Un incendio ocurrido la madrugada de ayer en la cárcel de San Miguel, al sur de Santiago, Chile, provocó la muerte de 83 reclusos y dejó 14 heridos, a la vez que generó una polémica sobre la situación del sistema penitenciario y la intervención del presidente, Sebastián Piñera, quien prometió investigar todas las responsabilidades sobre el siniestro.
“La situación penitenciaria en nuestro país no resiste más”, aseveró el mandatario chileno al presentarse en la Posta Central, el centro asistencial al que fue derivada la mayoría de los heridos por el incendio desatado a las 6 de la madrugada de ayer luego de una riña entre reclusos.
El jefe de Estado aseguró que “se van a perseguir todas las responsabilidades”.
“De hecho el fiscal ya está haciendo las investigaciones para determinar si hubo negligencias, errores o irresponsabilidades por parte de las personas que estaban a cargo”, señaló.
Las primeras informaciones detallaron que las llamas se propagaron tras la quema de colchones, producto de una pelea entre los reos de los dormitorios 4 Norte y 4 Sur, de la Torre 5, y habría sido intencional, según el fiscal regional de la zona sur, Alejandro Peña, quien se constituyó junto a personal de la Brigada de Homicidios en la cárcel de San Miguel.
La magnitud de la tragedia estuvo relacionada con que las llamas se propagaron en sólo tres minutos por el piso 4 de la torre 5, lo que impidió que los reos que se encontraban en el lugar escaparan del recinto, según informó el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, luego de hablar con el fiscal.
Sin embargo, el ministro de Justicia, Felipe Bulnes, reconoció que “sin adelantar conclusiones finales, hay que destacar lo difícil que se hacen los operativos en una cárcel en condiciones de hacinamiento” como la de San Miguel, que tenía una capacidad de 1.100 reclusos, es decir 800 menos de los que albergaba.
Este es un problema que heredamos del pasado que no vamos a dejar de enfrentar”, dijo Piñera al afirmar que su gobierno va a “acelerar la forma de que Chile tenga un sistema carcelario humano y digno, propio de un país civilizado”.
En ese sentido recordó que se elaboró un programa de once medidas que se encuentran en “plena ejecución” que se dio a conocer el 15 de octubre pasado, pero aclaró: “No podemos hacer milagros en esta materia, pero sí más de lo que se estaba haciendo antes”.
El presidente aseguró que está en marcha la construcción de tres nuevas cárceles modulares y “una serie de programas que apuntan a mejorar la calidad de vida y las posibilidades de reinserción de los chilenos privados de su libertad”.
Según la defensora penal pública, Paula Vial, “Chile es el primer país de América latina con mayor población privada de libertad”, y está ubicado “inmediatamente después de Estados Unidos, que tiene una de las tasas más altas del mundo”.
Tras la reforma procesal penal, el número de presos en Chile pasó desde 30.000 a comienzos de los años 90 a más de 55.000 en la actualidad.
Por otra parte, un informe elaborado por la Corte de Apelaciones, fechado el 14 de octubre último, advertía que sólo cien gendarmes, divididos en tres turnos, cuidaban de los 1.924 internos de la cárcel de San Miguel.
El propio Piñera reconoció ayer que al momento del incendio “había 26 gendarmes en el perímetro exterior y seis gendarmes en el interior, lo que por supuesto no es suficiente”.
El informe suscripto por la ministra Ana María Arratia Valdebenito sostiene que en la Torre 5 donde se produjo el incendio, habita un total de 484 reos primerizos condenados, procesados o detenidos, de todos los niveles de compromiso delictual.
El informe de la magistrada concluye que el recinto penal “es sucio, húmedo y maloliente”, además de que no existía mayor disciplina por parte de la guardia penitenciaria para establecer un orden al momento del descanso de los internos.
Una vez pasada la emergencia el ministro de Justicia garantizó que “no hay situación de motín, y el resto del penal se encuentra en normalidad”.
Tras las primeras informaciones de la tragedia, llegaron al lugar decenas de voluntarios de bomberos y numerosos familiares de los reclusos, que, angustiados y en su intento por obtener información sobre sus parientes, derribaron varias de las rejas perimetrales.
Piñera indicó que las familias fueron notificadas directamente y de forma privada sobre la muerte de sus parientes, y añadió que a esta altura “prácticamente la totalidad” de los fallecidos fueron identificados.
En cuanto a los heridos, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, señaló que sufrieron “quemaduras en la vía aérea, quemaduras faciales, están entubados con ventilación mecánica en diferentes recintos hospitalarios”, y su evolución es “muy incierta”, por lo que “hay que esperar muchas horas, sino días, para poder establecer cuál va a ser su pronóstico”.
El funcionario indicó que entre los heridos hay un bombero lesionado de mediana gravedad y tres funcionarios de Gendarmería resultaron con heridas de moderada consideración.
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