Arlen Buchara
El año pasado 1.312 mujeres y personas gestantes accedieron a un aborto legal en la salud pública de Rosario. Los números muestran un 40 por ciento de aumento en relación a 2017, cuando hubo 772. Del total, el 20 por ciento tenía obra social o prepaga pero buscó ayuda en hospitales y centros de salud por falta de respuestas en el sector privado, donde no hay registro estadístico de cantidad de interrupciones legales. Desde la Secretaría de Salud de Rosario explicaron que el incremento responde a varios factores. El debate parlamentario del proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) generó más conocimiento sobre la práctica y sobre cómo acceder a los abortos que no están penados desde 1921.
Además, la salud pública de Rosario apareció como una experiencia modelo de aplicación del Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) que, junto con la provisión de misoprostol, fue la receta para que desde 2012 no haya muertes por aborto clandestino. Otro elemento fue la consolidación y el crecimiento del registro estadístico porque hasta hace pocos años los abortos no se contabilizaban de manera sistematizada.
Al incremento de la cantidad de personas que buscan ayuda ante un embarazo no deseado se agrega la baja en los riesgos. El año pasado el 98 por ciento abortó de manera ambulatoria sin necesidad de internación. Una década atrás todas debían ser internadas y muchas llegaban a las guardias de los hospitales con riesgo de morir por abortos hechos en condiciones inseguras. En los últimos años también creció el uso de anticonceptivos y bajó la tasa de fecundidad en relación a la media nacional. “Es mentira que hay un uso anticonceptivo del aborto. Las mujeres se embarazan menos, usan más anticonceptivos y están siendo madres cuando desean serlo”, explicó el director de Salud Sexual de Rosario, Daniel Teppaz.
En aumento
El debate del proyecto de ley de IVE del año pasado traspasó las paredes del Congreso Nacional y llegó a todo el país en un proceso que se definió como la despenalización social del aborto. En los lugares de trabajo, las casas, las escuelas, las organizaciones sociales el tema fue discutido como nunca antes. El caso de Rosario resonó en el Congreso y en los medios de comunicación como un ejemplo de la aplicación del Protocolo de ILE, que contempla las causales de aborto no punible.
En Argentina el aborto está despenalizado en caso de violación y riesgo de salud desde 1921. En 2012 el fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia reafirmó esas causales y solicitó al Poder Ejecutivo la elaboración de un protocolo para garantizar el acceso a los abortos legales en la salud pública y privada.
El Ministerio de Salud lo hizo, pero sólo 10 de 24 provincias de la Argentina lo cumplen. Rosario adhirió en 2012 y la provincia de Santa Fe en 2013. Desde entonces, el protocolo se aplica con un criterio de ampliación de derechos y se entiende a la salud como física, psíquica, emocional y social, tal como dice la Organización Mundial de la Salud (OMS). Las técnicas usadas son las más seguras: pastillas de misoprostol que periten abortar de manera ambulatoria hasta la semana 12 de embarazo y Aspiración Manual Endouterina (Ameu), que tampoco necesita internación.
El proceso de despenalización social del año pasado se vio reflejado en las estadísticas. En 2018 hubo 1.769 abortos en la salud pública de Rosario. La cifra contabiliza tanto las ILE como los abortos espontáneos o incompletos. Del total, 1.312 fueron mujeres y personas gestantes que solicitaron una ILE. Fueron un 40 por ciento más que en 2017, cuando hubo 772 registradas.
Un dato que llamó la atención de la Secretaría de Salud fue que el 20 por ciento tenía obra social o prepaga. “Buscaron ayuda en la salud pública por falta de respuestas en el sector privado, donde no hay registro estadístico de cantidad de interrupciones legales. Un año antes, en 2017, las personas con obra social representaban el 10 por ciento. El dato muestra en el sector privado no se está garantizando el acceso y por eso vienen al público”, contó Teppaz.
Este aumento se vio reflejado en la atención en hospitales, con un aumento de las consultas en las consejerías de los hospitales. “Las consejerías también están en los más de 80 centros de salud barrial pero fue más común que las que tenían obra social acudieran a los hospitales”, explicó Teppaz.
Santa Fe: más de dos mil mujeres accedieron el año pasado a un aborto legal
En hospitales la consejería es una oficina específica en el cual recibir información y atención sobre ILE pero también sobre anticonceptivos, maternidad, parto respetado y todo lo vinculado a la salud sexual y reproductiva. En los centros barriales estos espacios son garantizados por las y los profesionales de cabecera de cada familia.
“La consejería es una relación entre dos expertos. Por un lado está la mujer que conoce su cuerpo y sus proyectos de vida. Y por otro el profesional que tiene un saber técnico para ayudarla a concretar sus proyectos de vida y su sexualidad como desea. Muchas de las que van a consejería no terminan abortando. No porque las convenzan de no hacerlo. Hay un acompañamiento para pensar en el proyecto de vida de cada una y en lo que desea. Muchas llegan con la idea de abortar y se dan cuenta que no querían. Si no hubiesen tenido un acompañamiento en la salud pública habrían terminado en un lugar clandestino”, definió Teppaz.
Baja en las internaciones
En Rosario, durante la década del 90 todos los años alrededor de 700 mujeres y personas gestantes quedaban internadas en la salud pública por complicaciones por abortos hechos en condiciones inseguras. La mayoría corría riesgo de morir o quedar con lesiones de por vida. Con la llegada del nuevo milenio la cifra bajó a un promedio de 500 internaciones por año.
Según Daniel Teppaz, uno de los motivos pudo ser que en esos años creció el conocimiento de las mujeres sobre el misoprostol, el medicamento en pastillas que permite hacer un aborto seguro hasta la semana 12 de embarazo de manera ambulatoria, es decir, sin internación hospitalaria.
En 2012 se dio un cambio radical. La Municipalidad adhirió al Protocolo ILE y empezó a comprar misoprostol para distribuirlo gratuitamente en la salud pública. Un año después la provincia siguió el mismo camino.
La provisión del medicamento significó reducir las internaciones y los riesgos. Si en 2012 todas las mujeres debían ser hospitalizadas, en 2018 el 98 por ciento abortó de manera ambulatoria. “La baja en las internaciones no sólo significa menos costos económicos. Es costo para las mujeres. Son años de vida que no tuvieron complicaciones, no se murieron, no dejaron hijos huérfanos”, dijo Teppaz.
Además, la mayoría de las ILE se hicieron en el primer trimestre de embarazo. “Esto muestra que las mujeres no se dejan estar. Cuando se supera el primer trimestre es en casos muy puntuales de situaciones complejas, como cuando hay un caso de una niña víctima de abuso, por ejemplo”,
Otro dato significativo es que entre 2016 y 2018 aumentó un 40 por ciento la cantidad de abortos ambulatorios. También creció el número de personas que hicieron la consulta en el primer nivel de atención en un centro de salud barrial: en 2017 representaban el 58 por ciento y el año pasado llegaron al 77 por ciento.
Edades
En cuanto a las edades, el 30 por ciento de las mujeres y personas gestantes que acceden a una ILE tiene entre 20 y 24 años, si se suma la franja de 15 a 29 representan el 60 por ciento. Las niñas menores de 14 representan menos del 1 por ciento. El 14 por ciento son personas de 30 a 34 y el 10 de 35 a 39. Las mayores de 40 alcanzan el 4,3 por ciento.
La tarea de hacer estadísticas
Durante el debate del proyecto de IVE varios especialistas explicaron que en los países donde se legalizó el aborto en los primeros años se registra un incremento en las estadísticas porque las personas que abortaban en la clandestinidad pasan a ser parte de los registros oficiales.
Aún con la legislación vigente, en Argentina la elaboración de estadísticas sobre la cantidad de abortos que se hacen en el país es una tarea difícil por la escasa aplicación de los protocolos y por la ilegalidad de la práctica. Además, no hay registros de lo que pasa puertas adentro de los sanatorios y consultorios privados.
En el debate del año pasado el entonces ministro de Salud, Ricardo Rubinstein, informó que según los cálculos oficiales todos los años se hacen 354.627 abortos en Argentina, que equivalen a 41 por hora. Desde la vuelta de la democracia más de 3 mil mujeres murieron por hacerlo en condiciones inseguras.
En Rosario el registro estadístico mejoró a medida que creció la garantía del derecho al aborto legal. “De no registrar a empezar a contar uno por uno con las especificaciones de cada caso se va dando un aumento. Entre 2017 y 2018 el registro creció 2,8 veces y se volvió cada vez más específico”, agregó Teppaz.
Más informadas
A fines del año pasado Daniel Teppaz y la médica generalista María Paula Botta analizaron en un estudio los cambios que se dieron en la forma en que llegaban las personas a abortar después del debate de IVE. Los resultados fueron publicados por la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA en un libro que recopila experiencias y reflexiones de activistas y profesionales de todo el país.
Según contaron a El Ciudadano, antes del debate quienes trabajan en el sistema de salud pública de Rosario estuvieron acostumbrados a que las mujeres que llegaban a hacerse un aborto lo hicieran solas, casi en secreto y sin conocimiento de sus derechos. En 2018 notaron un cambio en la forma de transitar un aborto: adolescentes y jóvenes estaban acompañadas de amigas, muchas tenían en pañuelo verde en la mochila, sabían que tenían derecho a una interrupción legal según las causales que habilita el Código Penal y contaban experiencias traumáticas de familiares que abortaron en la clandestinidad. En paralelo, analizaron que el rechazo en el Senado generó dudas sobre cómo quedaba el tablero y cuál era la legislación vigente.
En Santa Fe
El año pasado 2.138 mujeres y personas gestantes accedieron a una interrupción legal del embarazo (ILE) en la salud pública de Santa Fe. Cinco años antes fueron apenas 76, cuando en 2013 comenzó a distribuirse de manera gratuita el misoprostol y la provincia adhirió al protocolo de ILE elaborado por el entonces Ministerio de Salud nacional. En los últimos años no sólo creció el acceso a la práctica.
También bajaron los riesgos: en 2013 el 80 por ciento eran abortos complicados, mientras que en 2018 las complicaciones representaron el 10 por ciento.
Al igual que en Rosario, los motivos del aumento están en la despenalización social, la garantía de la ILE y la consolidación del registro estadístico.
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