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A prisión

Ricardo Jaime, el primer preso K

Tras la orden de detención del juez Ercolini, en una causa por sobreprecios en la compra de material ferroviario usado, el ex secretario de Transporte se entregó en sede de la Policía Federal en Córdoba.


El ex secretario de Transporte de la Nación Ricardo Jaime quedó ayer detenido a la espera de su indagatoria por el juez federal Julián Ercolini, quien lo investiga en una causa por presunto pago de sobreprecios en la compra de material ferroviario usado a España y Portugal en el año 2005. De ese modo, Jaime se convirtió en el primer ex funcionario kirchnerista preso por presunta malversación de fondos.

En la resolución en la que ordenó la detención del ex funcionario kirchnerista, el juez sostuvo que “los fondos abonados por el material rodante adquirido eran de desproporción exorbitante en relación a su calidad y funcionalidad real”, lo que “hace presumir que grandes sumas de dinero fueron sustraídas de la esfera de la administración pública por los funcionarios a quienes fueron confiadas”.

La adquisición, realizada en el marco del llamado “Plan Nacional de Reorganización, Recuperación y Modernización del Ferrocarril Nacional” demandó una erogación de algo más de 100 millones de euros, pero dado el pésimo estado de vagones y locomotoras destinados al ramal Belgrano Cargas “no sirvieron ni siquiera como repuestos”, añadió Ercolini.

El magistrado, que le tomará indagatoria mañana, invocó el peligro de fuga de Jaime a raíz de su “capacidad de relaciones residual para la facilitación de vías de transporte para eludir la acción de la Justicia”, así como su situación judicial, ya que ya tiene tres condenas, aunque ninguna firme.

También ordenó la detención de su ex asesor ad honorem Manuel Vázquez, vinculado a una consultora española que recomendó la compra, para indagarlo en la misma causa.

Además llamó a cumplimentar el mismo trámite, sin detenerlos pero con prohibición para salir del país, al sucesor de Jaime en el cargo, Juan Pablo Schiavi, quien será indagado el viernes 8, y a Ignacio Soba Rojoy y Ricardo Testuri.

El primero se desempeñaba como presidente de la empresa Caesa, que según la resolución cobró “altas comisiones” en concepto de honorarios para la prestación de servicios de asistencia técnica en relación al material ferroviario adquirido a España y Portugal, por lo que “cabe sospechar, determinó la dirección de sus intervenciones en las conductas descriptas”, sostuvo el juez.

Jaime, sobre quien pesan ya dos condenas por delitos de corrupción, se entregó a media mañana de ayer en la sede de la Policía Federal del barrio Alta Córdoba, en la capital mediterránea, desde donde comenzó su traslado poco después hacia la Capital.

Poco antes de hacerlo, en declaraciones a un canal de TV, calificó de “innecesaria” su detención alegando que “ni siquiera” había sido indagado en la causa, y consideró que su abogados harán “las presentaciones que tengan que hacer”.

La orden judicial incluyó la instrucción para que ambos detenidos sean alojados en la Unidad Especial Investigaciones y Procedimientos Judiciales “Buenos Aires” de Gendarmería Nacional, vecina a los tribunales de Comodoro Py.

Desde allí serán trasladados mañana a primera hora al cuarto piso del edificio judicial, donde está el despacho de Ercolini, quien fijó la audiencia a las 10.

La decisión judicial tuvo rápida repercusión política. La diputada oficialista Elisa Carrió (ver aparte), tras elogiar la “honestidad” de Ercolini, vaticinó las detenciones del ex jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y del ex ministro de Planificación, Julio De Vido.

A su vez, el ex auditor general de la Nación, Leandro Despouy, consideró “indudable” que las responsabilidades en los casos de corrupción en esa materia llegan a las “máximas autoridades” del anterior gobierno nacional.

Tras cumplir el trámite tribunalicio, Ercolini podría liberarlos o procesarlos y eventualmente mantenerlos detenidos si considera que persiste el peligro de elusión u obstaculización de la Justicia.

Jaime y Schiavi fueron condenados a 9 y 6 años de prisión, respectivamente, en diciembre pasado, en el juicio por la tragedia ferroviaria de Once, por los delitos de “administración fraudulenta en perjuicio del Estado nacional” por el pago de subsidios estatales a la ex concesionaria TBA y la simultánea falta de mantenimiento de trenes del ferrocarril Sarmiento.

En el caso de Jaime, el tribunal oral unificó su pena de cinco años con otra anterior por recibir pasajes de regalo del empresario Sergio Cirigiliano, a quien debía controlar con titular de una concesión de servicios públicos.

En su orden de detención, Ercolini se refirió a la “gran significancia económica y de corrupción” de las maniobra investigadas dado que Jaime, en su carácter de titular de la Secretaría de Transporte de la Nación, fue quien firmó los contratos como parte de convenios internacionales autorizados por el Poder Ejecutivo.

Las compras a la española Renfe fueron por 76,3 millones de euros (306 millones de pesos al cambio de entonces) y a la portuguesa Caminhos de Ferro Portugueses por un total de 25,6 millones de euros (unos 100 millones de pesos).

“Me alegro”, dijo Carrió

La líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, celebró ayer la detención del ex secretario de Transporte Ricardo Jaime y resaltó que “era el momento de que en Comodoro Py se pusieran los pantalones”. “Me alegro, aunque en realidad Jaime tendría que estar detenido hace diez años”, manifestó la diputada y agregó: “Los jueces tienen que responder ante la sociedad ante tanta acumulación de pruebas. Es el camino de la República y lo tenemos que transitar todos”.

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