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Robo, justicia por mano propia y muerte: Una discusión que se acrecienta con la inseguridad

El caso del joven que atropelló a los ladrones que le robaron en Fisherton reavivó un debate que lleva años y se emparda con la violencia extrema que se vive en las calles. Las idas y vueltas de culpas y responsabilidades funcionales de un conflicto que está lejos de solucionarse


Las repercusiones sobre la decisión judicial de dejar detenido preventivamente por 60 días a Diego C. no paran. Se trata del joven que fue víctima de un robo a mano armada el jueves pasado, quién persiguió a los asaltantes y los chocó con su chata. Entre quienes dieron su impresión del tema se encuentran el vicepresidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios Gustavo Salvador y el senador Lisandro Enrico. Las opiniones en las redes en contra y a favor de la decisión y los disturbios que se produjeron en la concentración que se dio en la puerta del Centro de Justicia Penal este domingo tras conocerse la decisión, son un síntoma y una muestra de la sociedad en la que vivimos, las consecuencias del endurecimiento de las normas, el rol de cada uno de los poderes del estado y como lo ejercen los funcionarios y la necesidad de políticas públicas que contengan y canalicen los reclamos ciudadanos.

El fiscal del caso Patricio Saldutti, imputó a Diego C. por el delito de homicidio simple y pidió la prisión preventiva, planteo que acepto el juez Román Lanzón quien limitó la medida cautelar por 60 días. Durante la conferencia de prensa que el fiscal dio este domingo hizo hincapié en el video que tomó una cámara privada dónde se ve la moto y la camioneta por detrás, ambos vehículos se suben a la vereda y la chata los impacta desde atrás y se estrella contra un árbol. Para el fiscal hoy la evidencia lo inclina a un homicidio simple, entendió que hubo intensión de matar. Dijo que puede haber otras evidencia que surjan porque es una investigación que recién comienza y esperan la producción de evidencia que puede derivar en una imputación distinta. No descartó la emoción violenta y aseguró que no se pidió una domiciliaria porque el artículo 10 de Código Penal fija pautas estrictas para su dictado y dijo que el imputado no cabe entre las posibilidades. “Mi función como fiscal es orgánica” y agregó como integrante del poder judicial, en base al principio de objetividad, en esta instancia y con la evidencia lo correcto era pedir esta calificación y la prisión preventiva, aseguró.

La justificación del pedido de prisión preventiva giró en torno al endurecimiento de la norma y la imposibilidad de tener otras posibilidad cautelar. En ese marco el senador Enrico, uno de los promotores de la reforma al Código, habló con LT8 y cruzó el fundamento “la reforma lo que pedía era un poco más de criterio a los operadores de justicia, fiscales y jueces, en estos casos . Nosotros hacemos las leyes pero después el criterio, el sentido común lo tienen que tener los fiscales y los jueces”, aseguró.

Dijo que la prisión preventiva es una herramienta aplicable a una persona investigada para que no siga siendo un peligro o se fugue, no es aplicable en este caso a alguien como Diego. Y se preguntó
¿Cuál es el motivo para dejar preso preventivamente a Diego? ¿Se va a fugar? ¿Es peligroso? Es un delincuente consuetudinario, amenaza a las víctimas? No, contestó. Es una persona que pasó por situación horrible, le roban salió como loco, pasó lo que pasó ¿Cuál es el sentido para que la Justicia lo mande 60 días a la cárcel? No tiene sentido”, sostuvo. Y agregó: “No se puede tratar igual a los desiguales, la ley es la misma para todos pero los criterios van cambiando en función de los casos”. En cuanto al artículo 10 del Código Penal el legislador hizo una intromisión en el ámbito judicial y opinó: “Tampoco corresponde la prisión domiciliaria sino el proceso en libertad”. Habló de los requisitos de la prisión preventiva especialmente del tercero que se refiere a la peligrosidad procesal y dijo que en este punto el juez y el fiscal tiene que evaluar el caso en el sentido común. “Conocen mucho la ley pero no tienen indice de la realidad de lo que pasa en la sociedad”.

Otro funcionario que dio declaración también a LT8 fue el vicepresidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios de la 2° Circunscripción Gustavo Salvador. No aludió al caso concreto porque dijo que le puede tocar entender si se apela la decisión.
Tras aclarar que comparte y dimensiona la situación de angustia de la familia de esta persona imputada dijo que hay que tener en cuenta que la calificación es provisoria, que fue emanada por pedido de un fiscal y que seguramente la misma va a ser sujeta a revisión por un tribunal superior. Es una decisión que ha sido analizada conforme a la prueba que se tuvo, dónde el juez y el fiscal analizan primero la cuestión de fondo y también desde el punto de vista procesal dónde ya rige otro ordenamiento que es el código procesal penal que es el que evalúa la posibilidad de transitar el proceso en libertad o privado de la misma. “Lo que se decidió ayer es esta ultima cuestión en base a las pruebas que se presentaron”, dijo.

“Creo que acá lo que está haciendo un fiscal y un juez es interpretar las leyes, el legislador es el que instituye que determinadas posibilidades de acción tiene una persona que es víctima de un delito, que se a de llamar estado de necesidad o la legítima defensa y  tiene en cuenta parámetros de reacción”, contó al programa radial.

“Lo que toca a un fiscal o un juez es analizar si las personas, cuando reaccionan ante la comisión de un ilícito, están dentro del marco de reacción que está prevista en la norma o no. Quiero ser gráfico, una cosa es manifestar el descontento y el repudio, nosotros por ser funcionarios públicos estamos sujetos a las críticas de la sociedad. Pero una cosa es eso y otra un escrache o envalentonar con exponer a los fiscales o magistrados con sus direcciones particulares e incitar a que se tenga una respuesta hacia la persona del juez o fiscal por haber tomado una decisión y esto, en el marco de una convivencia democrática, no puede aceptarse”.

Y agregó: “Aquí tenemos que estar comprometidos todos los poderes del estado, el fiscal llega al caso y el juez llega a entender en un hecho así luego de la comisión del hecho, dijo. Nosotros tenemos que tratar, en todas las formas, de retrotraer esa línea de intervención y que no lleguen a suceder estas casos. Esto ha sido motivo de debate y de mucha discusión recordó el caso David Moreyra, el caso del ingeniero Santos”. Dijo que el debate sobre este tema viene desde hace años “no es una cuestión actual, la inseguridad la impotencia y la forma de reacción ante esa situación. Realmente es preocupante y a nosotros nos toca decidir y que se enmarque dentro de los parámetros de la ley, nos toca la interpretación”, concluyó.

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