La llamada “caja de los comisarios” quedó a cargo de la administración del ministro de Seguridad Marcelo Sain. Ahora el funcionario provincial tendrá bajo su administración y control los fondos necesarios para el normal funcionamiento de las reparticiones policiales.
Si bien la decisión del decreto que lleva la firma del gobernador Omar Perotti y del titular de dicha cartera no fue publicada todavía en la página web del Boletín Oficial, quienes accedan a la versión papel podrán analizar los alcances de la medida.
Según el decreto, a partir de ahora los denominados “fondos especiales” se autoriza a otra cartera del Poder Ejecutivo, más específicamente al Ministerio de Gobierno, a disponerlos.
El gobierno provincial dispuso también un tope mensual a los jefes policiales para disponer de los gastos reservados para la Policía, más conocidos como gastos de funcionamientos. En este caso, se trata de una concentración de esos recursos en el Ministerio de Seguridad por sobre la Dirección de Administración de esa fuerza.
Enterados de la nueva disposición del gobierno de Omar Perotti, fechada el pasado 24 de enero, distintos legisladores comenzaron a evaluar las diferencias entre los nuevos ítems que contiene el decreto en relación a la ley orgánica de la Policía, que estaba vigente desde 1975.
Los legisladores no objetaron la decisión política del gobernador de englobar las facultades económicas en el Ministerio de Seguridad respecto de los gastos de la Policía. Sin embargo, para ellos las modificaciones tendrían que haber pasado por la Legislatura mediante la aprobación de las leyes que correspondan.
El primer artículo del decreto establece que cambia la administración y manejo de ciertos fondos especiales a cargo del ministro Sain.
Con respecto a la nueva asignación de recursos para la jerarquía policial se establece que los gastos reservados de la fuerza serán establecidos por el Ministerio de Seguridad, que podrá autorizar hasta un tope máximo de 120.000 pesos mensuales para cada jefe de las reparticiones policiales destinadas a gastos de funcionamiento y racionamiento.
Además se establece en 50.000 pesos las demás erogaciones por funcionamiento mediante el comprobante correspondiente, los que podrán ser hasta un 50% más, en todos los casos debidamente justificados.
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