José Luis Vázquez es el abogado que representa al senador provincial justicialista Armando Traferri, involucrado en la causa por juego clandestino que tomó un giro ante el fallo judicial que le quita el blindaje de los fueros. Un día después de esa novedad, este martes, el letrado adelantó que le recomendará al político del departamento San Lorenzo no presentarse ante un seguro llamado a indagatoria. A la par, cuestionó como “una fantochada” la resolución del camarista penal José Luis Mascali, quien declaró inconstitucional una parte del artículo 51 de la Constitución provincial: el que exige una autorización expresa –por mayoría especial de dos tercios de sus pares de Cámara– para habilitar la imputación de un legislador.
Mascali revocó este lunes una resolución de la jueza Eleonora Verón que beneficiaba a Traferri y declaró la inconstitucionalidad de los fueros absolutos. Por lo mismo, le dejó el camino allanado a los fiscales de la megacausa de juego clandestino, Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, para solicitar la imputación del ex intendente sanlorencino. Los representantes del Ministerio Público de la Acusación apuntan al legislador, en principio, como jefe-organizador de la actividad lúdica ilegal en la provincia.
“Le aconsejaré que no atienda el requerimiento”, adelantó el abogado Vázquez sobre su recomendación a Traferri. “Lo recibimos con estupor, porque Mascali lo que hizo es declarar inconstitucional la Constitución. No tiene ningún efecto práctico. Es una fantochada”, embistió el letrado.
“La causa que se pretendió iniciar está archivada con respecto a Traferri. Negado el desafuero (por parte de sus colegas legisladores en la Cámara alta), la causa automáticamente se archiva, dice el Código. Entonces, cómo lo van a llamar a declaración imputativa en una causa archivada?”, argumentó el letrado.
El mismo día, con visión opuesta, el fiscal Schiappa Pietra admitió que “es una causa muy compleja que involucra al juego ilegal”, en la que hay “por delante una investigación muy grande” en la que junto a su colega Edery pretenden “avanzar y arribar a una solución”.
Respecto del fallo de Cámara que le desconoce fueros a Traferri, Schiappa Pietra negó una sorpresa: “Advertíamos que había una inconstitucionalidad muy importante que se debía torcer con la judicialización, como se hizo”, dijo y abundó: “Sabíamos que era dificultoso, pero estábamos esperando estos resultados”.
Edery y Schiappa Pietra habían solicitado al Senado santafesino el desafuero de Traferri en diciembre del año pasado. Ese primer intento por indagar al legislador chocó con la voluntad de sus pares en la Cámara: lo rechazaron por 15 votos contra 4. Los fiscales apelaron ante la jueza Verón, que tiene a su cargo la causa y refrendó el blindaje del artículo 51 de la Constitución. El nuevo movimiento de los fiscales dio vuelta la taba otra vez, con el dictamen del juez de Cámara Mascali, que para el defensor del senador “es entrarle a la ley por el patio de atrás”.
Declararon la inconstitucionalidad de los fueros legislativos y se complica la situación de Traferri
“Para investigar a un legislador hay que reformar la Constitución. Estoy de acuerdo con que la redacción del artículo 51 pueda necesitar un aggiornamiento. Pero para eso hay que formar la Carta Magna y para eso se debe convocar a la Asamblea Legislativa. Lo que hizo Mascali fue escribir en el agua”, continuó el letrado Vázquez.
El cimbronazo da para largo. “Es su estrategia y, en base a su reacción, veremos los pasos a seguir”, evaluó el fiscal Edery las declaraciones del abogado de Traferri, en el sentido de recomendarle no acudir a una audiencia imputativa. Es lo que se viene: “Le vamos a pedir a la Oficina de Gestión que efectivice una citación al senador. Veremos si será posible antes de la feria”, siguió el representante del MPA.
El fiscal aseguró que junto a su colega Schiappa Pietra reunieron “abundante evidencia contra el senador, que tuvo un rol clave en esta red” de juego clandestino. Una trama, abundó, que abre cajas de pandora: “La evidencia que tenemos refleja que esta red también financió a la política”.
Disputa por el régimen disciplinario
En un nuevo capítulo del enfrentamiento que llevan adelante el Ministerio Público Fiscal (MPA) y la Legislatura respecto a la norma que regula el régimen administrativo y disciplinario a fiscales, defensores y funcionarios del MPA, el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina y el Consejo Federal de Política Criminal rechazaron, a través de un comunicado, el avasallamiento a MPA.
Ambos consejos afirmaron que resulta incomprensible que en una de las provincias más importantes y con mayor trayectoria institucional del país se haya decidido reformar el régimen administrativo–disciplinario de fiscales, defensores y funcionarios del Ministerio Público poniéndolo en manos de otro Poder. Entienden esta decisión como un retroceso y “la vuelta a un régimen de control estricto sobre quienes deben llevar adelante el esclarecimiento de hechos ilícitos con absoluta autonomía y libertad”, aseguraron.
Desconocen si las motivación de esta decisión está basada en algunas investigaciones vinculadas a actores políticos “de ser así, la gravedad de la medida tendría ribetes inusitados, habida cuenta que la misma tendría como único objeto, marcar un límite no establecido por la ley en las investigaciones que llevan adelante los fiscales” y apoyaron el aval que el máximo tribunal provincial “otorgó a esta reforma, declarando, mediante un fallo dividido, su constitucionalidad”.
El texto dice que “sostener el poder administrativo-disciplinario de la Legislatura sobre la estructura del Ministerio Público de la Acusación, importa subordinar su actuación judicial perdiendo autonomía funcional e independencia orgánica” e instaron a los tres poderes del Estado provincial para que modifiquen el régimen administrativo disciplinario.
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