en octubre de 2021, en el Encuentro Mundial de Movimientos Populares en el Vaticano, volvió a insistir en el reclamo: “Que a ningún ser humano le falte lo mínimo indispensable para el consumo de sus necesidades básicas”.
La disputa verbal no escaló más. Quizás para amalgamar posiciones de cara al acto del próximo 17 de agosto convocado por la CGT. Aunque, también allí, desde la convocatoria misma, se observan las distintas miradas.
En un contexto por demás complejo, el 17 de agosto se ve lejano, tal vez por eso las organizaciones sociales y las CTA; como sucedió el pasado 26 de julio en ocasión del 70 aniversario del fallecimiento de Evita; decidieron “recuperar la calle” en defensa propia.
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