¿Quiénes venden las armas a los que disparan y matan a numerosos rosarinos? Este martes terminó detenido el dueño de un comercio de pesca y armería de la zona oeste, que ya había sido allanado en una causa sobre comercio ilegal de armamento y proyectiles en la que están involucrados policías.
El operativo reciente tuvo por blanco la armería Carmona, ubicada en avenida Presidente Perón al 4100. Fue solicitado por el fiscal de la Unidad de Balaceras Pablo Socca y ejecutado por personal de la División Judiciales de la Unidad Regional II, del departamento Rosario. Además de la Armería, resultó allanado un domicilio de bulevar Avellaneda al 3000.
Las pruebas recolectadas se refieren a la falsificación de la venta de municiones: figuraban usuarios registrados por la Anmac (Agencia Nacional de Materiales Controlados, ex Renar), que en realidad no habían hecho esas compras. Es la forma de enmascarar de legalidad un comercio ilícito, explicaron los voceros judiciales.
Fiscalía sospecha que el dueño de la armería utilizaba su base de datos de clientes, con sus correspondientes carné de legítimos usuarios, para blanquear las ventas en circuitos ilegales.
El fiscal pidió el secuestro de documentación relacionada a la portación, fabricación, comercialización y registro de armas de fuego y municiones ofrecidas en el comercio. Y ordenó la incautación del libro de registro de ventas al que obliga Anmac (el sistema no está digitalizado) más la documentación sobre la habilitación del comercio y el personal que trabaja en el mismo, detallaron desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA).
En paralelo, y ante la evidencia de la débil fiscalización de este tipo de operaciones que posibilita el mercado negro, Fiscalía dio aviso a la Anmac y a la Agencia Provincial de Prevención de delitos con arma de fuego.
También, solicitó a la Municipalidad de Rosario la documentación sobre la habilitación del local de armería y pesca, y datos sobre una gestoría relacionada al comercio Carmona, aportaron.
La investigación que encabeza el fiscal Socca contiene pruebas relevantes. Por ejemplo, uno de los supuestos clientes de Carmona estaba de vacaciones en la costa Atlántica la fecha en la que fue anotado como comprador en los registros de la armería. Otro estaba fuera de la ciudad el día en que quedó anotado en el comercio, dato corroborado por el seguimiento del GPS de su celular.
Circuitos negros que tiñen de rojo a Rosario
Los operativos de este martes fueron ordenados en una causa desprendida de otra, en mayo pasado, sobre una banda que comercializaba en negro armas poderosas y proyectiles, y que integraban una pareja de policías.
Uno de los datos clave fue la detención en barrio Saladillo de José Luis Andino, quien aprovisionaba de armamento a varios grupos delictivos.
Carmona había sido allanada en ese marco el 3 de mayo pasado, como parte de 13 procedimientos realizados en Rosario, Villa Gobernador Gálvez y la localidad entrerriana de San Feliciano. Hubo ocho detenidos, tres de ellos policías. También se secuestraron 3.500 municiones y 40 armas cortas y largas.
En esa investigación resaltó otra armería, Bordoni, de bulevar Seguí 1745 y propiedad de un comisario mayor retirado de la policía santafesina. En septiembre de 2020, un comprador adquirió en ese comercio 21 mil balas en un solo día.
Y seis mil en otra jornada, dos meses después. El mismo supuesto cliente –usuario registrado– figuraba en el registro del comercio con un total de adquisiciones de proyectiles por un monto de dos millones de pesos. En su mayoría, se trataba de balas calibres 9, 38 y 45 milímetros.
No es casual: las armas que utilizan esas municiones son las que aparecen con mayor frecuencia en las crónicas de balaceras a inmuebles o personas, y en los asesinatos cometidos en el Departamento Rosario.
En esa causa, José Andino, quien se presentaba como sodero, fue condenado a 4 años de prisión el 11 de agosto al cabo de un juicio abreviado. Y se le ordenó pagar 100 mil pesos en concepto de reparación económica. Ese mismo día, su pareja Rosana Zalazar aceptó una probatión y se comprometió a pagar la misma cantidad de dinero que su pareja.
Otra de las condenadas fue la uniformada de Comando Radioeléctrico Mariana Guzmán, de 38 años, quien fue penada a tres años de prisión condicional en un juicio abreviado.
En la causa continúa en proceso su ex pareja y también policía de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), identificado como Sergio González y su hermano César.
La pareja de éste último, identificada como Cintia Sanzana recibió una probation de dos años y tendrá que pagar una reparación económica de 100 mil pesos.
Andino, según la causa del fiscal Socca, formaba parte de la asociación ilícita mixta –policías– que acopiaba y vendía armas y municiones fuera de la ley en su domicilio de Bermúdez al 6600.
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