La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, propuso ayer que la población decida en un plebiscito la creación de una Asamblea Constituyente que lleve a cabo una profunda reforma política, en respuesta a las históricas protestas que han sacudido el país en plena Copa Confederaciones. Además, anunció nuevas inversiones en transporte público por casi 25.000 millones de dólares, al reunirse con los gobernadores y alcaldes de las capitales estatales para intentar dar una respuesta a los manifestantes. Más temprano, recibió a líderes del Movimiento Pase Libre (MPL), el grupo que lanzó las primeras manifestaciones en San Pablo hace dos semanas.
“Quiero en este momento proponer un debate sobre la convocatoria de un plebiscito popular que autorice el funcionamiento de un proceso constituyente específico para hacer la reforma política que el país tanto necesita”, dijo la mandataria en la reunión con gobernadores y alcaldes.
“Brasil está maduro para avanzar y ya dejó claro que no quiere quedar parado donde está”, añadió.
El gobierno destinará “50.000 millones de reales (casi 25.000 millones de dólares) para nuevas inversiones en obras de movilidad urbana” y “para mejorar el transporte público en nuestro país, donde las grandes ciudades crecen”, anunció Rousseff en un intento por calmar las protestas.
“Hay que hacer más metros, más tranvías y corredores expresos para autobuses”, sostuvo.
Los manifestantes del MPL, no obstante, aseguraron que la lucha continúa hasta que obtengan un pase de transporte gratuito para los estudiantes.
“La lucha no para. La lucha por la tarifa cero (en el transporte) continúa”, dijo la representante del grupo, Mayara Longo Vivian, tras reunirse con Rousseff.
“El diálogo es un paso importante, pero sin acciones concretas, que confirmen mejoras para la población, no existe avance”, añadió.
Rousseff propuso en total cinco pactos nacionales entre el gobierno federal y los ámbitos estatales y locales: responsabilidad fiscal, reforma política, salud, transporte y educación.
También defendió una nueva ley que clasifique la corrupción como un “crimen hediondo” –al igual que los asesinatos y violaciones y que demandan por ello penas severas–, otra reivindicación de los manifestantes.
“Mi gobierno ha luchado para que 100 por ciento de las regalías del petróleo y 50 por ciento de las del Presal (explotación submarina) vayan a la educación. Confío en que los legisladores aprobarán ese proyecto”, sostuvo en relación al pacto sobre educación.
En relación a la salud, la presidenta insistió en que el país empleará a médicos extranjeros cuando no haya suficientes médicos brasileños en lugares donde se precisa asistencia médica.
Más de un millón de personas salieron el jueves pasado a las calles de todo el país para reclamar servicios públicos de mejor calidad y denunciar la corrupción y el gasto público millonario en estadios para el Mundial de fútbol cuando hay enormes problemas en salud, educación y transporte.
Las protestas continúan desde entonces, aunque en menor intensidad.
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