Candela Ramírez
En abril de este año, se juzgó por primera vez la operación especial de Inteligencia del Ejército que cometió el llamado Robo a Tribunales el 8 de octubre de 1984. El material robado nunca se encontró; incluía documentos, fichas, fotos, armas, y constituía prueba fundamental para la megacausa Feced en las incipientes investigaciones por los crímenes cometidos por la dictadura en Rosario. Ahora, la Fiscalía que continúa impulsando la investigación por las responsabilidades del robo solicitó a la Secretaría Legal y Técnica de Nación que ese material sea desclasificado.
Aquellos documentos generados por las Fuerzas Armadas durante los años del terrorismo de Estado, entre 1976 y 1983, ya fueron desclasificados a partir de las políticas activas de memoria ejecutadas por los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, desde 2003 en adelante. Sin embargo, aquellos generados después de la dictadura probablemente estén clasificados por cuestiones de seguridad nacional. La Fiscalía se adelantó a la posibilidad de no poder acceder a ellos.
Fueron los militares: condenan en Rosario a un oficial del Ejército por el robo a Tribunales de 1984
El fiscal a cargo de la Unidad de Asistencia a las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos, Adolfo Villatte, contó a El Ciudadano: “El pedido se le hizo a la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación para que sea el presidente quien desclasifique toda información que pudiera obrar en la AFI (Agencia Federal de Inteligencia), en las fuerzas o en cualquier otro archivo del poder ejecutivo nacional que refiera a los hechos descriptos en la sentencia que se dictó condenando a Fructuoso Funes”.
Fue recién en abril de este año que se condenó por primera vez al único imputado vivo: Héctor Fructuoso Funes, de 86 años, quien fue jefe de Inteligencia e integrante del Estado Mayor del Comando del Cuerpo de Ejército II. La condena se logró a través de un juicio abreviado ya que temían que el imputado pierda la vida durante el proceso y el crimen quedara impune.
La Justicia probó la responsabilidad de al menos tres personas en el golpe comando al edificio de Tribunales Provinciales (Av. Pellegrini y Balcarce) la madrugada del 8 de octubre de 1984 y que fue organizado por Inteligencia del Ejército en pleno gobierno democrático.
Además de Fructuoso Funes, los imputados que ya fallecieron fueron Luis Américo Muñoz, segundo jefe del Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario, y Víctor Pino Cano, comandante y jefe del II Cuerpo de Ejército.
Villatte además explicó: “Por otro lado, la ley de inteligencia establece que recién se pueden desclasificar documentos cuando hayan pasado 15 años de la fecha del documento pero que tiene que ser a pedido del presidente de la nación, de acuerdo a la reglamentación que se disponga al efecto. Esa reglamentación todavía no se hizo por lo tanto el artículo en cuestión no está reglamentado y eso genera una nebulosa”.
Robo a Tribunales, casi cuatro décadas después: “Estoy segura de que ese material existe”
También dijo que “la ley de acceso a la información además contempla que el secreto no puede alcanzar a ninguna documentación que esté vinculada a la comisión de delitos de lesa humanidad. Esto quiere decir que, ya pasaron los quince años, pero además por el hecho de ser documentación vinculada a causas de lesa humanidad debería habilitarse el acceso a esa información. Lo vidrioso y complejo de la situación, motivo por el cual pedimos la desclasificación puntual, es que esta documentación que nosotros estamos buscando desde el 87 en adelante tiene que ver con la junta de calificaciones de Muñoz que fue uno de los imputados que murió y que dio un poco el puntapié inicial a toda la formación de la causa”.
Por otro lado, también recordó que la Fiscalía en su momento logró que el Robo a Tribunales fuera declarado “conexo a delitos de lesa humanidad, porque lo que se robó fue prueba que iba a acreditar la existencia, la comisión de delitos de lesa humanidad”.
La investigación continúa
Si bien a la Fiscalía le interesa encontrar los documentos, no es ese el trabajo que le compete sino que se ocupa de ampliar las responsabilidades del crimen. ¿Qué complicidades hubo? ¿quiénes más integraron la cadena de mando en las órdenes? ¿cómo obtuvieron toda la información sobre los allanamientos, los documentos incautados, la sala de Tribunales donde estaban guardados, la hora a la que llegaron?
Queda una sola testigo viva: Adriana Arce, sobreviviente de la última dictadura y denunciante que pudo ver la pila de archivos en una sala en Tribunales unas horas antes de su robo. Esa noche, Arce había prestado declaración y había participado de los allanamientos ordenados por el juez Francisco Fermoselle en distintos domicilios por toda la ciudad, que eran utilizados por militares y personal civil de inteligencia durante la dictadura. Eran espacios que habían funcionado como centros clandestinos de detención o como centro de tareas de seguimiento, recolección de información y despacho de muebles y objetos robados a las personas desaparecidas.
“La subordinación militar al poder civil, ese es el quid de la cuestión. Es un tema que tenemos muy flojito. Ahora hay que encontrar los documentos”
La propia declaración de Arce fue robada aquella noche. Cuando se enteró del hecho, a la mañana siguiente, se exilió del país y no volvió hasta 2004 cuando fue convocada por el gobierno de Néstor Kirchner para trabajar en la creación del Archivo Nacional de la Memoria. Justamente, por su trabajo en este lugar, por la cantidad y la variedad de documentaciones oficiales que encontró, Arce asegura que esos archivos robados no fueron destruidos: “Estoy segura de que siguen existiendo”, repite en cada entrevista.
Al mismo tiempo, señaló: “Si supiéramos dónde están no podríamos acceder si no tenemos decreto presidencial para acceder a ellos. Este es el primer problema que se nos presenta. Lo terrible de toda esta situación es comprobar que el presidente es el comandante en jefe de todas las fuerzas armadas constitucionales pero el ejército siguió operando ilegalmente, estas cosas fueron hechas a espaldas del presidente de entonces, Raúl Alfonsín. Y seguro pasaron muchas cosas más. De hecho el caso de Julio López es otra cosa parecida”.
Arce siente la urgencia del tiempo, en cada contacto con este medio recuerda su edad —este año cumplió 75—, que los imputados por delitos de lesa humanidad se están muriendo y además le preocupa enormemente que este sea un año electoral. Necesita la firma del decreto por parte del presidente Alberto Fernández, ya que puede haber un cambio de signo político y eso podría incluso empeorar el avance de este trámite.
“El problema que tenemos en los períodos democráticos o constitucionales es cómo se controla el poder militar para que no siga actuando por su cuenta al margen de sus comandantes en jefe”, explicó y agregó: “La subordinación militar al poder civil, ese es el quid de la cuestión. Es un tema que tenemos muy flojito. Ahora hay que encontrar los documentos. Necesitamos conseguir que el gobierno nacional desclasifique los documentos. Si no tenemos eso, no podemos hacer absolutamente nada, no podemos entrar a ningún lugar a buscar documentación”.
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