El secretario de Control y Convivencia Ciudadana municipal, Gustavo Zignago, mide cada palabra y busca evitar las declaraciones estridentes. Aún así durante la larga charla que tuvo con El Ciudadano no esquivó temas. El funcionario destacó los datos en torno a la merma en accidentes de tránsito y consumo de alcohol al volante. También habló sobre los cuidacoches, la venta ambulante e hizo eje en la declaración de la emergencia en seguridad en la ciudad.
—¿Qué balance de gestión hizo la Secretaría de Control sobre 2016?
—La violencia urbana es uno de los dos o tres ejes más complejos de resolución de ciudades con más de 100 mil habitantes. Rosario le aporta a esa circunstancia algunas particularidades. Reconociendo esto como un problema macro entendemos que los controles siempre pueden ser más y mejores. Pero estamos satisfechos con lo que hemos podido ir desplegando.
—¿Qué números respaldan eso?
—En seguridad vial asociada al alcohol los números son muy positivos. Hicimos 8 mil controles más que el año anterior, lo que significó un record. Los análisis que daban positivo traían una tendencia a la baja, y eso se siguió consolidando. Cuando asumimos el 14 por ciento de los controles daba positivo. Luego llegamos al 9 y al final en 2016 cerramos por debajo del 7 por ciento. En la ciudadanía hay un cambio. Después desembocamos en la narcolemia –control de droga de venta ilegal en conductores–, con la que estamos aportando un elemento transcendente. No sólo por lo que se controla, sino por el debate que se origina.
—El fin de semana anterior a este se dieron 4 casos positivos sobre 16 controles de narcolemia ¿Cómo se analiza ese dato?
—A primera vista a todo el mundo le pareció alto. Pero no es representativo. Para que se de algo más representativo van a tener que pasar estos 120 días dé prueba. Sabíamos que iba a pasar algo de esto por experiencias en otros lugares del mundo donde se implementó: las primeras marcas fueron altas. Estos controles están supervisados por personal médico que es el que define a quién se la hace a partir de un primer diagnóstico visual. Por lo que es muy probable que los controles siempre tengan un nivel de exactitud alto. La gente tendrá que ir asimilando que esto va a suceder y eso seguramente va a hacer que se cambie de hábito y se deje de consumir al momento de manejar. Porque lo que se persigue con esto no es al consumidor, sino a la conducción bajo los efectos del consumo.
—¿Con qué datos cerró el año pasado en torno a la cantidad de siniestros de tránsito con lesionados y fallecidos?
—Habían disminuido notablemente los accidentes con personas lesionadas. Eso representó un ahorro en la salud pública de algo más de 10 millones de pesos. Los datos de seguridad vial cierran de junio a junio. Por lo que las cifras comparan al primer semestre de 2016 con el segundo de 2015. La baja de los siniestros viene de la mano de la merma en el consumo de alcohol. Y también el control del uso del casco en las motos. Esto es muy auspicioso porque hay 10 millones de pesos más que se pueden aplicar a otro tipo de patología, que tienen más que ver con la genética humana que con decisiones voluntarias, como lo es manejar alcoholizado. Eso es un hábito que se puede transformar.
—En un primer momento la intendenta Mónica Fein se resistió a declarar la emergencia en seguridad en Rosario ¿Qué balance se hace ahora a pocos meses de la sanción de esa ordenanza?
—En Rosario hay algunos consensos políticos que llevan más tiempo del que a veces demanda la apreciación de un solo sector. La declaración de la emergencia tiene que ver con la interpretación que hace el Ejecutivo tanto provincial como municipal de que estábamos en un momento donde todas las agencias del Estado mirábamos qué le faltaba al otro. La intendenta y el gobernador (Miguel Lifschitz), a partir de las marchas y lo que estaba sucediendo en la ciudad, pudieron interpretar que la sociedad nos estaba pidiendo que trabajáramos más juntos. Si trabajar juntos significaba acudir a la herramienta de la emergencia, había que tomarla. Era lo que estaba pidiendo la sociedad. Creo que desde ahí es interesante la adopción de la declaración.
—¿Y en términos prácticos, qué cambió?
—Desde lo económico y administrativo fue importante. Simplificó procesos y adquirimos 64 vehículos, una compra histórica en el municipio. Además pudimos reponer cámaras de seguridad y estamos reconstruyendo el sistema de videovigilancia.
Cuidacoches: municipio pide marco regulatorio
—Algunos sectores de la oposición plantean que la situación de los cuidacoches se ha desbordado y piden más intervención estatal ¿Qué diagnóstico hace el Ejecutivo?
—Hemos trabajado en distintos escenarios con diversos resultados. No dejamos de reconocer que la problemática tiene un componente social muy alto. También sabemos que muchas veces son el último eslabón de una organización que lucra con esa necesidad o problemática social. Entendemos que las soluciones trascienden las posibilidades de un Estado local pero hemos aportado algunas herramientas alternativas y estrategias para abordar algunas conflictividades.
—¿Por ejemplo?
—La de permitir que lo gestione una ONG y que el dinero vaya también a un fin benéfico. Nos está dando buen resultado en La Florida y en los alrededores del circo Tihany (Parque Scarabrini Ortiz). Por función van más de 600 vehículos. No voy a decir que no ha habido dificultades pero ratifica que el formato de darle el sector a una ONG para que reparta entre el cuidacoche y el fin benéfico es un buen ejemplo. La responsabilidad frente a la gestión de la conflictividad la ponemos. A veces nos ha ido mejor, a veces peor. Lo que necesitamos es una reglamentación clara. La ley le da certeza al control. Si no la hay vamos estar naufragando en grises. La actividad puede ser conflictiva y nuestro accionar la gestiona y le da algunas soluciones.
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