Desde la agrupación Mujeres de la Matria Latinoamericana MuMaLá presentaron por tercera vez el proyecto de Ley de Emergencia de Violencia de Género en el Congreso de la Nación y en agosto sumarán una iniciativa provincial dado el crecimiento de muertes de mujeres en contexto de economías delictivas. Según el observatorio, durante el primer semestre de 2023 hubo 213 muertes violentas de mujeres e identidades feminizadas en todo el país. En Santa Fe, hubo 16 muertes violentas entre el 1° de enero y el 22 de julio del 2023 en el departamento Rosario, de las cuales 15 fueron en contexto de narcocriminalidad.
“Presentamos el proyecto en el congreso de la Nación y vamos a presentar uno similar en Santa Fe. Además de la emergencia en violencia de género, destacamos la cantidad y algunas características de la muerte de mujeres en contexto de economías delictivas cuyo crecimiento es impactante. En la provincia hubo 6 femicidios y 16 muertas en este contexto, por eso la importancia de una legislación provincial que tenga en cuenta no sólo la violencia de género sino las muertes en contexto de narcocriminalidad”, dijo Gabriela Sosa, referenta de Mumalá, a El Ciudadano.
Según un informe del Observatorio, las edades de las víctimas fueron entre los 19 y 29 años; y entre los 40 y 65 años. Un 37,5% de los crímenes ocurrieron en la vivienda de la víctima y otro 37,5% en la vía pública. La modalidad principal fue el arma de fuego.
En el 87,5% de los casos fueron cometidos por sicarios; en 13 casos actuó más de una persona en el hecho y en 5 casos hirieron al menos a otra persona. El 100% de los autores de los asesinatos no está identificado.
Los números muestran un aumento en las muertes vinculadas con el contexto de narcocriminalidad: en 2021 representaron la mitad de los 28 femicidios de ese año; en 2022 fueron 50 de las 75 muertes violentas totales y en lo que va de 2023 fueron 15.
Emergencia ya
El objetivo del proyecto es “mitigar y revertir el número de víctimas de violencias de género en todo el país, a través del fortalecimiento de las políticas públicas destinadas a la prevención, asistencia y erradicación de las violencias de género, en el marco de la Ley 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, y la Ley 26.743, de Identidad de Género”.
Entre los principales ejes del proyecto destacan el diseño de herramientas de investigación y análisis sobre muertes violentas de mujeres en contextos de dinámicas vinculadas a economías delictivas; la sistematización y publicación de datos sobre las víctimas: datos personales, situación laboral, hijos, condiciones habitacionales, vínculos con la justicia, situaciones de violencia de género, relaciones con personas privadas de la libertad, entre otros datos; asistencia y acompañamiento económico para mujeres en situación de vulnerabilidad social; acompañamiento en salud mental para personas que perdieron familiares de manera violenta; dispositivos de inclusión social en territorios con altas tasas de violencia urbana; espacios públicos de cuidado para niñes, adultos mayores y personas con discapacidad; convenios con organizaciones sociales que trabajen con mujeres en situaciones de vulnerabilidad; red de protección provincial a mujeres con peligro de vida.
A su vez, plantean la “designación de partidas presupuestarias que garanticen un aumento sustancial de recursos económicos para el abordaje integral de las violencias al Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación”; la “creación de dispositivos para el abordaje y reeducación de varones agresores, y prevención de la reincidencia; políticas de desarme y control de armas; alerta temprana de personas desaparecidas; campañas de sensibilización”, entre otros ejes.
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