El gobierno español de Pedro Sánchez celebró este viernes un excepcional consejo de ministros en Barcelona, que los independentistas tildaron de “provocación” y recibieron con protestas que desencadenaron en carreteras cortadas, manifestaciones y enfrentamientos con la policía.
“Lo que hemos venido a hacer aquí es un acto de afecto, de aprecio a Cataluña y Barcelona”, dijo la portavoz del ejecutivo socialista, Isabel Celaá, al concluir el consejo de ministros.
Sánchez quiso celebrar este consejo en Barcelona para rebajar tensiones con el ejecutivo regional catalán, en manos de los independentistas. Anteayer mantuvo un encuentro con su jefe, Quim Torra, que según Celaá buscó “encauzar políticamente la salida del conflicto en Cataluña”, luego del intento de independencia del año pasado.
Hubo grandes manifestaciones de independentistas que terminaron con la intervención de la policía: lo que ocasionó 12 detenidos y 51 heridos, 30 de ellos agentes, según las autoridades regionales.
Más allá de lo aprobado en el palacio Llotja de Mar, el foco se situó durante todo el día en un sinfín de convocatorias de protesta por la celebración de la reunión gubernamental, especialmente en las inmediaciones del edificio gótico.
No faltaron manifestantes encapuchados que lanzaron contenedores, piedras, vallas, huevos, botellas y petardos a los agentes.
Con lemas como “desbordémoslos” o “seremos ingobernables”, distintos grupos independentistas habían convocado acciones para bloquear Barcelona.
Desde el amanecer, los activistas de los llamados Comités de Defensa de la República (CDR) cortaron una decena de carreteras en Cataluña, entre ellas importantes autopistas que comunican la región con Francia y Madrid. También fueron bloqueadas importantes vías de acceso a Barcelona, luego reabiertas, según el servicio regional de tráfico.
Sánchez buscaba desactivar la tensión de las últimas semanas con este encuentro, que culminó con un comunicado conjunto donde ambos gobiernos se comprometieron a “un diálogo efectivo” para “avanzar en una respuesta democrática a las demandas de la ciudadanía de Cataluña, en el marco de la seguridad jurídica”.
El encuentro fue enérgicamente criticado por la oposición conservadora al gobierno central español. Pablo Casado, líder del Partido Popular, dijo que “parecía una cumbre entre dos gobiernos de dos países distintos”, y lo tachó de “acto de traición a España”.
Medidas concretas y otras simbólicas
En el consejo de este viernes en Barcelona entre el gobierno central español y las autoridades catalanas se aprobaron para el año próximo dos medidas de fuerte calado social, que serán adoptadas por decreto: un incremento del salario mínimo del 22%, y un alza de los sueldos de los funcionarios del 2,25%.
También hubo medidas simbólicas hacia Cataluña. El gobierno decidió que el aeropuerto de Barcelona-El Prat pasará a llamarse Josep Tarradellas, en honor del que fuera presidente catalán en el exilio durante el franquismo, y primer presidente regional con la democracia.
A la vez, el gobierno de Pedro Sánchez condenó el consejo de guerra que en 1940, en la dictadura franquista, decidió el fusilamiento de Lluís Companys, ex presidente catalán que en 1934 proclamó la independencia.
“Venir a Barcelona para cambiar el nombre del aeropuerto (…) a lo mejor no hacía falta, con todo el costo que supone”, le reprochó la portavoz del gobierno regional, Elsa Artadi.
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