El llamado sonó casi como una súplica: “Muchachos, me están operando por todos lados y dicen que no quiero el diálogo social. ¿No podemos hacer una reunioncita, aunque sea para la tribuna, sin agenda y en el lugar que ustedes digan?”.
Quien había levantado el teléfono era Hugo Moyano, secretario general de la CGT; sus interlocutores fueron alternativamente tres altos dirigentes de la Unión Industrial Argentina (UIA). El líder camionero, consciente de que desde fuentes del gobierno poco menos que se lo sindicaba como el responsable de que no hubiera arrancado el Consejo Económico para el Desarrollo Social que había lanzado la presidenta en la Conferencia Industrial de la UIA, les pidió un favor a sus recientes amigos de la central fabril.
Su pedido fue atendido: esta semana, en día (podría ser hoy o mañana) y lugar (¿la sede de Camioneros, el edificio de la UIA?) sin agenda y –sobre todo– sin presencia oficial alguna, Moyano y Héctor Méndez (presidente de la entidad empresaria) compartirán un café sin temario y con el único propósito de que el secretario general de la CGT “salve la cara”.
Lo concreto es que no habrá reuniones para el “pacto social” antes de marzo del año próximo. Está claro que el gobierno tiene, por estas horas, problemas mucho más acuciantes como para derivar tiempos y esfuerzos de sus funcionarios clave (léase el ministro de Planificación Julio De Vido) a un acuerdo que nació básicamente cosmético y cuyas aplicaciones prácticas y objetivo todavía no han sido siquiera esbozados.
La queja telefónica del camionero se extendió justamente a De Vido, al que le imputó no tener interés alguno en motorizar el acuerdo. “No nos llama, no nos convoca, no organiza nada… Tenemos que hacer algo nosotros para demostrar que esto no está muerto”, habría sugerido Moyano.
José Ignacio de Mendiguren, secretario general de la UIA, confirmó que el encuentro Méndez-Moyano se hará, y no descartó que puedan sumarse otros dirigentes. Sin embargo, le quitó entidad a ese encuentro. “El Consejo debe nacer como un organismo tripartito: los gremios, los empresarios y el gobierno. A esa reunión le estará faltando la tercera pata. De todos modos, es un tema delicado y debe ser tratado como tal, ir despacio y sentarnos cuando sepamos bien en qué dirección avanzar”.
En otras palabras, nada cambió: el Consejo seguirá siendo un proyecto que intentará apuntalar las posibilidades electorales de la actual presidenta en las próximas elecciones, y para eso falta casi un año; no tendría sentido –desde la óptica oficial– gastar la “bala de plata” del acuerdo con gremialistas y empresarios tanto tiempo antes de los comicios.
En lo que sí están tratando de avanzar ya es en los acuerdos sectoriales tendientes a impedir una disparada de los precios y las demandas salariales. En el gobierno se considera clave la gestión que está llevando a cabo el ministro de Trabajo Carlos Tomada con los representantes de la poderosa Copal (la megacámara de la alimentación). Parecía que llegaría a buen puerto, pero tropezó con el histórico recelo de los empresarios de ese sector a la posibilidad de que les impongan precios máximos, un corsé que no están dispuestos ni a probarse.
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