Esteban Guida – Especial para El Ciudadano
Finalmente, la inflación no resultó ser un tema de fácil resolución. La idea de que controlar la suba de precios iba a ser una de las tareas más fáciles de resolver para la administración macrista fue contrastada por la cruda realidad. Las primeras proyecciones de inflación anunciadas en enero de 2016 por el por entonces ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, auguraban que el índice de precios en 2018 se ubicaría entre 8% y 12%; nada más lejos de la realidad que nos toca vivir a tres años de aquel fallido relato.
Vale recordar que, luego de la asunción del gobierno de Cambiemos, en diciembre de 2015, la divulgación del Indice de Precios al Consumidor Nacional fue suspendida, en el denominado “apagón estadístico” impulsado por Jorge Todesca, director designado por Mauricio Macri para dirigir el Indec. Durante los meses que no hubo IPC nacional, el Indec consideró “oficial” al índice de precios elaborado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que a noviembre de 2018 registró un crecimiento acumulado del 155,5%.
Los sucesivos fracasos en la política antiinflacionaria tuvieron su parodia en la fallida y contraproducente intromisión del (¿desaparecido mediático?) Jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, en diciembre de 2017, quien junto con el que era en su momento presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y el ex ministro de Finanzas, Luis Caputo, anunciaron la revisión de las metas inflacionarias para el año siguiente, proyectando un 15% de inflación para el año 2018.
La realidad superó nuevamente el discurso, puesto que en los primeros once meses del año, el IPC Nacional presentó una suma acumulada de 43,9%. Este resultado superó en casi 25 puntos porcentuales la cifra esperada por el Estado Nacional a principios de 2018. Incluso, cabe mencionar que en el acuerdo técnico con el FMI, el gobierno reconoció que la inflación anual de 2018 fluctuaría entre 27% y 32%; sin embargo, luego de la última mega devaluación de finales de agosto se prevé una inflación anual cercana al 47%. Esto implica que por tercer año consecutivo el gobierno marra sus predicciones y fracasa en el control de la inflación.
En el caso de la Región Pampeana, la suba del nivel general de precios fue todavía mayor, rozando el 50% en términos interanuales. Allí, la vivienda y servicios básicos (luz, agua, gas y combustibles) en conjunto con el transporte fueron los dos rubros que mayor crecimiento presentaron (71,8% y 68,9%, respectivamente). El rubro alimenticio no se quedó atrás: entre noviembre de 2017 y noviembre de 2018, los precios de estos bienes crecieron 50,1%. Estos datos resultan preocupantes si se tiene en cuenta el papel preponderante que tienen estos bienes y servicios en los gastos de los hogares. En doce meses, un hogar pagó, en promedio, un 70% más por sus servicios básicos y un 50% en sus compras de alimentos y bebidas.
Perjudicando a los más pobres
Lo ocurrido durante 2018 demuestra que hay que ser mucho más cuidadosos y prudentes a la hora de hablar del fenómeno de la inflación. La idea facilista de asignar al gasto público y la emisión monetaria toda la responsabilidad del aumento de precios, vuelve a ser puesta en tela de juicio, un año en el que la devaluación y la transferencia de ingresos impulsada por decisión política (tarifazos) trastocó totalmente los precios relativos de la economía.
Las cosas no son tan simples y directas, como profería Mauricio Macri antes de ser electo presidente. Aunque en este segundo semestre el gobierno se jacta de haber ajustado fuertemente el gasto primario, la inflación será la más alta desde la salida de la crisis en 2002. Está claro que la devaluación está jugando un rol principal en la política económica actual, y que la dinámica de los precios resultante, termina validando la transferencia de ingreso iniciada por el gobierno desde su primer día al frente del poder ejecutivo, en beneficio de los más pudientes, y perjudicando a los más pobres.
La inflación no es simplemente un impuesto que cobra el estado por la emisión de dinero, tal como muchos han aprendido a decir, casi de memoria, siguiendo el repertorio monetarista. Es sin dudas el reflejo de una puja de intereses manifestada en el intercambio de bienes y servicios; allí, quien más poder tiene, será el que determine la relación económica de intercambio: los precios.
Desde esta perspectiva se entiende un poco más el por qué suben los precios, al mismo tiempo que la comunidad toda puede abordar políticamente la cuestión, sin quedar atrapada en la terminología economicista, que siempre suele despistar, más que ayudar a encontrar la simple verdad que está detrás de todas las cosas.
Dónde radica el problema
¿Quiénes están detrás de los aumentos de los alimentos, las tasas de interés, las tarifas y el dólar? ¿Cómo es que cada aumento de salarios cuesta un parto y siempre se fuerza para no perder tanto respecto al aumento del conjunto de los precios de la economía?
Sin dudas, el accionar del sector público es central a la hora de entender el fenómeno, pero sin descuidar los aspectos técnicos y estrictamente económicos del fenómeno de la inflación, sería bueno que toda la sociedad abandone las explicaciones simplistas y se adentre en la problemática de la producción y distribución de los bienes y servicios de la Nación, porque allí radica el problema y se encuentra afectado su interés.
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