Esteban Guida (*)
El comienzo del año 2018 estaba cargado de una euforia oficialista producto del moderado crecimiento que había experimentado la economía argentina en 2017. Sin embargo, algunos ya veníamos planteando las debilidades de un modelo económico basado en la especulación financiada con endeudamiento público externo, y destacando que no había motivos para celebrar ningún avance en materia de desarrollo económico y social con justicia y equidad.
El año comenzaba con el penoso antecedente de la conferencia de prensa brindada el 28 de diciembre de 2017 por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, acompañado por el ministro de Hacienda, el ministro de Finanzas y el presidente del BCRA. Fue allí donde el gobierno autodecretó el suicidio de su política antiinflacionaria, fijando una meta del irrisoria del 15%, luego de haber incumplido consecutivamente sus propias pautas inflacionaria.
La fallida e imprudente política monetaria impulsada por Federico Sturzenegger llevó el stock de Lebac a casi 1,2 billones de pesos, equivalente a 66.500 millones de dólares (con un tipo de cambio cercano a los 18 pesos). Por su parte, las reservas internacionales se ubicaron en 55.700 millones de dólares a principios de enero pero, días más tarde, subieron 9.000 millones más, producto de la entrada de dólares que generó una colocación extraordinaria de nueva deuda pública externa previendo un endurecimiento del mercado financiero.
La desprolijidad con la que se manejó la política económica y cambiaria del país, más el impacto de ciertos factores nacionales (el menor ingreso de divisas del sector agropecuario) e internacionales (la suba de la tasa de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos) precipitaron la desconfianza respecto a la solvencia de una economía dispuesta para fugar la riqueza generada en un juego especulativo, prolija y legalmente instrumentado por el propio gobierno nacional. Cuando se conoció que el desbalance externo del año 2017 había superado los 30.000 millones de dólares, y que por los datos del primer trimestre de 2018 se proyectaba un déficit de 40.000 millones de dólares, los principales ganadores del modelo, (ex) jefes de los funcionarios del gobierno que orquestaron el modelo, desataron una corrida cambiaria que hizo estallar el modelo idealizado por Cambiemos.
En mayo, el tipo de cambio del BCRA empezó el mes a 20 pesos y culminó en 25 pesos. Esto implicó una depreciación del 20% en solo un mes. Entre abril y mayo se perdieron alrededor de 11.500 millones de dólares. Fue allí cuando el gobierno nacional jugó su última carta y recurrió al Fondo Monetario Internacional a pedir un salvataje económico para dar respuesta a una crisis que fue presentada como una “turbulencia”, sin reconocer ningún error más que el optimismo infundado de un resultado que nunca ocurriría.
Sin embargo, el anuncio de un acuerdo con el Fondo, que se suponía iba a generar mayor confianza, no frenó la corrida y llevó el tipo de cambio a 28 pesos por dólar, a pesar de que en sólo 20 días el Banco Central dilapidó 2.000 millones de dólares más del stock de reservas.
En síntesis, desde el 1° de enero hasta la confirmación del primer acuerdo con el Fondo, el 20 de junio de 2018, el tipo de cambio se depreció un 50% y se perdieron alrededor de 13.500 millones de divisas de las reservas internacionales. Específicamente, se habló de dos corridas cambiarias: la primera, que comenzó el 25 de abril y duró alrededor de 20 días, y la segunda, cerca del 14 de junio, que impulsó la llegada de Luis Caputo a la presidencia del BCRA para reemplazar a Federico Sturzenegger tras su fracasada gestión.
Las peripecias del mercado cambiario se trasladaron inmediatamente a la economía real, generando un gran desorden en los precios relativos, impulsado así un importante aumento en la inflación. Pero la disparada inflacionaria también se alimentó de la quita progresiva de subsidios económicos en las tarifas de los servicios básicos (electricidad, gas y agua) y combustibles, y la consecuente suba de aquellos componentes dolarizados de las mismas. Quedó claro que, a pesar de la crisis, el gobierno seguiría ponderando el interés de un reducido grupo de corporaciones económicas y a respetar a rajatabla las indicaciones del FMI.
Para colmo de males, la economía sumó los efectos de la peor sequía de los últimos años, hecho que afectó seriamente al sector agrícola y las industrias afines. El sector “Agricultura, ganadería, caza y silvicultura” cayó 31,3% en el 2° trimestre de 2018 con respecto a igual periodo de 2017, habida cuenta de que la base de comparación de 2017 resultó alta porque fue un año de cosecha record.
A pesar de la devaluación, el modelo no cerraba sus déficits más grandes (el fiscal y el externo), de allí que cueste encasillar el modelo macrista dentro de los postulados neoliberales más estrictos. El agujero fiscal, seguía creciendo con el rigor de la deuda, y el déficit de la cuenta corriente llegó a los 17.855 millones de dólares en el primer semestre del año (alrededor de 4.000 millones más que el déficit registrado en igual periodo del año anterior).
Al cierre del primer semestre de 2018, el esquema económico idealizado por Cambiemos se encontraba sepultado por la realidad, pero lejos de considerar las propuestas internas y los reclamos de vastos sectores de la sociedad el gobierno se volcó plenamente a las recetas y exigencias del FMI con tal de recibir el financiamiento necesario para terminar el año y salvar su mandato.
Las condiciones impuestas fueron, desde luego, muy duras y exigentes para la mayor parte de los argentinos. El segundo semestre mostraría el peor rostro de un modelo que, en Argentina, vuelve a fracasar como esquema ordenador de los recursos y del bienestar general.
(*) fundacion@pueblosdelsur.org
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