Política

Lesa humanidad

Represión al Villazo: indagan a 46 sospechosos por la sangrienta militarización

Entre los imputados por los crímenes cometidos entre 1975 y 1976 contra trabajadores figuran ex ejecutivos de la empresa Acindar, ex funcionarios y ex integrantes de fuerzas militares y de seguridad. Para la Fiscalía, la firma prestó colaboración indispensable para que se llevara adelante la masacre


El juez hizo lugar a la solicitud del fiscal general Adolfo Villatte.

El Juzgado Federal Nº 4 de Rosario, a cargo de Marcelo Bailaque, hizo lugar a la solicitud del fiscal general a cargo de la Unidad de Derechos Humanos de esa jurisdicción, Adolfo Villatte, y ordenó la declaración indagatoria de 46 imputados por delitos de lesa humanidad perpetrados entre enero de 1975 y septiembre de 1976 en Villa Constitución, según informó la Procuraduría General de la Nación.

Los hechos ocurrieron en el marco de la represión ilegal a trabajadores, referentes sindicales metalúrgicos y abogadas de los empleados de las distintas empresas que tenían su sede en la localidad del sur santafesino, y de los habitantes que respaldaban la lucha sindical.

El accionar represivo incluyó secuestros, torturas, allanamientos ilegales y en algunos casos asesinatos, en perjuicio de 77 víctimas que habían sido parte de la protesta obrera conocida como Villazo.

En este marco, el juez federal también dispuso la prohibición de salida del país de los imputados, que deberán declarar en la causa a partir del próximo 25 de marzo.

Por esta causa, el representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) había solicitado en marzo de 2017 la declaración indagatoria de 102 personas, entre ellas ex policías federales, funcionarios de gobierno, ex miembros de la Prefectura Naval y ex militares.

Según detalló la investigación del MPF, las víctimas del cerco represivo habían logrado previamente reivindicaciones obreras a pesar de las presiones de los directivos de las empresas metalúrgicas y la conducción nacional de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) que habría actuado en complicidad con la empresa.

Asimismo, el MPF considera acreditada la responsabilidad de los directivos de aquel período de Acindar, en tanto la empresa metalúrgica habría dispuesto de lugares para el alojamiento y la utilización de las fuerzas de seguridad, además de aportar vehículos, pagos de sobresueldos a los grupos de tareas, ofrecimiento de información a las fuerzas de seguridad y la elaboración del listado de personas para ser detenidas.

 

Contextualización histórica

 

En su reconstrucción, la Unidad de Asistencia a las causas por violaciones a los Derechos Humanos había enmarcado que en 1974 la seccional local de la UOM estaba intervenida y que los trabajadores metalúrgicos de Villa Constitución iniciaron medidas de fuerza para poder elegir a sus propios representantes.

En Acindar se gestó una comisión interna encabezada por Alberto Piccinini, que se enfrentó a la conducción nacional de Lorenzo Miguel. La empresa intervino en el conflicto con la expulsión de doce delegados.

El conflicto derivó en una huelga en marzo de 1974. En ese contexto, la Policía Federal inauguró una sede en dependencias del llamado Albergue de Solteros de Acindar.

De las centrales fabriles más importantes, los trabajadores tomaron en señal de protesta Marathon y Acindar y abandonaron Metcon, que había sido ocupada por la Gendarmería nacional.

Luego de una semana, los interventores de la UOM les informaron a los trabajadores que se llamaría a elecciones, por decisión de la dirigencia oficial.

A tal efecto se realizó una reunión, al cabo de la cual se supo que aquella promesa no sería llevada a cabo. “Por esa razón se decidió tomar de nuevo Acindar. La medida fue acompañada por todo el pueblo de Villa Constitución, en especial los comerciantes, que de diversas maneras colaboraron con los trabajadores: les enviaban comida y cosas que necesitaban”, reconstruyó la Fiscalía en base a testimonios.

Después de unos días, intervino el Ministerio de Trabajo de la Nación. La comisión interna de Acindar logró la reincorporación de los despedidos y la promesa de elecciones en 120 días a cambio de desocupar las empresas.

Tras los comicios, triunfó la lista Marrón, encabezada por Piccinini. El interregno hasta las elecciones –que se concretaron recién en noviembre de 1974– estuvo signado por actos violentos y atentados con bombas a las sedes donde se reunían los representantes sindicales opuestos al oficialismo en la UOM.

Ese triunfo –describió la Fiscalía– cambió radicalmente la situación y dio lugar a una serie de avances respecto de los derechos de los obreros que generaron numerosas tensiones con el sindicalismo hegemónico.

La investigadora de Flacso y del Conicet Victoria Basualdo, cuya tesis doctoral versó sobre estos hechos, declaró en la causa que el triunfo de la lista Marrón “desencadenó una larga lista de reformas en el sindicato local, se mejoró la atención médica, se propuso crear un Policlínico que no existía, se trabajó con los delegados para elaborar anteproyectos de paritarias, se reactivaron los Congresos de Delegados entre Fábricas, y se logró una articulación con otros sectores de trabajadores locales, incluyendo trabajadores portuarios, ferroviarios, municipales, textiles, aceiteros, de comercio, bancarios y maestros entre muchos otros; con los cuales se hacían reuniones periódicas y planes de trabajo conjuntos. En este marco se lograron reivindicaciones económicas muy importantes para los trabajadores, aumentos de salarios en la mayor parte de las empresas y se concretaron acuerdos muy por encima de los convenios y lineamientos del gobierno”.

 

Cerco represivo

 

El fiscal señaló que la tensión con el empresariado y el sindicalismo oficial aumentó de manera paralela con los logros laborales. “Las autoridades políticas, en connivencia con los empresarios, y a través de las fuerzas armadas y de seguridad, decidieron aplicar un programa represivo –que luego se profundizó– en Villa Constitución, cuyos principales objetivos fueron disciplinar al movimiento obrero y avanzar en el proceso de concentración de las empresas siderúrgicas, como veremos más adelante”, describió.

El 20 de marzo de 1975 la ciudad fue “literalmente militarizada e invadida por la Policía Federal Argentina, la Gendarmería, la Prefectura, las policías provincial de Santa Fe –incluyendo a la división de guardia rural Los Pumas– y bonaerense, grupos parapoliciales de la Triple A y de la Juventud Sindical, personal de la Secretaría de Inteligencia del Estado y del Ejército”.

En total, unos cuatro mil efectivos a bordo de 105 vehículos que “hicieron pinzas en las salidas de las fábricas y se llevaron detenidas alrededor de 300 personas; entre ellos, todos los directivos de la UOM local, la Comisión Interna de Acindar, más distintos activistas”.

La represión se generalizó y hubo homicidios y allanamientos a las viviendas de los trabajadores y al comité local de la UOM, que fue intervenida.

Los trabajadores iniciaron una huelga que se extendió durante sesenta días, que contó con el apoyo mayoritario de los metalúrgicos, de los sindicatos industriales del cordón y de las fuerzas democráticas.

“A partir de ese momento –narró Villatte–, se inició una verdadera cacería que perduró hasta el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 y continuó con posterioridad, aunque adquiriendo otras características. La estrategia de aniquilamiento de la resistencia obrera fue notoria en todo el cordón industrial y, en nuestra zona, no sólo incluyó a Villa Constitución, sino también a Rosario, San Nicolás y San Lorenzo. Esa fue la dimensión de la represión a ese colectivo de trabajadores; todo estaba orientado a detener a una vanguardia sindical que cuestionaba al viejo modelo”.

Las víctimas secuestradas en esos días fueron trasladadas a la jefatura policial de Villa Constitución, a la Delegación Rosario de la Policía Federal, al Albergue de Solteros de Acindar, a la jefatura de Policía de Rosario, a la Prefectura, a la Brigada de San Nicolás, a Coordinación Federal y al propio local de la UOM, “lo que demuestra la coordinación y planificación entre las fuerzas represivas”, indicó el fiscal.

Villatte precisó que las razones alegadas por el gobierno para llevar adelante esta represión constan esencialmente en un comunicado conjunto de varios ministerios nacionales, emitido el 22 de marzo de 1975, que dice que los informes de inteligencia permitieron detectar un “complot inusual, consistente en una vasta operación subversiva terrorista” en la zona industrial del río Paraná, entre Rosario y San Nicolás.

Los objetivos, señalaron, consistían en paralizar la producción industrial y copar y usurpar las delegaciones gremiales y que, por ello, fuerzas coordinadas de la Policía Federal, Prefectura, Policía de Buenos Aires y de Santa Fe comenzaron el 20 de marzo a las 4 de la mañana un operativo para desvertebrar el complot, que obtuvo “exitosos resultados” y, a raíz del descubrimiento de nuevas “ramificaciones”, obligaban a las fuerzas de seguridad a continuar su acción operativa.

Al ordenar las indagatorias, el juez federal calificó a los crímenes descriptos como “delitos lesa humanidad con toda las características que lleva implícita esta calificación, en especial su imprescriptibilidad”.

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