A sólo un día de inaugurar el shopping Paso del Bosque, cuyo principal accionista es la firma Di Santo Lucio SA -propietaria también de Micropack-, el Concejo Municipal aprobó en la sesión de este jueves un pedido de informes del edil Eduardo Toniolli, en el que se solicita al Ejecutivo local que responda, en el plazo de siete días corridos, si el emprendimiento cuenta con la licencia de uso y libre afectación (Lula), el final de obra, los trámites de habilitación iniciados y aprobados y el certificado provincial que exige la ley provincial 12.069 de Grandes Superficies Comerciales.
Desde que la iniciativa empresarial sobre la creación del megaoutlet fue anunciada, recogió rechazo entre un sector del comercio local, en especial el que aglutina a los llamados locales de cercanía, quienes denunciaron que la apertura de este espacio atentaría contra la supervivencia de una gran cantidad de pequeños negocios que son el sustento para cuentapropistas y pequeños comerciantes de los barrios cercanos al emprendimiento, en la zona noroeste. El concejal se hizo eco de ese reclamo, en especial ante la actual crisis económica y la ausencia de un estudio de impacto socioambiental, tal como prevé la ley, según describió en el recinto.
Entre otras cosas, en el extenso escrito aprobado sobre tablas este jueves en el Palacio Vasallo, se pide a la Municipalidad “información sobre el origen de los fondos que se pretenden invertir en la concreción del emprendimiento, según lo establecido por la ordenanza 9.204”. También, se solicita “la remisión al Concejo de todos los expedientes en los que consten los trámites detallados y cualquier otro relacionado con la habilitación del shopping ubicado en inmediaciones de Sorrento y Circunvalación”.
“Se lo pone casi en la figura de criminal al mantero, al feriante o al cuidacoches porque no encuadra dentro de tal o cual ordenanza y, en definitiva, puede estar cometiendo a lo sumo una falta”, dijo Toniolli durante su exposición en el recinto. El edil del Movimiento Evita habló en esos términos para comparar el tratamiento que se le da, según su entender, a un trabajador informal y al empresario Lucio Di Santo.
“Decimos que se trata de un shopping y que es ilegal porque hay una ley que dice que se trata de una gran superficie y que para instalar un comercio de grandes superficies hace falta un estudio de impacto socioeconómico sobre la población sobre la que va a asentar, siempre que sea mayor a 600 mil habitantes”, consideró el concejal.
“Esto no se trata de un almacén ni un quiosco. ¿Cómo se les ocurre que este cuerpo puede quedarse callado frente a una situación de estas características? Yo no tengo dudas de que el señor Lucio Di Santo, que es el dueño de esto, es alguien que tiene un poder enorme en la ciudad de Rosario. No estamos en contra del capital por sí mismo ni estamos en contra de la creación de fuentes de trabajo. Digo esto porque es un argumento reiterado, como si estuviéramos hablando de un filántropo. Si crea esas fuentes de trabajo es porque se trata de alguien que le sirve para generar dividendos y para poder llevar adelante su negocio, lo que está muy bien, pero se tiene que encuadrar dentro de la ley”, se explayó Toniolli.
Largo proceso
En diálogo con El Ciudadano, el concejal explicó que Paso del Bosque se trata de un emprendimiento de largo proceso: “Viene de 2012 en el que hay una omisión de la Dirección General de Habilitación de Industria y Comercio (DGHI), que es la que tiene por obligación analizar los proyectos. Y básicamente esa área omitió encuadrar a esta gran superficie comercial precisamente en la ley de Grandes Superficies Comerciales, que dice que todo aquel emprendimiento que tenga más de 1.200 metros cuadrados cubiertos de mercadería expuesta, en municipios de más de 600 mil habitantes, tiene que ser considerado como grandes superficies”.
Toniolli agregó que “en este caso está muy por arriba, ya que tiene 14.500 metros cuadrados cubiertos”.
Acerca de la ley provincial
Según explicó el edil, en el punto E, apartado 4 del artículo 2 de la ley provincial 12.069, se establece que las grandes superficies comerciales “son consideradas como tal si cumplen con al menos uno de los requisitos que se detallan, entre ellos, que los establecimientos comerciales de carácter colectivo, centros de compras formados por un conjunto instalado en un mismo predio parque o edificación”.
“No hay duda que estamos ante uno de estos emprendimientos” que comprende esta norma, enfatizó el concejal, a la vez titular del Partido Justicialista en Rosario. Además, dijo que “la ley obliga a hacer un estudio de impacto socioeconómico sobre el empleo en los pequeño comercios y la incidencia en la trama productiva, entre otros”.
“La Confederación Argentina de la Mediana Empresa señaló en distintos estudios que por cada puesto que se crea en una gran superficie comercial se pierden tres en las pymes. Digo esto porque un argumento que circula por ahí es: «No pongamos trabas a alguien que está generando cerca de 500 puestos de trabajo»“, insistió.
“Con la ley en la mano se dan una serie de cuestiones: en 2014 la Cámara de Diputados requirió información a la provincia para saber si este proyecto estaba encuadrado en la ley de Grandes Superficies y desde el gobierno provincial respondieron que no sabían que existía la obra. La segunda pregunta fue acerca de qué iban a hacer, si le iban a imponer alguna multa, y ni siquiera contestaron. El Concejo Municipal, en junio, solicitó dos informes que no fueron contestados y en 2016 un grupo de concejales junto a vecinalistas y comerciantes fuimos a la Justicia y presentamos dos expedientes, uno era una cautelar para frenar la obra y el otro un encuadramiento de oficio para que el emprendimiento” se adecuara a la normativa, estas últimas acciones legales que fueron presentadas sin éxito en la Justicia, según dijo Toniolli.
Esa presentación judicial fue hecha en mayo de 2016 y estuvo a cargo de un grupo de ediles, que además de Toniolli incluyó a Mariana Magnani (Frente para la Victoria), Caren Tepp (Ciudad Futura) y Fernanda Gigliani (Iniciativa Popular), más representantes del centro comercial de Empalme Graneros, basada en la ley conocida como de intereses difusos.
De acuerdo con un estudio de la Came, citado por el concejal en su pedido de informe, “las ventas minoristas de las pymes finalizaron julio de 2018 con una caída de 5,8 por ciento frente a igual mes del año pasado, acumulando una baja de 3,2 por ciento en los primeros siete meses del año, por lo que en un contexto recesivo es necesario evitar emprendimientos que beneficien a grupos económicos concentrados y perjudiquen a aquellos comerciantes locales y en este caso además barriales”.
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