Un tribunal oral federal condenó este viernes a tres de las cuatro personas que llegaron al banquillo por el secuestro extorsivo de un joven ocurrido dos años atrás en barrio Azcuénaga, por cuya liberación la familia pagó 85 mil pesos y alhajas. El fallo se dio al final de un juicio inédito en Rosario por este tipo de delitos, y en consonancia con el pedido fiscal, cuyo representante había optado por no acusar a uno de los enjuiciados, el que terminó absuelto.
El 31 de marzo de 2017, alrededor de las 23.45, la víctima, un muchacho de entonces 20 años que había salido a comprar helados, circulaba en su auto cuando en la esquina Solís y Zuviría fue interceptado por un Chevrolet Vectra, del que descendieron dos personas armadas quienes, fingiendo ser policías, lo obligaron a subir al asiento trasero de su vehículo y lo trasladaron hacia el lugar de cautiverio, para luego abandonar el auto en las inmediaciones de Saavedra, entre Rodríguez y Callao. Además, los captores le sustrajeron su DNI, una pulsera y su celular.
“Se bajaron dos tipos, se identificaron con placas y dicen ser policías. Me muestran las armas, una pistola cada uno. Me abren la puerta, me obligan a bajar, todo gritando. Me metieron en el asiento de atrás pero como yo forcejeaba vino el grandote y me empezó a pegar. El viejo canoso se sentó conmigo. Manejó el grandote que iba a mil, me hizo mierda el auto porque agarraba los lomos de burro y el cordón. Yo estaba todo el tiempo en el auto semiencapuchado”, detallaría luego la víctima.
Ya en la madrugada del 1° de abril, los captores se comunicaron con la madre del joven, a quien amenazaron con cortarle un dedo y asesinar a su hijo si no pagaba 100.000 pesos. La mujer, luego de avisar al 911, acordó el pago de 85.000 más alhajas de oro, todo lo cual dejó cerca de las 4 de la madrugada en las proximidades de un santuario al Gauchito Gil, en Acevedo entre Carrasco y Ovidio Lagos. Una hora después, la víctima fue liberada en Sastre y Garay y pudo volver a su domicilio en un taxi.
La pesquisa efectuada por los representantes del Ministerio Público Fiscal, el entonces titular de la Fiscalía Federal N°2 de Rosario, Mario Gambacorta, y el responsable de la Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos (Ufese), Santiago Marquevich, permitió identificar a los implicados en el secuestro, por lo que requirió una serie de allanamientos –que la PDI santafesina y Antisecuestros de la PFA llevaron adelante algunos días después del hecho–, en los que se detuvo a Diego Sebastián Gamboa, Miguel Ángel Capobianchi, Dionisio Oscar Gutiérrez, Jonatan Andrés Sosa, Miguel y José Luis P. y Nilce Ariana T. y se secuestraron objetos de interés para la investigación.
Los siete fueron procesados por el juez federal Marcelo Bailaque como coautores de secuestro extorsivo agravado por haberse cobrado rescate, por el número de intervinientes y por el uso de armas, y por el robo agravado por el uso de armas y por ser cometido en poblado y en banda, calificación que sostuvo el fiscal de juicio Federico Reynares Solari. Pero al debate oral y público sólo llegaron cuatro de los encausados. Los otros tres, sospechados de haber brindado el lugar para el cautiverio, recibieron falta de mérito.
Luego de varias jornadas de debate, que comenzaron el 23 de abril último, el Tribunal Federal Oral Nº 3 a cargo de los jueces Eugenio Martínez, Osvaldo Facciano y Germán Sutter Schneider, definió tres condenas y una absolución, la de Dionisio Gutiérrez, en sintonía con el pedido fiscal, que decidió no acusarlo.
Así Diego Gamboa fue penado con 13 años y medio de prisión (el fiscal había pedido 15), Miguel Capobianchi, recibió 12, y Jonatan Sosa deberá purgar 10 años y medio de cárcel.
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