Ana Laura Píccolo
El régimen penal juvenil que rige en la Argentina fue redactado durante la última dictadura militar. Actualizarlo es una deuda de la democracia aunque el proyecto impulsado por el presidente Mauricio Macri –que comenzó a tratarse este martes en el Congreso de la Nación en busca de bajar a 15 años la edad de punibilidad– es tildado de regresivo por un amplio sector de la sociedad que lo acusa de criminalizar a los más pobres y vulnerar los derechos y garantías de niños, niñas y adolescentes. Se trata de un debate histórico que suele florecer en períodos electorales con propuestas fáciles y punitivas, pero que también es abordado por diversas disciplinas que reflexionan sobre la problemática con la seriedad que amerita. En esa línea se desarrollará este jueves el encuentro: “¿Qué hay de nuevo viejo?”, un conversatorio abierto y gratuito con tres invitados de lujo que debatirán sobre penalidad y adolescencia. La cita es a las 18 en el aula Magna de la Facultad de Derecho –Córdoba 2020– y está organizada por la Asociación de Pensamiento Penal (APP) de Rosario, cuyos miembros publicaron, en enero pasado, un documento crítico elaborado entre juristas, jueces, abogados, psicólogos, criminólogos y trabajadores sociales que intenta brindar herramientas para la sanción de una norma acorde a los postulados constitucionales.
La abogada Bernandette Blua, una de las coordinadoras del Capítulo Santa Fe de APP, dijo que se entregarán certificados y mencionó que entre los expositores estará María José Cano, presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales de la provincia de Buenos Aires; Alejandro Osio, docente de la Universidad Nacional de La Pampa y Germán Darío Martín, fiscal en lo penal juvenil de Neuquén.
“La idea no es que sea una charla magistral donde solo hablan los expositores sino un ida y vuelta con el público. Por eso hicimos una convocatoria amplia, queremos que sea interdisciplinario porque es un tema que afecta a muchos, no sólo al derecho y al poder judicial, sino a psicólogos, trabajadores sociales y del área de niñez. Queremos que haya representación de la sociedad civil y de las organizaciones sociales para que todos nos podamos llevar herramientas”, dijo Blua.
La abogada reconoció que la problemática en torno a los adolescentes en conflicto con la ley penal y los pedidos de baja de la edad de punibilidad siempre aparecen en períodos electorales y que justamente por eso se propusieron “problematizar un poco esa voluntad legislativa para que este tema no tape a otros”. En ese sentido dijo que desde la APP “tenemos una postura de no a la baja” y aclaró que si bien comparten la intervención del Estado: “Debe intervenir antes y no criminalizando”.
Por eso tildó el proyecto de “regresivo” y resaltó que la intervención de niñez debe ser desde lo social y no desde lo punitivo, de lo contrario “está claramente dirigido a un sector de la población, criminalizando la pobreza, porque los pibes que terminan intervenidos son pobres”.
En ese sentido, Blua recordó que hace poco leyó un artículo que vaticina que “este año la mayoría de los adolescentes y niños del país van a ser pobres. El Estado en vez de hacerse cargo, va por el lado más fácil y demagógico: buscan criminalizar”.
Esa es la principal crítica al proyecto. “Que pone a los jóvenes de chivo expiatorio de los problemas de la sociedad en vez de darles herramientas para que no terminen en esas situaciones”.
En la misma línea se expresó el psicólogo Gerónimo Ferreyra, integrante del área Niñez y Adolescencia de la Asociación de Pensamiento Penal. “Con esta actividad queremos generar un espacio de interlocución para aportar material a aquellos que tienen que hablar y discutir en el Congreso, para modificar la 22.278. Es una ley de la última dictadura militar que es necesario modificarla. Pero modificarla no implica bajar la edad de punibilidad, porque el Estado tiene que buscar soluciones por sobre las garantías de derecho y no por debajo de esas garantías”, expresó.
Polémica
El proyecto que comenzó a discutirse este martes la Cámara de Diputados de la Nación tiene más de 100 artículos y es una de las iniciativas que el presidente Mauricio Macri pidió sancionar al inaugurar el 137° período de sesiones ordinarias del Congreso, el 1° de marzo pasado. Intenta implementar un nuevo sistema de Responsabilidad Penal Juvenil para menores en conflicto con la ley.
Tras conocer su contenido, en enero pasado la Asociación de Pensamiento Penal publicó un documento crítico elaborado por un amplio abanico de profesionales especializados en esa problemática, entre ellos destacados juristas y magistrados de todo el país, dado que una de las críticas que plantean es que el proyecto macrista no distingue las necesidades y realidades distintas de cada provincia.
Entre los puntos que destaca el documento de la APP hace mención a que la baja de edad de punibilidad a los 15 años para delitos con penas de más de 15 años de prisión “es anticonvencional, ilegal, fundado en falacias, innecesario e ilegítimo”.
En otra parte, los profesionales especializados en esta problemática señalan que “en la mayoría de las jurisdicciones provinciales hoy se violan los derechos humanos reconocidos constitucionalmente a los adolescentes imputados (por ejemplo con intervenciones de la justicia penal de adultos) por lo que bajar la edad de punibilidad en ese contexto seria deliberadamente incorporar a un grupo de personas a que se le vulneren su derechos”.
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