La Cámara Federal de Resistencia revocó la regulación de honorarios por más de 1300 millones de pesos que el Dr. Jorge Palud había asignado a abogados de Vicentin SAIC en el marco de la causa iniciada en 2008 por parte de la cerealera de Avellaneda contra la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuaria (ONCCA).
El tema viene de larga data, cuando el abogado Palud era conjuez en el Juzgado Federal de Reconquista. Cumpliendo esa función, reguló honorarios para abogados de Vicentin en el marco del juicio que la empresa le ganó a la ONCCA.
El 5 de junio de de este año, el abogado Héctor Vizcay solicitó la habilitación de la feria extraordinaria judicial a efectos de que se regulen sus honorarios. Seis días después, el conjuez le dio el ok, pero esa decisión luego fue revisada y revocada por la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia.
Entre los fundamentos esgrimidos por Palud, mencionó que la AFIP incumplió con el pedido de información oportunamente solicitado y que tuvo que resolver apurado por el abogado quien alegó necesidad alimentaria. Además, justificó que la base regulatoria se expresa en dólares, atendiendo a que la demanda oficial de la que los abogados defendieron los intereses de Vicentin fue en dólares y con esa moneda calculó los honorarios profesionales.
Ahora Palud quedó bajo investigación por haber resuelto que los abogados de Vicentin debían recibir más de 15 millones de dólares, además del 13% de aportes, más otro 21% de IVA. Al cambio oficial del 9 de junio, cuando Palud firmó la regulación, resultan más de 1000 millones de pesos para los abogados pero, con aportes e impuestos, la cifra supera los 1300 millones de pesos.
La parte resolutiva del fallo de Cámara Federal de Resistencia hace lugar al recurso de apelación y modifica los honorarios regulados por Palud a favor de los abogados Héctor Luis Vizcay y Horacio Ruiz Moreno, en la suma de 2.568.695 pesos para cada uno, y de Cristian Rosso Alba en la suma de 2.062.956 pesos.
El fiscal federal Jorge Salum indicó al portal ReconquistaHOY que Palud será investigado por el delito de prevaricato (cuando un juez o una autoridad judicial dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial a sabiendas de que dicha resolución es injusta y contraria a la ley), mientras que el juez federal de Reconquista Aldo Alurralde corrió vista al Consejo de la Magistratura para que también investigue a Palud.
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