Esteban Guida y Rodolfo Pablo Treber
Fundación Pueblos del Sur (*)
Especial para El Ciudadano
En oportunidad de conmemorarse la semana de Mayo, momento histórico de sucesivos acontecimientos que pusieron de manifiesto nuestra vocación de autodeterminación, resulta de vital importancia pensar, y repensar, el estado actual de soberanía política e independencia económica de nuestra Patria. No tendría sentido alguno celebrar esta fecha patria si no están presenten los motivos principales que motivaron las grandes luchas y batallas de nuestra historia.
Porque no todo fue celebración popular. Al día siguiente a la Revolución de Mayo, es decir, el 26 de mayo de 1810, la Junta firmó un acuerdo de libre comercio con Gran Bretaña, formalizando y legalizando la destrucción del aparato productivo local, que, aunque de bajo nivel tecnológico, daba trabajo y bienestar a los pueblos del interior. Si hubo luchas sangrientas fue claramente por la negativa popular a aceptar una forma política centralizada que imponía un modelo económico de librecambio, a todas luces perjudicial para los intereses de los pueblos de la naciente Nación.
La soberanía política y la independencia económica de nuestra Patria fueron fuertemente debilitadas por intereses privados y extranjeros, instaurándose un modelo librecambista que beneficiaba a unos pocos comerciantes (luego terratenientes) porteños, en detrimento de las mayorías populares (empresarios y trabajadores) del interior.
Esta histórica disputa entre dos modelos de país claramente antagónicos (también por sus aspectos culturales y territoriales) quedó marcada en la historia hasta el día de hoy. Por un lado, un proyecto de Patria hispanoamericana soberana, industrial, económicamente independiente gracias al autoabastecimiento de su producción; por el otro, un modelo de país colonial, pro británico, de exclusión y dependiente del flujo internacional de capitales.
Fue bajo el gobierno de Juan Manuel de Rosas que la Argentina pudo quebrar este modelo colonial con medidas claras y concretas (Ley de Aduanas). Protegiendo de manera inteligente la producción manufacturara local, mejoró notablemente la condiciones de vida de la población, equilibró la balanza comercial y quebró las estructuras de poder oligárquico establecidas hasta entonces. Pero tras la derrota en 1852, en la batalla de Caseros, la nueva oligarquía deshizo sin demoras todas las medidas proteccionistas orientadas al interés nacional, imponiendo nuevamente por la fuerza y la violencia un modelo aperturista, especulativo, agroexportador y colonial.
Pero la lucha se fue dando a pesar de todo. Durante el gobierno de Yrigoyen, el poder económico en manos de ingleses, holandeses y norteamericanos, no permitía el desarrollo industrial de los argentinos; hubo que producir por mano propia el petróleo, el querosén, las naftas que los extranjeros negaban. Se crea así la petrolera estatal YPF, que da impulso y soberanía a nuestra incipiente industria.
El quiebre de modelo tuvo lugar durante el gobierno de Juan Domingo Perón, que con el poder popular organizado logró los cambios estructurales necesarios para la reconversión de la matriz productiva, hecho que permitió desligar los factores que sostenían la dependencia de la economía nacional. El desendeudamiento externo, la administración del ahorro doméstico en sentido al interés nacional, el control del comercio exterior, la creación de empresas del Estado en aquellas áreas industriales, entre otras cuestiones, permitieron el crecimiento cuantitativo y cualitativo de las exportaciones, la adquisición de grandes bienes de capital con la finalidad de sustituir importaciones, la realización de grandes obras de infraestructura y logística, y la protección de un fuerte mercado interno basado en el trabajo y la justicia social.
El cambio estructural no se apoyó en inversiones privadas, extranjeras o acuerdos multilaterales; el gobierno de Perón planificó la economía utilizando al Estado como medio promotor desde los sectores estratégicos. Por ejemplo, en 1948 se crea el Astillero Río Santiago para dar inicio a la industria naval en gran escala. El 30 de noviembre de 1951, en Córdoba, se crea la Fábrica de Motores y Automotores, y el 28 de marzo de 1952, Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado (Iame), con la función de desarrollar las industrias aeronáutica y automotriz.
Lejos de tratarse de un impulso meramente orientado a la industria liviana para el consumo, se implementó un plan siderúrgico nacional, con la constitución de la empresa Somisa para producir acero en el país; se impulsó la industria química pesada desde Fabricaciones Militares, creando las plantas de Río Tercero, José de la Quintana y Tucumán; la empresa Gas del Estado y, en 1950, la Comisión Nacional de Energía Atómica.
Este tan ambicioso plan requirió una fuerte voluntad política y tuvo lugar en un contexto determinado que agilizó sus resultados, de tal modo que, pasados seis años, en el plano financiero alcanzó posición internacional acreedora y, en el plano social, la plena ocupación de su población económicamente activa, en condiciones de bienestar y dignidad nunca antes vividas por el conjunto de los argentinos.
A pesar de los múltiples intentos por destruir sus bases, aquel modelo de producción reivindicativo de nuestras raíces históricas y culturales permaneció de pie durante tres décadas, hasta que finalmente, en 1976, otra vez mediante una violenta dictadura cívico militar, se implementó en su reemplazo un modelo aperturista de economía de mercado. Otra vez un corte abrupto, antinacional y extranjerizante, volvió a imponer el modelo de país colonial que nos ubica, dentro del mercado global, como exportador de materias primas e importador de manufacturas industriales.
Si este cambio tuvo un notable efecto, fue gracias a que modificó drásticamente la estructura del modelo vigente (como después de Caseros…), que eran a su vez la base de sustentación del poder popular y de la soberanía nacional. Con ese objetivo es que se destruyó nuestra Marina Mercante, se privatizaron los puertos y desreguló el comercio exterior, relegando al capital transnacional responsabilidades inherentes al Estado que hasta el momento ejercían el Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio (Iapi), la Flota Mercante del Estado y Flota Argentina de Navegación de Ultramar, que posteriormente conformaron la Empresa de Líneas Marítimas Argentina (Elma).
Esta política subordinó nuestra economía a la exportación agropecuaria y al dólar estadounidense, y, desde ese momento es que, año a año, vemos salir mayor cantidad de materia prima alimenticia por nuestros mares, mientras las riquezas quedan en cuentas bancarias extranjeras; como corolario, existen cada vez más compatriotas que padecen hambre en tierras de abundancia. De esta forma, el país fue conducido al actual estado de dependencia al flujo internacional de capitales que explica, en gran medida, la restricción externa que padece la economía cada vez que intenta expandir su producto.
Por lo expuesto, resulta urgente asumir la trascendencia de ese conflicto histórico y volver a poner en discusión el proyecto de país en el que queremos vivir. En otras palabras, debemos asumir las variantes de nuestra lucha por aquella liberación nacional inconclusa.
No alcanza con discutir medidas de estabilización. Hay que poner en crisis el actual modelo productivo, las estructuras de poder que lo defienden y la dependencia de los factores que la someten. Cuando un gobierno (cualquiera sea el partido que lo postula) soslaya, elude o niega esta cuestión, es lisa y llanamente porque está aceptando la dependencia económica que nos priva de toda chance de alcanzar soberanía política y justicia social.
Hoy, ante la ausencia de propuestas concretas a los problemas que causan la grave situación de la Argentina, el camino de la solución debe retomar la senda recorrida en las históricas luchas por la liberación nacional. El proyecto nacional que hoy debemos realizar, no es otro que la continuidad y actualización de las políticas que condujeron la independencia económica, la soberanía política y la justicia social en nuestra Patria.
(*) fundacion@pueblosdelsur.org
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