El costo de vida para una familia de los barrios populares de Rosario trepó en septiembre a $58.612, lo que marca un aumento del 4 por ciento desde la última medición de junio y del 40 si se compara de forma interanual. Pese a que las medidas de congelamiento de precios y la disminución de la actividad económica desaceleraron el ritmo de los incrementos, este indicador se mantiene por encima de los ingresos promedio, indicaron desde el equipo de la diputada provincial Lucila De Ponti, del Movimiento Evita y del bloque del Frente de Todos.
El dato se desprende de un relevamiento realizado por la legisladora junto al Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (Ceso) el cual registra y compara regularmente el consumo en barrios representativos como Casiano Casas, La Sexta, La Lagunita y Mangrullo. El informe detalla además que un hogar necesitó $23.767 sólo para cubrir sus necesidades básicas alimentarias y que un adulto rosarino necesitó $7.962 para no caer debajo de la línea de indigencia.
“Nos preocupa que los precios de los bienes esenciales –fundamentalmente de los alimentos– siguen subiendo, lo cual tiene que ver con la enorme concentración que existe en el sector de la producción y comercialización de estos productos”, explicó Lucila De Ponti. “En rubros indispensables como lácteos, fideos, aceites o productos de limpieza, la oferta de productos está concentrada por encima del 70 por ciento en sólo una o dos empresas, lo que les permite definir los precios”, aseguró.
A pesar de que el salario mínimo, vital y móvil (SMVyM) de $16.875 apenas cubre el 29 por ciento del costo de vida, algunos instrumentos que se llevaron adelante desde el Estado nacional y provincial contribuyeron a aliviar en alguna medida la situación de los sectores con menores recursos. Los refuerzos en la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar, sumado al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), permitieron a sus beneficiarios duplicar sus ingresos. Algo similar a lo que ocurrió con los jubilados que perciben el haber mínimo ($18.129), que con el último aumento mejoraron en parte su poder adquisitivo. Sin embargo, las consecuencias económicas de la pandemia siguen siendo alarmantes, apuntó la legisladora.
Según considera De Ponti “el costo de vida se ubica todavía muy por encima de los ingresos promedio –ya sean de sectores formales o no formales– que según el Indec están en los $28.000. Además, la suba en la tasa de desempleo que alcanzó el 18 por ciento en Rosario, siendo más fuerte el impacto de esta baja de actividad en los sectores del trabajo no formal, cuentapropistas, construcción o servicio doméstico, lo que significa todo un universo poblacional que se encuentra lejos de poder cubrir lo mínimo e indispensable con sus ingresos”.
Para la legisladora del Movimiento Evita, en este contexto las políticas públicas son indispensables para alcanzar la recuperación de la actividad económica, del empleo y de los ingresos. “Así lo demostró la Tarjeta Alimentar que permite cubrir ampliamente el costo de alimentación para menores de 6 años, el IFE que garantizó que muchas familias no cayeran bajo la línea de pobreza, el ATP para sostener parte del sector formal, así como la asistencia alimentaria a sectores vulnerables y la asistencia financiera a sectores productivos y comerciales que sostuvo el gobierno de Santa Fe”.
“Todas estas políticas han significado una enorme inversión de recursos públicos que se debe continuar y profundizar para acompañar a la población en la medida en que se atraviesa el camino hacia la reactivación económica. Para atemperar los efectos nocivos de la crisis es indispensable que se sostenga este nivel de gasto público y se avance en otras políticas que fortalezcan los ingresos mínimos y el trabajo garantizado”, finalizó.
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