Negui Delbianco
Yolanda tiene 24 años, es madre de tres pequeños y vivió la mayor parte de su vida en situación de calle. En 2016 había denunciado a su pareja por violencia de género, pero la presentación fue desestimada. El 29 de febrero de ese año la detuvieron en un taxi junto a este hombre, que la violentaba cada vez que podía.
Los policías les encontraron ropas y objetos robados de un local de deportes. El hombre firmó un procedimiento abreviado a 2 años de prisión en suspenso por este hecho y otro robo, mientras que para Yolanda no hubo acuerdo, a pesar de los esfuerzos que hizo su defensor oficial Francisco Broglia.
Habían pasado tres años cuando la Fiscalía la llevó a juicio y pidió 2 años y 3 meses de prisión condicional por el delito de encubrimiento calificado por el ánimo de lucro en calidad de coautora, “sin que se advirtiera su vulnerabilidad”, expresó Broglia en su momento.
El juicio oral terminó el 2 de marzo de 2019, cuando el juez Román Lanzón la absolvió por el estricto beneficio de la duda. La fiscal Guillermina Aiello apeló la decisión y el martes de la semana pasada dos magistradas y un juez del Colegio de Segunda Instancia revocaron la absolución: Yolanda fue condenada a un año de prisión en suspenso.
“Este 19 de mayo, la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Rosario ha dictado un fallo completamente carente de perspectiva de género condenando a Yolanda, una joven en situación de pobreza, sin trabajo fijo ni hogar estable y víctima de violencia de género”, fue lo primero que remarcó la Asociación de Pensamiento Penal Santa Fe.
Los profesionales relacionados con el sistema penal que están nucleados en la ONG alertaron sobre la criminalización del caso de Yolanda en todas las instancias judiciales a las que fue sometida, haciendo especial hincapié la persecución que sufre una mujer “extremadamente vulnerable por ser madre, joven, pobre, sin trabajo estable y víctima de violencia de género”.
El caso de Yolanda
Para cuando comenzó el derrotero judicial, Yolanda, quien había sido madre a los 14, vivía en una construcción a medio terminar frente al hospital Provincial junto a sus entonces tres hijos y su pareja, Roberto Villagra. Yolanda lo había denunciado por violencia de género pero la presentación fue desestimada, explicó en su momento su defensor Broglia.
El 29 de febrero de 2016, la detuvieron junto a su pareja y sus tres hijos a bordo de un taxi con elementos robados. En ese momento, el fiscal Fernando Rodrigo –que tuvo que renunciar envuelto en un escándalo por ordenar escuchas telefónicas ilegales a su ex novia– le imputó haber parado un taxi para ir a la casa de su hermano en compañía de sus hijos. Al llegar frente a una obra en construcción, el taxista vio que ella y un hombre empezaron a sacar cosas de atrás de una chapa que, después se supo, eran prendas deportivas robadas por Villagra. El taxista dio aviso a la policía.
En 2018, Villagra aceptó un procedimiento abreviado y para el 2019 ya estaba en libertad asistida, mientras que Yolanda siguió vinculada con el proceso.
Su defensor del Servicio Público explicó que existió la posibilidad de una salida alternativa pero no tuvo la aprobación de la Fiscalía Regional Rosario. Desde que la apresaron, la Secretaría de Niñez intervino en su caso y dispuso una medida para que la muchacha no pudiese estar con sus hijos. En esos años, Yolanda consiguió que un tío la alojara y comenzó los trámites para recuperar la tenencia de sus hijos, que entonces tenían entre 6 meses y 10 años.
En esa situación estaba en febrero de 2019, cuando se sentó en el banquillo de los acusados para enfrentar un juicio oral y público por encubrir el robo. En el debate, el defensor remarcó el desconocimiento de la Fiscalía sobre la situación de esta mujer víctima de violencia de género, marginada, en estado de vulnerabilidad y criminalizada por el sistema judicial.
El marzo de 2019 el magistrado Román Lanzón la absolvió, la fiscal Aiello apeló la resolución y el martes de la semana pasada, las magistradas Carina Lurati, Georgina Depetris y su par José Luis Mascali revocaron esa resolución y condenaron a un año de prisión de ejecución en suspenso a Yolanda.
Es su análisis, el tribunal del Colegio de Segunda Instancia –antes la Cámara de Apelaciones de Rosario– concluyó que estaba claro el dolo, o sea en la intención, de Yolanda de encubrir el hecho de que los objetos que cargaron en bolsas en el taxi había sido robados por el que era su pareja, Villagra.
“Que fuera maltratada por su consorte de causa no le quita mérito al dolo, ni a la comisión del delito. No le quita voluntad de valerse de esa acción para mantener su economía con ello”, explicó Lurati en sus fundamentos que fueron votados por Depetris y Mascalli.
“Lo que ha señalado el Sr. Defensor en orden a la vulnerabilidad extrema de la mujer en razón para considerar la dificultad que ha tenido para contrarrestar la motivación de la norma sin que ello implique que no pudo comprenderla o que tuvo alguna restricción en su libre ámbito de autodeterminación, de modo que considero que es justo aplicar el mínimo legar de la pena posible”, agregó en su análisis la magistrada.
Desde la Asociación de Pensamiento Penal tuvieron en cuenta estos fundamentos y remarcaron la ausencia de perspectiva de género ya que “al considerar que el hecho de que fuera «maltratada no le quita mérito al dolo, ni a la comisión del delito», ignoran por completo la dificultad de tomar decisiones autónomas por quien se encuentra en contexto de sometimiento”.
En un comunicado, la ONG señaló que, “igual de grave resulta el hecho de que luego de la absolución de un año atrás, prácticamente ningún área del Estado se acercó a Yolanda con el objeto de asistirla en todas las dificultades que enfrentaba: la situación de calle, la falta de trabajo, la violencia de género que continuó sufriendo y las medidas impuestas por la Secretaría de Niñez respecto de sus hijos, fueron la única respuesta que encontró”.
Y concluyó, “nuevamente el Estado se hace presente, pero únicamente en su faz punitiva, olvidando cualquier intervención constructiva y política pública para hacer frente a la vulnerabilidad de Yolanda sin que se promuevan las medidas alternativas a la persecución penal, que disminuyan la violencia y que tiendan a la realización de una verdadera justicia restaurativa”.
Casi tres años después la llevan a juicio por un encubrimiento
Asociación Pensamiento Penal
La Asociación Pensamiento Penal es una organización no gubernamental integrada por personas relacionadas al sistema penal (por su ocupación en Fiscalías, Defensorías, la magistratura y el ejercicio de la abogacía, además de estudiantes) y se los conoce por la revista digital de ciencias penales www.pensamientopenal.com donde promueven una administración de justicia moderna, ágil y eficaz, en sintonía con los postulados básicos del programa constitucional.
La publicación sobre el fallo de Yolanda de la Asociación de Pensamiento Penal titulado “Comunicado APP Santa Fe: Nuevamente, la Justicia patriarcal” se puede leer completo haciendo click aquí
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