Rosa Caminos y otras diez personas están en el banquillo por narcomenudeo

Rosa Anahí Caminos, una hermana del asesinado ex líder del paravalanchas de Newell’s Roberto “Pimpi” Caminos, y una decena de personas de su entorno comenzaron a ser juzgadas este viernes por la Justicia federal en una causa por comercialización de drogas al menudeo en barrio Tablada.

Los once imputados, para la acusación, ocupaban diferentes estamentos y funciones: unos contactaban a los proveedores, otros organizaban la logística de los puestos de venta y acopio. También había personas dedicadas a la seguridad de la estructura, dice la Fiscalía.

El Tribunal Oral Federal 3 (TOF3) –integrado por los jueces Eugenio Martínez Ferrero, Osvaldo Facciano y Ricardo Vásquez– está a cargo del proceso iniciado más de tres años después de los allanamientos que desbarataron la banda. Ese operativo se llamó Rosa Blanca, el color que a la cocaína y también el nombre de quien la acusación considera jefa de la banda.

En una sala dominada en las alturas por un Cristo crucificado, los once imputados escucharon la calificación que les endilgaron durante la etapa instructora y el fiscal general de juicio Federico Reynares Solari mantuvo posterior a la elevación a debate.

Se trata de cuatro mujeres y siete hombres, de los cuales seis siguieron la jornada desde el penal de Devoto, en la ciudad de Buenos Aires, por videoconferencia. Ninguno de ellos cuenta con antecedentes condenatorios previos.

A Rosa Caminos y Antonella Agüero se les atribuyó ser organizadoras de la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. A Rubén Alberto “Curu” César (esposo de Rosa), Joana Marisel César (hija de Curu y Rosa) y Rodrigo David “Pescado” Benítez (yerno de Caminos), se les atribuyó recibir órdenes de la mujer y distribuir droga, “siendo partícipes necesarios del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”.

A Yair Alejandro César (hijo de Rosa), José Luis “Chueco” Jofre, Gustavo Daniel Herrera y Claudio Daniel “Perro” Flores se les imputó vender cocaína y marihuana. “Coautores del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”, fue la figura que les enrostraron.

A Naila Ortellao se le imputó ejecutar las órdenes de Rosa y colaborar en los puntos de venta; por ello la figura que le achacan es partícipe necesaria de tenencia de drogas con fines de comercialización.

A Hernán Agüero, por su parte, se le atribuyó ejecutar las órdenes que recibía de su hermana Antonella Agüero y cumplir funciones de brindar seguridad y resguardar los puntos de venta; por ello fue procesado como autor del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

El primero de los testigos en declarar fue el comisario de la División Antidrogas Delegación Rosario de la Policía Federal Raúl Hirsch. El efectivo federal, habitué de juicios resonantes, brindó detalles de informes, intervenciones telefónicas y trabajos de campo en Presidente Quintana entre Beruti y Esmeralda, “una zona vinculada con la familia César”, según detalló. En esa zona “de catastro confuso” se contabilizaron seis bocas de expendio de drogas y otros domicilios de acopio.

En los comienzos de la investigación –se inició en junio de 2013 y culminó con allanamientos y detenciones en marzo de 2016 con el operativo Rosa Blanca– se evidenció que la banda operó, en un primer momento, con la protección policial de un connotado uniformado que ya ha sido protagonista de la crónica policial y cuya participación consta en escuchas de teléfonos pinchados, dijo Hirsch.

No es otro que Cristian Fernando Gelabert, un efectivo de calle cuyo perfil, se desprende de los expedientes, no tiene nada que envidiarle a un personaje sacado de una novela policial negra. Actualmente Gelabert afronta un juicio por liberar zonas a transeros de Empalme Graneros –jurisdicción de la comisaría 20ª, donde fue a parar después de trabajar en zona sur– y cobrar y hacer negocios con ellos, junto con otros policías.

Las tareas de campo en barrio Tablada con el fin de establecer roles y “llegar del apodo al nombre propio” de sospechosos no fueron sencillas, dijo el federal. El personal de la División Antidrogas, dijo Hirsch, actuaba encubierto y con autos civiles. Aun así, la zona de Presidente Quintana al 100 bis “era complicada: detectar la vigilancia (de los efectivos) era fácil; las personas que se dedican al narcomenudeo están pendientes de su entorno y había la presencia «clásica» de soldaditos”, describió. Por eso, una cámara IP que registraba movimiento las 24 horas fue montada en forma subrepticia sobre un poste. Pese a dificultades técnicas, las grabaciones se exhibieron durante la primera jornada de juicio.

También se escucharon conversaciones de teléfonos intervenidos a mediados de 2015 que, en su mayoría, describen situaciones cotidianas entre Rosa Caminos y su familia. Charlas íntimas que para la Fiscalía, en código, revelan detalles de la operatoria: las “chombas”, la “ropita” y las “bermudas” eran un mensaje cifrado para hablar de marihuana y cocaína.

Cuando los domicilios de Presidente Quintana fueron allanados, investigadores deslizaron como dato de color que una singular modalidad avisaba a la clientela cuando había mercadería disponible: colgaban una percha en la puerta.

El proceso continuará con la etapa de producción de la prueba el próximo martes, cuando declararán testigos policiales y civiles.