La Argentina está viviendo el diciembre más complejo desde el de 2001. No valen comparaciones con aquellos acontecimientos, pero la agitación social de estas últimas semanas, detonada en la ciudad de Córdoba por un paro policial y extendida a buena parte del país, puso las cosas en un lugar diferente al de las escaramuzas de otros fines de año.
Así como en Córdoba los saqueos fueron escandalosamente funcionales al reclamo policial, el clima que se vivió en Santa Fe entre el viernes y todo el sábado hasta la hora que se escribe este panorama insinúa orígenes muy parecidos.
Turbios y facinerosos
Un grupo facineroso, representante de vaya a saber qué intereses escondidos tras la fachada de un seudo sindicato policial Apropol, fue la punta de lanza de una agitación que metió miedo y se montó sobre un malestar que merodea a la fuerza, y que abarca desde los salarios hasta la jornada laboral, pasando en casos de los más jóvenes por la obligación de convertirse en eslabones de la cadena de corrupción por órdenes de sus jefes.
La protesta policial tuvo adhesión en pocos casos concreta y en la mayoría simbólica sin abandono de puestos de trabajo. Por eso el gobierno provincial, que el martes denunció en Tribunales a Apropol, el sábado abrió una mesa de diálogo con los jefes de cuerpo y unidades tras una noche de agitación dentro de las filas policiales y no más de 50 personas apostadas frente a Jefatura pretendiendo encender la chispa de un paro a la cordobesa. Apropol es desconfiable hasta para los mismos policías, pero quién no va a adherir a un reclamo de mejores condiciones salariales cuando los están haciendo policías desde Jujuy hasta la Patagonia.
Reconocer la realidad y actuar
De ese encuentro convocado en la mañana de ayer en la sede de Gobernación y que se extendió durante más de dos horas, salió la propuesta anunciada a media tarde, que además de dinero en el bolsillo para los uniformados abre una novedosa paritaria policial. Mientras, los camiones de Gendarmería llegaban a la ciudad y los aviones con prefectos aterrizaban en Fisherton. Por si las dudas.
El reclamo salarial y las condiciones de trabajo son apenas la visualización de la crisis de las fuerzas de seguridad de la democracia, devenidas en estructuras cuasi mafiosas, atravesadas por la corrupción, con bajo nivel de eficiencia y poco profesionalizadas.
El caso de Santa Fe es paradigmático: las nuevas generaciones de policías son del centro norte policial y muy escaso número del sur provincial, donde hay más alternativas laborales. Esto obliga a traslados y desarraigos que afectan las condiciones de trabajo.
Empujar cambios tiene sus riesgos. Para cualquier gobierno supone adentrarse en un camino desconocido. La dirigencia política por lo general prefiere no tocar nada si las papas no queman. En Santa Fe se inició un tibio recorrido de reformas, algunas de ellas elementales anunciadas hace tres años pero sin que todavía pudieran ponerse en práctica a pleno. Valga como ejemplo el control del consumo de combustible en vehículos policiales.
El próximo desafío, en febrero, debe superar sus resistencias también: ascensos por concurso en lugar de a dedo.
Delincuentes y algo más
Así como Apropol es el agitador pero no el representante del malestar que expresa el reclamo policial, los delincuentes por sí mismos pueden ser la explicación penal, pero no la explicación sociológica de los saqueos.
Son la punta de lanza de esos conmocionantes hechos pero opera una realidad más compleja por debajo, que lleva a gente que no está pensando todo el día en cómo delinquir a que se sume a un asalto a un supermercado.
La fractura social existente, urbes en las que 15 o 20 por ciento de sus habitantes viven en villas de emergencia, compuestas por sectores sociales que se desconfían, que se aíslan, se temen y casi no se reconocen como partes de una misma trama comunitaria, son datos ineludibles a la hora de encontrar respuestas.
El gobierno provincial llega a fin de año con un volumen de acuerdos políticos y un volumen de diálogo impensado hace dos años, cuando Bonfatti asumía la Gobernación con el desafío de gobernar en minoría.
Si bien algunos acuerdos de gobernabilidad salen caros (como el Senado provincial), la Casa Gris viene mostrando oficio y cintura política. No es sólo por la media sanción al Presupuesto 2014 en la Cámara alta y el buen pronóstico en Diputados. Un tanto huérfanos, los intendentes del PJ peregrinan a Santa Fe sin pausa tras las elecciones. Días atrás pasó por el despacho del gobernador un foro de intendentes (Venado Tuerto, Puerto San Martín, Roldán, entre otros) consecuencia de un renovado clima de diálogo entre provincia y el secretario de Transporte Alejandro Ramos, del cual dio testimonio la presencia en la reunión de la diputada provincial Érika Gonnet. También da cuenta de esa realidad la línea abierta con altos funcionarios de Santa Fe de la que dispone el intendente Pedro González cada vez que requiere ayuda para su complicada Villa Gobernador Gálvez; la presencia del intendente y los concejales de Firmat en la capital provincial, donde obtuvieron asistencia financiera para pagar sueldos; y el encuentro que el ministro de Gobierno Rubén Galassi mantuvo días atrás con el intendente electo de Romang y el senador José Baucero.
La Casa Gris percibe otro clima con los funcionarios nacionales. Además de lo de Ramos, en las últimas semanas hubo contacto fluido con el secretario de Seguridad Sergio Berni y se valoró positivamente el paso del ministro de Trabajo por Rosario como el encuentro con el jefe de Gabinete Jorge Capitanich. “Fue una charla muy alentadora. Si no fuera así hubiéramos sido más prudentes a la hora de la conferencia de prensa”, dijo un colaborador del gobernador. En la cabeza de los santafesinos quedó grabada una frase del chaqueño: “Estamos en un momento en que las provincias tienen un rol muy importante”.
Con el frente político contenido en esta etapa, los desafíos del gobierno provincial pasan porque la luz no se corte tanto, que diciembre se vaya sin desbordes sociales y resolver la paritaria de los empleados públicos sin conflictos.
