Agustín Rossi levantó el teléfono y los canallas que no fueron a la cancha vieron el partido de Rosario Central en vivo y directo por TV. “Ojalá la política sea tan sencilla”, debe pensar por estas horas el jefe de la bancada oficialista de diputados nacionales mientras disfruta del pasajero regocijo y reconocimiento que le retribuyó la gestión.
Mucho más difícil, imposible en realidad, es levantar el teléfono y ordenar el Partido Justicialista santafesino que preJtende conducir, ahora formalmente, ya sea personalmente o a través de un dirigente con su bendición.
Rossi carga de aquí hasta el día que venza el plazo de formalización de listas para las elecciones internas del 27 de mayo con una carga extra: desde que él y su espacio fueron los más votados en las elecciones primarias de mayo de 2011, tienen mayor responsabilidad que el resto en la construcción de un acuerdo interno que evite la contienda electoral que nadie prefiere, pero a la que nadie renuncia de antemano.
Su estrategia y sus objetivos tienen frente a sí a un peronismo en el que conviven diferentes situaciones. Hay quienes se han sentado a esperar sobre aquéllos votos, satisfechos con la cuota de poder que revalidaron; otros pretenderán hacer valer más sus reales; y otros, más necesitados, tienen que jugar activamente en todos los frentes para reconquistar un lugar bajo el sol y garantizarse poder seguir haciendo política desde una modesta vidriera. También hay quien en silencio, en el perfil bajo de la Cámara de Senadores, espera ver los movimientos, sin involucrarse, pero tampoco ajeno al pulso partidario. ¿Cuánto vale la opinión de Carlos Reutemann en la etapa de desreutemanización que empezó a vivir el PJ santafesino?
El frente legislativo
Todos en el peronismo quisieran una alianza interna porque ven que es el primer paso indispensable si se le quiere discutir la Gobernación al Frente Progresista en 2015. El problema, como siempre en política, es cuánto cede cada uno para alcanzar ese acuerdo. Todos saben qué quieren, pero todos tienen fórmulas distintas para llegar.
Hay varios frentes que exhiben la compleja trama del PJ santafesino. En el Congreso nacional los diputados santafesinos votan en distintas direcciones ante cada proyecto enviado por la Casa Rosada. Y en la Legislatura provincial ocho bloques peronistas conviven en Diputados y algo más de dos en el Senado. Con esa diversidad debe tratar Antonio Bonfatti, protagonista de una experiencia inédita de gobierno en minoría parlamentaria.
El estrangulamiento financiero del sector público es la marca de los primeros tres meses de su gestión. En Santa Fe se traduce en falta de liquidez, una deuda flotante que condicionó la caja durante el verano, obras públicas prácticamente paralizadas, incorporación de aumentos a la masa salarial, signos de estancamiento en los giros de coparticipación nacional y recaudación propia que pierde peso relativo.
Daniel Scioli sabía de qué hablaba cuando en su paso por Santa Fe hizo un guiño a la Casa Gris cuando le preguntaron sobre los cambios impositivos que están en plena negociación. Buenos Aires y Córdoba recurren hace tiempo a herramientas de financiamiento como las que empieza a explorar Santa Fe. Es más, ambas se preparan para enchufarles bonos a los contratistas y proveedores del Estado, que fueron aguantando la deuda flotante y ahora es posible que ni siquiera vayan a recibir billetes para pagar los salarios de sus empleados.
En las últimas horas de la semana una buena noticia llegó a la Casa Gris. Los senadores justicialistas autorizarán al gobierno a emitir letras del tesoro.Mañana le darán ingreso formal al proyecto de ley y el jueves le darán sanción con la sola modificación del artículo 2. El gobierno ataba ahí la cancelación del financiamiento que se tome cuando lleguen los fondos correspondientes a la partida provisional que la Nación dejó de pagar en 2006 y que es improbable que gire en 2012.
La autorización es por 456 millones de pesos, el equivalente a los fondos que la Nación debería cubrir este año de la cuenta previsional, y con ellos la Casa Gris se hará de dinero líquido en la caja, ya sea para levantar certificados de obra, completar la partida de salarios, o cancelar a proveedores.
Después del jueves será el turno de la Cámara de Diputados, donde todo está mucho más atomizado. El Frente para la Victoria asoma como el sector que mejor comprende la situación, pero ya dijo Luis Rubeo que antes de aprobar la toma de financiamiento a corto plazo con letras o una reforma tributaria –que entrará por el Senado y cuyos detalles finales el gobierno no termina de cerrar aún– quiere que le expliquen cómo se gastan los recursos. También advierte que si se autoriza la emisión de letras, quiere discutir qué compromisos y qué certificados de obras públicas se cancelarán.
Esta semana los intendentes y presidentes comunales del PJ volvieron a pasar por la Legislatura. En la reunión con los diputados peronistas dejaron un petitorio en la que proponen ir por todo: modificar el régimen de coparticipación a municipios y comunas, alterar el actual porcentaje de distribución del Fondo Sojero para pasar del 70/30 actual a un 50/50 y que el Fondo de Obras Menores se gire de forma automática, como la coparticipación. A ninguno de esos jefes comunales se le hubiera siquiera ocurrido atisbar algunas de esas ideas en tiempos que gobernaban Carlos Reutemann o Jorge Obeid, que por lo demás ni siquiera les enviaban el 13,43 por ciento de coparticipación que indica la ley y la mayoría ni siquiera abría la boca.
“Son aspiraciones legítimas de los intendentes, pero quedará para otro momento. Ahora con la reforma tributaria que se viene y la actualización del Impuesto Inmobiliario, en particular el Rural, van a tener muy buenos ingresos”, opinó un senador de la oposición.
Matrimonio gay, aborto y justicia
Tres cuestiones más que son dignas de valorar y destacar, entre otras cosas porque algunas de ellas concilian a esta provincia con una tradición progresista en materia de derechos civiles, como la pelea por consagrar el matrimonio civil en la segunda mitad del siglo XIX o la Constitución de 1921, entre otros.
Una primera cuestión tiene que ver con la decisión política de que Santa Fe sea pionera en extender el derecho al matrimonio igualitario a los extranjeros. Sancionado el año pasado a instancias de un proyecto del gobierno nacional, que ese derecho haya tenido esta semana una vuelta de tuerca y que la propia intendenta Mónica Fein, de un signo político diferente, haya sido testigo de la boda dan la pauta de que se ha trepado unos cuantos escalones.
Tampoco es una cuestión menor que Santa Fe, a diferencia de la mayoría de las provincias, ya cuenta con protocolos, decisión política y marco jurídico definido desde hace tiempo para cumplir con los casos de abortos punibles establecidos en la ley y que acaba de ratificar el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y que bien desmenuzó el periodista Luis Novaresio en la contratapa de hace ocho días de este diario bajo el título: “Un fallo sencillo y demoledor” (http://www.elciudadanoweb.com/?p=287914).
Por último, este mediodía llega a su fin en los Tribunales Federales de Rosario un juicio emblemático por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura y en especial en el marco del centro clandestino de detención y tortura que operó en el Servicio de Informaciones de la Jefatura de Policía. Que 36 años después la memoria siga viva como lo demostraron las miles y miles de personas, en su mayoría jóvenes, que se movilizaron el sábado último en todo el país, y que se puede hacer justicia a pesar de los años transcurridos, es invalorable para una sociedad golpeada como lo fue la Argentina del siglo XX. Y es invalorable gracias a los que lucharon toda una vida en busca de justicia y a la decisión y voluntad de los líderes de un proyecto político que luego tomaron esas cansadas banderas para ir a donde pocos creíamos que se podía llegar.
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