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Apelación

Revisaron las penas a los acusados de abuso sexual

Los imputados son cuatro hombres, quienes fueron condenados por someter en 2010 a dos hermanas de 11 y 12 años.


Durante la mañana de ayer se revisó una condena impuesta a cuatro hombres por el delito de abuso sexual con acceso carnal y gravemente ultrajante. El debate comenzó dos horas después de lo previsto y tuvo como base la revisión del monto de la pena impuesta a los enjuiciados por abusar, en el año 2010, de dos hermanitas de 11 y 12 años. Según la investigación judicial que se generó luego de una denuncia presentada por una referente del Movimiento Evita, el papá de las víctimas –Víctor Walterio C., de 57 años– además de maltratar a las nenas –física y verbalmente– las entregaba a hombres mayores que abusaban de ellas. Por el hecho, el juez de Sentencia 5ª condenó al progenitor a 11 años de prisión. A su vez, el magistrado entendió que dos vecinos de las niñas, identificados como Agustín Velásquez, de 55, y Alfredo Sánchez participaban en estas prácticas sexuales al igual que Antonio Cataldo, de 60 años, un empresario de la verdura y empleador de Sánchez, quienes fueron condenados a 9 años de prisión. La audiencia pasó a un cuarto intermedio cuando se conocerá la decisión de la Cámara Penal.

El debate sobre la apelación de la condena comenzó a las 11 de ayer y fue presidido por un tribunal compuesto por Otto Crippa García, en la presidencia, Carlos Carbone y Georgina Depetris. Los cuatro acusados presenciaron la audiencia mientras sus defensores Jorge Fantoni, Jorge Bedouret (por Cataldo), Oscar Castro, defensor del padre de las víctimas, Estrella Galán por el vecino Sánchez y José Luís Giacometti por el mecánico Agustín Velásquez expresaron sus cuestionamientos al fallo condenatorio dictado por Gustavo Salvador, a cargo del Juzgado de Sentencia 5ª.

Los planteos tuvieron como fin la absolución de sus defendidos y estuvieron anclados en tres puntos básicos. La declaración de las víctimas en cámara gessel, la que socavaron con diversos argumentos como: no fueron entrevistadas previamente por un grupo interdisciplinario como dice la ley, se tomó antes de la fecha pautada, la médica forense que llevó adelante la entrevista generó una inducción en las respuestas y la entrevista preliminar donde estuvo presente la querella y sus peritos que, según sostuvieron, no estaban designados en la causa y le dieron su panorama del caso a la profesional.

La segunda prueba que cuestionaron fue la versión de las niñas, en un claro intento de desarticular la veracidad de los dichos, donde resaltaron “su inteligencia para evitar los peligros de la vida” y se dijeron frases como “han dicho lo que su protector quiso escuchar” o “las menores no tuvieron la reacción lógica y normal de los abusados”.

Y la tercera prueba que discutieron fueron los informes de dos exámenes médicos que se efectuaron sobre las niñas, los que tildaron de contradictorios. Las defensas sostuvieron que el primero de ellos, hecho horas después de los abusos, no determinó defloración y que se dificultó el examen por falta de colaboración de las niñas mientras que el segundo, efectuado 4 meses después, habla de desfloración de vieja data y determina la existencia de violación.

La fiscalía y la querella

A su turno, la fiscalía representada por María Eugenia Iribarren y el abogado querellante Ricardo Lamas, del Centro de Asistencia Judicial a la Víctima (CAJ) que patrocina a la madre de las niñas, rechazaron los planteos de los defensores y solicitaron la confirmación de la sentencia. Las partes hicieron hincapié en la historia de las hermanitas, quienes fueron abandonadas por su madre y vivían con su padre y la nueva pareja de éste donde eran sometidas a maltratos físicos y psicológicos y que también eran abusadas con conocimiento de su progenitor, detallaron. Además, pusieron el acento en la edad de las chicas y reprocharon los cuestionamientos a los dichos de las niñas. “El hecho de que existiera el abuso generó una pueblada que terminó con el incendio de una casa”, refirió Iribarren.

A su vez, desde la fiscalía y la querella sostuvieron la capacidad e idoneidad de la profesional que realizó la cámara gessel, defendieron la sentencia del juez a la que tildaron de impecable y afirmaron que los informes médicos sobre las niñas fueron complementarios. La audiencia pasó a un cuarto intermedio, tras el cual se conocerá la decisión de la Cámara Penal.

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