La Cazadora
Hace unas semanas, Rusia aprobó una ley que prohíbe el cambio de género tanto en el quirófano como en los documentos de identidad. Se trata de una más dentro las arremetidas del Estado ruso contra la comunidad LGTBIQ+, iniciada en 2013, pero que desde la pandemia a esta parte ha ganado fuerza y consenso político. Pese a que desde distintos organismos internacionales de defensa de los Derechos Humanos se han cuestionado duramente estas acciones de tinte ultraconservador y homofóbico, desde el gobierno ruso las defienden a ultranza y las posicionan en contra lo que llaman “valores occidentales”.
La situación en Rusia para la comunidad LGTIBQ+ es cada vez más compleja y una muestra de cómo un Estado puede retroceder en materia de derechos humanos y perseguir a una parte de su población por decisión política, sin tener graves consecuencias internacionales más que posicionamientos discursivos de algunos organismos.
En Rusia, la homosexualidad estuvo prohibida hasta 1917, cuando la Revolución Bolchevique abolió las leyes zaristas, legalizando el divorcio sin causa, el aborto y la homosexualidad. Unos años más tarde, en 1933, Stalin volvió a prohibir la homosexualidad y la convirtió en un delito al incorporarla en el Código Penal. Se estima que hasta 1993 unas mil personas por año fueron condenadas por este delito.
Sesenta años después, en 1993 las leyes volvieron a ser modificadas para legalizar la homosexualidad. Fue durante el gobierno de Boris Yeltsin. Pese a esto, en los años siguientes las arremetidas políticas, religiosas y sociales contra la comunidad LGBT continuaron y tuvieron un nuevo mojón institucional en 2013, cuando Putin volvió a criminalizarla.
Ese año, la Duma –parlamento ruso- sancionó una ley contra la propaganda homosexual dirigida a menores de edad. La normativa, promulgada por el presidente Vladimir Putin (que asumió en 2012) y aún vigente, prohíbe informar a niños y a niñas sobre la comunidad LGBTIQ+. A esa información la llamaron “propaganda de relaciones sexuales no tradicionales” y establece fuertes multas para los infractores. Por relaciones sexuales tradicionales, entienden sólo a aquellas que se mantienen entre un hombre y una mujer. En la práctica, esa ley supone que la comunidad no puede organizar actos ni protestas en público, tampoco utilizar los medios de comunicación y ni siquiera darse un beso en público.
En 2020, en plena pandemia, Putin lanzó una reforma constitucional que volvió a cercenar los derechos de la comunidad LGBTIQ+ rusa. La enmienda constitucional fue aprobada en un referéndum del 1 de julio de 2020 y Putin la firmó en abril de 2021. La ley prohíbe formalmente cualquier tipo de matrimonio entre personas del mismo sexo en Rusia y bloquea cualquier legislación al respecto. También prohíbe las “adopciones transgénero” y establece que la “fe en Dios” será el valor central que regirá la vida del país. El matrimonio se define estrictamente como la unión “entre un hombre y una mujer”.
Hasta ese momento, las leyes rusas indicaban que las personas podían cambiar su género legalmente siguiendo pasos que incluían una evaluación psiquiátrica y procedimientos médicos. La nueva ley aprobada en 2020 establece que no se puede cambiar el sexo de una persona en su certificado de nacimiento, y que las personas trans que ya los hubieran cambiado tendrían que volver a resituirlos al sexo que se les asignó al nacer. En ese momento, la organización Human Rights Watch (Observatorio de Derechos humanos) indicó que la normativa viola el convenio Europeo de Derechos Humanos, del que Rusia formó parte hasta septiembre de 2022.
“Las enmiendas introducidas al código de familia son intencionadamente regresivas y perjudiciales”, expresó en ese momento Graeme Reid, director de derechos LGBT de Human Rights Watch. “Crear deliberadamente más barreras para el reconocimiento legal del género y los derechos de paternidad para las personas transgénero sólo margina aún más a una comunidad ya asediada”, remarcó.
A fines de 2022, ya en plena guerra contra Ucrania, Rusia profundizó aún más la normativa sancionada en 2013, que apuntaba a los niños y niñas, y la amplió a toda la población. La nueva ley prohíbe la “propaganda de relaciones sexuales no tradicionales” y la reasignación de género en los medios de comunicación, Internet, la publicidad, la literatura y el cine. De acuerdo con esta normativa, cualquier acción o información que se considere un intento de promover la homosexualidad -ya sea en público, en línea o en películas, libros o publicidad- podría incurrir en una fuerte multa.
La medida apunta directamente contra la cultura. El cine no puede hablar de homosexualidad, la literatura no puede hablar de homosexualidad, la gente no puede hablar de homosexualidad. La ley considera propaganda LGBTI “la difusión de información o acciones públicas dirigidas a la formación de actitudes sexuales no tradicionales, su atractivo y de ideas distorsionadas de la equivalencia social de las relaciones sexuales tradicionales y no tradicionales”.
Nuevamente, la ley fue duramente criticada por asociaciones de defensa de la comunidad LGBTI y organizaciones de defensa de los Derechos Humanos, como Amnistía Internacional, que señaló que la legislación aumentará la homofobia con el permiso del Estado ruso.
Sin embargo, la escalada continúa. El 14 de julio pasado, la Duma (Cámara Baja rusa) sancionó una ley que prohíbe las cirugías de reasignación de género y las rectificaciones de género en los documentos de identidad. La ley fue adoptada por la unanimidad de los 386 diputados presentes en la sesión plenaria, de un total de 450. Cinco días después obtuvo el visto bueno del Senado y el 25 de julio fue firmada por Putin.
Al tomar la decisión, el presidente de la Duma, Vyacheslav Volodin, declaró que era una medida para proteger a niños y adultos de “un camino hacia la degeneración”.
“Somos el único país europeo que se opone a todo lo que está sucediendo en Estados Unidos, en Europa y que hace todo para salvar a las familias y los valores tradicionales”, expresó durante un debate antes de la votación. “Necesitamos entender que no habrá un futuro si no adoptamos la ley, si no prohibimos el cambio de género”, añadió.
El proyecto de ley había comenzado su recorrido por el sistema legislativo ruso a mediados del año pasado, poco después de que Moscú lanzara su llamada “operación militar especial” en Ucrania. El momento no es casual: Vladimir Putin dice que Rusia no solo está luchando contra Ucrania en el campo de batalla, sino también contra los valores “occidentales”. Durante un discurso en el Kremlin en febrero de este año, el presidente arremetió contra Occidente y los derechos LGBT, calificándolos de “puro satanismo”.
Los discursos de Putin apuntan abiertamente contra la comunidad LGTBIQ+ y muestran constantes guiños a la Iglesia Ortodoxa, atacando lo que él define como “valores occidentales”.
“Hablamos de la existencia de nuestro país. Es imposible derrotar a Rusia en el campo de batalla y por eso Occidente aumentó sus ataques de información. Están atacando a nuestra generación joven”, dijo. “Van contra nuestra cultura y organizaciones religiosas. Miren lo que hicieron a su propio pueblo: destruyendo la familia, la identidad nacional, abusan de sus menores… incluso la pedofilia se anuncia como una cosa normal”, afirmó. “Reconocen el matrimonio homosexual […] Tenemos que decirles que miren las escrituras de cualquier religión: la familia es la unión de un hombre y una mujer”, añadió.
La comunidad trans rusa teme una mayor represión de la que ya está instada. Para muchos, con esta ley la única salida es el exilio. Yulia Alióshina, primera diputada trans de la Federación Rusa y candidata a gobernadora por la región siberiana de Altái, sostuvo que “esta ley no solo es discriminadora, sino que prohíbe la propia existencia de la gente trans en Rusia. Es un genocidio contra los transexuales”, dijo en junio a la agencia EFE.
La norma solo permitirá las intervenciones médicas relacionadas con el tratamiento de anomalías congénitas, enfermedades genéticas y endocrinas asociadas con la formación alterada de los órganos genitales en los niños y niñas, siempre tras la decisión de una comisión médica. Los diputados rusos también han querido prohibir la adopción de niños por parte de las personas que ya hayan cambiado de sexo. Tampoco podrán ser sus tutores o fideicomisarios. Además, la ley establece la anulación del matrimonio si uno de los cónyuges se somete a una reasignación de sexo. Los matrimonios ya celebrados serán anulados.
La nueva ley también prohíbe cambiar el género en los documentos oficiales, que estaba permitido desde 1997, aunque el interesado no estaba obligado a someterse a una operación para poder introducir esa modificación. Entre 2018 y el año pasado, más de 2.700 rusos cambiaron de género en sus documentos, lo que condujo a casi 200 matrimonios. La Duma también adoptó una resolución con recomendaciones para el Gobierno ruso para que reconozca “los trastornos de la preferencia sexual, incluidos el transexualismo, el travestismo y la pedofilia, como una enfermedad”. El documento pide al Ejecutivo que elabore una lista de organizaciones médicas dependientes del Ministerio de Salud, que podrán emitir un dictamen médico sobre la conformidad de las características sexuales de una persona con su género.
Comentarios