Ciudad

A 42 años del golpe

Rosario marcha: grave denuncia contra represor Costanzo

Alicia Bernal, querellante en la causa del centro clandestino de detención La Calamita (en Granadero Baigorria) por la desaparición de su padre, Tito Messiez, hizo la presentación en la Justicia aportando fotos


El 12 de mayo de 2017 Eduardo Rodolfo “Tucu” Costanzo salió de los Tribunales federales de Rosario bajo la lluvia con una condena a cadena perpetua y cárcel común. Terminaba el juicio Guerrieri III que juzgó a 10 represores por los delitos de lesa humanidad cometidos en la última dictadura cívico militar contra 47 víctimas, 24 de ellas aún desaparecidas. Hasta ayer, esa tarde había sido la última vez que a Contanzo se lo había visto en público. A horas de cumplirse un nuevo aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, el ex agente de inteligencia apareció en una foto que lo muestra caminando por la calle con un carrito de las compras junto a una mujer. Los organismos de Derechos Humanos denunciaron la violación de la prisión domiciliaria y pidieron que no tenga más ese beneficio. La dirección provincial que se ocupa de controlar las domiciliarias de los represores a partir de un convenio de colaboración con la Nación no recibe fondos desde hace dos años por parte del gobierno de Cambiemos. Todos los años hacen el pedido de tobilleras electrónicas y no tienen respuestas.

Según un informe elaborado semanas atrás por el periódico El Eslabón son 21 los detenidos que gozan del régimen de la prisión domiciliaria en Rosario. La publicación reúne el historial de cada uno y los domicilios donde viven. Los 21 fueron condenados o procesados por tribunales federales de la ciudad o llegaron a enviados por otros juzgados. En el resto de provincia hay una decena más bajo el mismo beneficio.

Los controles de las domiciliarias son hechos por la Dirección de Control y Asistencia Pos Penitenciaria, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Santa Fe. La dependencia provincial se hace cargo de la tarea a partir de un convenio con el gobierno Nacional. El acuerdo garantiza el financiamiento de parte de la Nación. Funcionó durante años pero desde hace dos no llega un centavo. Pablo Bufarini, asesor técnico del Ministerio, contó que desde el gobierno provincial tomaron el compromiso de continuar con los controles con fondos propios.

La forma de hacerlo no es la mejor pero sí a la que tienen acceso. Dependiendo el caso, se hacen visitas a las casas de los represores en horarios distintos. La frecuencia varía de dos a cuatro veces por semana. Supera los controles a presos con domiciliaria por delitos que no son de lesa humanidad, que suelen tener las visitas sorpresivas dos veces al mes.

Bufarini agregó que la oficina de control funciona también como un espacio para recibir denuncias. “Llamamos a todos los ciudadanos a que nos traigan las fotos o videos que saquen de represores caminando por la calle. Desde la Dirección hacemos los pedidos de revocación de la domiciliaria a la Justicia federal”.

En paralelo a la provincia, el gobierno Nacional cuenta todo el aparato de Gendarmería y la Policía Aeroportuaria para hacer los controles de las domiciliarias en todo el país. Ninguno de los represores de Rosario tiene un móvil frente a la casa.

“El método de la visita no es el ideal. Lo que pedimos desde hace años es que les pongan tobilleras electrónicas que permiten controlar las 24 horas y están monitoreadas desde Buenos Aires. Pero no tenemos ninguna respuesta. Por el contrario, vemos que hay una idea por parte del gobierno de Cambiemos de dar nuevas domiciliarias y poner las tobilleras ahí”, explicó Bufarini. La referencia es al listado que el Servicio Penitenciario Federal (SPF) envió a jueces penales con 1.111 internos que sugieren están en condiciones de acceder a la prisión domiciliaria con una pulsera electrónica o a la libertad condicional. El nombre de Alfredo Astiz figura en la nómina.

El documento de la SPF puede leerse en el marco del retroceso en políticas de derechos humanos que inició desde la asunción de Cambiemos. Según el último documento de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (Pcch) en los últimos años hay una la tendencia marcada hacia el beneficio de domiciliaria. En 2015 los represores presos en cárceles comunes eran 603 y los que tenían domiciliaria 439. Un año después la ecuación fue de 519 y 460. Y en 2017 siguió bajando el número de presos en cárceles, con 435 represores recluidos y 549 que cumplen condena en la casa. Y si bien el 2017 cerró con un record de 27 juicios de lesa humanidad, son 856 los represores condenados en toda la Argentina, de un total de 2979 imputados. Del total de imputados, sólo 1038, un 35 por ciento, se encuentran detenidos.

Las políticas de retroceso en Rosario se sienten con la postergación constante del inicio de dos juicios claves, Feced III y Klotzman, pospuestos tres veces cada uno en los últimos meses. También se nota en las directivas que llegan desde Secretaría de Derechos Humanos de la Nació. Primero exigió a sus dos abogados locales dejar los pedidos de revocación de las medidas que beneficiaban a genocidas y después los despidió. Sin abogados la ciudad se quedó sin representantes por parte del Estado en la querella de los juicios.

 

A donde vayan

La encargada de denunciar a Tucu Costanzo por violar la prisión domiciliaria fue Alicia Bernal. Es querellante en la causa del centro clandestino de detención La Calamita (en Granadero Baigorria) por la desaparición de su padre, Tito Messiez. Alicia llegó ayer a la mañana al Tribunal Oral Federal Nº 1 con fotos que muestran al agente caminando por la calle.

A través de un comunicado de prensa, la Comisión Antirrepresiva por los Derechos Humanos (Caddhh) y la Unidad Antirrepresiva por los DDHH (Uadh), dijeron que el represor se pasea libremente violando lo que en los papeles figura como prisión domiciliaria. Ante la noticia el equipo jurídico de la agrupación Hijos informó que presentará un pedido de revocatoria de la prisión domiciliaria.

 

Rosario marcha

Este sábado habrá marchas en todo el país para conmemorar el día nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, al cumplirse 42 años del último golpe de estado cívico militar en nuestro país. La concentración está prevista para las 16 en la plaza San Martín y, a partir de allí, la movilización recorrerá calle Santa Fe, doblando por bulevar Oroño para pasar por el frente de los Tribunales Federales. Las columnas retomarán por calle San Luis, doblará en Buenos Aires hasta llegar al parque nacional del Monumento a la Bandera. Más temprano, por la mañana del sábado, el Museo de la Memoria convocó a las 10.30 a participar de la ceremonia de plantación de árboles en el Bosque de la memoria, ubicado en el parque Scalabrini Ortíz. Durante toda la jornada los colectivos urbanos serán gratuitos.

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