Los investigadores que desbarataron una banda dedicada a la venta ilegal de armas y municiones que abastecía el mercado negro de Rosario creen que la organización estaba liderada por un policía especializado en criminalística y por un sodero, en cuyo depósito se secuestraron casi una veintena de pistolas y revólveres y más de 2.000 balas, informaron este martes fuentes judiciales.
Según los pesquisas, la organización delictiva fue desbaratada este lunes tras una investigación de la cual participó un agente infiltrado que, durante dos meses, adquirió armamento haciéndose pasar por un hombre de campo.
Desde el Ministerio de Seguridad de Santa Fe señalaron que la organización fue desarticulada al cabo de varios allanamientos realizados en distintos puntos del Departamento Rosario y que, en total, se secuestraron 31 armas –entre ellas 11 fusiles y 11 de puño de grueso calibre– y más de 3.500 municiones.
Voceros del caso indicaron a Télam que las armas secuestradas habían sido denunciadas como robadas en enero pasado por un productor agropecuario de la provincia de Córdoba, que era legítimo usuario de las mismas.
Las municiones, en cambio, eran compradas por la organización integrada por tres policías y varios civiles –entre ellos un sodero de la zona sur– a través de cupos legales que otorga la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac), agregaron las fuentes.
Ahora se investiga si los papeles de esos cupos habían sido robados o sus titulares eran una suerte de “testaferros” de la banda, que ofrecía las municiones por medio de una línea de Whatsapp del hermano de uno de los policías detenidos.
“Son 3.500 disparos que no se van a hacer y que tanto daño hacen a la sociedad y particularmente a Rosario y zona de influencia”, dijo a la prensa la fiscal regional de Rosario, María Eugenia Iribarren, quien calificó como “muy importante” el resultado del operativo de este lunes.
Al vincular el uso de las armas secuestradas con los hechos delictivos que se suceden en el Departamento Rosario –que en lo que va del año registró 80 homicidios–, el ministro de Seguridad, Jorge Lagna, dijo que “muchas de esas armas fueron a parar a manos de ejecutores de balaceras y demás acciones delictivas”.
Según las fuentes, la investigación se inició en marzo a partir de un dato que llegó a la Agencia de Investigaciones Criminales (AIC): un hombre de la localidad de Victoria (Entre Ríos) vendía armas “de boca en boca”.
Un policía de la AIC, bajo la modalidad de “agente revelador” –figura contemplada en la Ley Nacional N° 27.319 de Delitos Complejos– se hizo pasar por un hombre de campo y adquirió un fusil, dijeron las fuentes. Luego ganó la confianza del vendedor y adquirió otros cuatro.
Para eso, la cartera de Seguridad dispuso de unos 400 mil pesos de gastos reservados destinados a operaciones encubiertas, precisaron voceros de la investigación.
El fiscal del caso, Pablo Soca, dijo en rueda de prensa que como también vendían balas, muchas del calibre que se encuentran en las balaceras, se decidió profundizar la investigación.
“Así se llegó a la banda que proveía armas pero sobre todo municiones, y se capturó a tres policías: dos del Comando Radioeléctrico y un chofer de la AIC”, abundó el fiscal.
Quien ofrecía armas y municiones al mercado ilegal desde una línea telefónica, vía Whatsapp, era César González, quien al ser contactado por el agente infiltrado lo derivó a su hermano, el policía de Criminalística Sergio González, considerado por los investigadores el jefe de la banda y pasado a disponibilidad en la fuerza.
Los dos hermanos fueron detenidos este lunes al igual que la pareja de Sergio, que también es policía, y otro empleado de la fuerza identificado como Alan Juárez, perteneciente al Comando Radioeléctrico.
Además, a través de una de las compras controladas de municiones que realizó el policía infiltrado, personal de la AIC siguió al vendedor hasta una vivienda de Bermúdez al 6600, domicilio del sodero José Luis Andino, que funcionaba como depósito.
Los policías de la AIC y de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) secuestraron en ese lugar 14 carnés de legítimo usuario y tarjetas de cupos de municiones, 8 armas cortas, 9 largas y más de 2 mil balas, detallaron las fuentes.
Las ocho personas detenidas a lo largo de 13 allanamientos serán imputadas por asociación ilícita –en algunos casos– y por otros delitos, en una audiencia judicial convocada para el próximo jueves, informaron del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
Comentarios