Política

Hermanos en armas

Revolución Federal: imputan a Flavio Caputo por su vínculo comercial con líder ultraderechista

El titular de la empresa Caputo Hermanos, hermano del ex ministro de Mauricio Macri llamado Luis y apodado Toto, alega haber contratado los servicios del referente de la agrupación de ultraderecha para la provisión de muebles para un edificio en la zona de Vaca Muerta


Nicky Caputo, el empresario amigo del alma de Mauricio Macri, y su primo Luis Caputo, ex ministro de Finanzas.

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi tuvo por imputado al empresario Flavio Caputo, titular de la empresa Caputo Hermanos, que contrató los servicios del referente de la agrupación de ultraderecha Revolución Federal para la provisión de muebles para un edificio en la zona de Vaca Muerta.

“A los efectos de salvaguardar el más amplio derecho de defensa, desígnese a Matías Cúneo Libarona como abogado defensor de Flavio Caputo”, resolvió el juez.

Caputo, a través de su abogado, había formulado una explicación por escrito sobre la relación comercial con la carpintería de Morel y en las últimas horas presentó documentación adicional en ese mismo sentido.

El juez Martínez de Giorgi decidió notificar a Cúneo Libarona que “deberá presentar digitalmente la aceptación de cargo” como defensor del empresario, hermano de un ex funcionario del gobierno de Mauricio Macri.

Al mismo tiempo, el juez –a instancias del fiscal Gerardo Pollicita- ordenó procedimientos en inmuebles situados en las localidades bonaerenses de Boulogne, Pablo Podestá y Loma Hermosa, donde supuestamente funcionan establecimientos comerciales vinculados con la provisión de mobiliario para el edificio que Caputo Hermanos construyó en la zona de Vaca Muerta.

Los procedimientos fueron dispuestos para “inspeccionar y tomar vistas fotográficas y/o video-filmaciones, en pos de establecer si se observa infraestructura y maquinaria acorde a los servicios que les habrían sido requeridos, directa o indirectamente, por el Fideicomiso Espacio Añelo”.

El juez también aceptó como querellantes en la causa a las legisladoras porteñas del Frente de Todos Claudia Neira y Maia Daer, quienes ya iniciaron un expediente penal en la Justicia de la Ciudad porque fueron hostilizadas en un acto público por militantes de Revolución Federal previo al intento de magnicidio de la vicepresidenta, Cristina Kirchner.

“En virtud de la conexidad existente con estos actuados, téngaselas por presentadas en ésta causa en esa calidad”, dispuso Martínez de Giorgi.

Caputo Hermanos es propiedad de Flavio Luis Nicolás Caputo y Hugo Luis Pascual Caputo, hermanos de Luis “Toto” Caputo, ex ministro de Finanzas del Gobierno de Mauricio Macri.

A la vez, son primos de Nicolás Caputo, empresario amigo del expresidente Mauricio Macri.

En la causa el juez ya procesó sin prisión preventiva, luego de ser excarcelados por orden de la Cámara Federal porteña, a Morel, Leonardo Sosa, Sabrina Basile y Gastón Guerra, todos miembros de Revolución Federal.

Están imputados por haberse organizado para llevar a cabo “un plan criminal, que tuvo por objeto imponer sus ideas y combatir las ajenas por la fuerza o el temor”.

Este “plan”, según la acusación, incluyó la proliferación de consignas violentas en redes sociales y la multiplicación de manifestaciones en las calles con el objetivo de intimidar a dirigentes políticos y militantes principalmente ligados al oficialismo.

La semana próxima se realizará una audiencia en la sala I de la Cámara Federal porteña para comenzar a tratar las apelaciones a esos procesamientos.

En un dictamen en el que reclamó medidas de prueba la semana pasada, el fiscal de la causa Gerardo Pollicita sostuvo que ” las sumas de dinero aportadas por el fideicomiso Espacio Añelo durante el año 2022 se dieron principalmente entre los meses de mayo y agosto, esto es recordemos, el período en el que no sólo la agrupación Revolución Federal inició su actividad pública como tal, sino también durante el lapso temporal en el que desplegó sus acciones más violentas”.

También señaló que surge de la investigación que “la operatoria en sí habría rondado los 13 millones de pesos y que habría involucrado a una mayor cantidad de personas que, en la hipótesis planteada por aquellos, habrían actuado como proveedores contactados por el propio Morel”.

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