El gobierno provincial decidió ayer relevar la cúpula de la controvertida División Judiciales de la UR II –en total siete policías fueron desplazados–, que a partir de la megacausa Monos se había convertido en la niña mimada de las reparticiones policiales pero que en los últimos meses acumuló acusaciones por irregularidades y algunos de sus efectivos terminaron presos o sospechados en causas judiciales. Desde el Ministerio de Seguridad hicieron hincapié en que la decisión ya estaba tomada desde hace varios días, porque se “había cumplido un ciclo”, y que no tiene vinculación alguna con el último incidente conocido: en una conferencia de prensa desarrollada el viernes pasado en la Jefatura uno de sus integrantes, el sargento Ariel Lotito, hizo un simulacro de cámara oculta en la que se podía ver a tres periodistas recibiendo una supuesta coima, lo que generó el repudio de la oposición política y del Sindicato de Prensa Rosario.
El Ministerio de Seguridad informó ayer que siete policías de la División Judiciales, repartición que originalmente se encargaba de intervenir en hechos donde había policías involucrados pero que desde el año pasado se orientó a otros menesteres, fueron relevados de sus funciones. Se trata del comisario inspector Cristian Romero, jefe de la dependencia; el comisario principal Raúl Saccone, titular de la Brigada Operativa de Judiciales; el subcomisario Luis Quevertoque; el oficial Néstor Quirós; los suboficiales principales José Luis Ramonda y Ariel Lotito, y el agente Matías Lotito. “Previo análisis sobre la situación particular de cada uno de ellos, se decidirá posteriormente por una reasignación de funciones dentro de la misma jefatura regional o un traslado hacia otros destinos”, reza el comunicado oficial.
Causa asociación ilícita
Tras la asunción de Omar Odriozola como jefe de la Policía provincial, en febrero del año pasado, Judiciales fue la encargada de la investigación del crimen de Martín “Fantasma” Paz, sindicado narco asesinado en septiembre de 2012 en Entre Ríos y 27 de Febrero. Al frente de Judiciales quedó Romero, quien convocó a sus hombres de confianza, Ariel Lotito y Quevertoque –todos habían pasado por la Dirección de Drogas Peligrosas–, los que iniciaron una pesquisa a las órdenes del juez Juan Carlos Vienna, recordó una fuente judicial. La investigación contaba con escuchas telefónicas que apuntaban a integrantes de la banda de los Monos como responsable del crimen –de hecho, la hermana de Paz, Mercedes, era novia de Claudio “Pájaro” Cantero–. A mediados de mayo, Judiciales allanó una casa de éste ubicada en Regimiento 11 al 300, a partir de un hecho de robo, donde se incautaron algunos efectos personales de Cantero, recordó el mismo portavoz. El Pájaro en persona reclamó en forma airada la devolución en Tribunales y en la propia Jefatura. Pocos días después, el 26 de mayo, fue asesinado frente al boliche Infinity Night ubicado en el límite con Granadero Baigorria. Cinco días más tarde, el 31 de mayo, Vienna firmó órdenes de allanamiento para distintos domicilios del barrio La Granada, todos vinculados con el clan Cantero, lo que determinó un golpe contra las actividades ilícitas atribuidas a los Monos.
En los meses siguientes, el flujo de información proveniente de Judiciales alimentó a algunos medios sobre historias atribuidas a los Monos, muchas de ellas asentadas en el expediente. En febrero pasado, Vienna firmó los procesamientos de 36 personas, entre ellos once integrantes de la Policía provincial, en el marco de la causa por asociación ilícita originada a partir del crimen de Paz. Pero para entonces ya se habían incrementado los cuestionamientos.
En la mira
Tras el doble crimen del sindicado narco Luis Medina y su novia, Justina Pérez Castelli, ocurrido en el acceso sur el 29 de diciembre pasado, policías de Judiciales intentaron entrar al country de Pilar donde vivía la víctima sin orden judicial. Allí estaba apostado por orden de la jueza Alejandra Rodenas una brigada de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE), que avisó del movimiento. Los policías de Judiciales terminaron acusados de abuso de autoridad ante la Justicia bonaerense. Al regreso de sus vacaciones, en febrero, Romero se presentó a declarar.
Otro episodio oscuro fue la fuga de Juan Domingo Ramírez, sindicado sicario de Los Monos que se esfumó el 15 de enero de la sede de Judiciales en la Jefatura pocas horas después de haber sido detenido por la propia Brigada Operativa de esa repartición. Por el escape y una denunciada extorsión a la mujer de Ramírez terminaron presos cinco policías. Uno de ellos Germán Almirón, fue denunciado después –a partir de escuchas en una causa federal– como quien pretendía asesinar al juez Vienna, al fiscal de Cámaras Guillermo Camporini, y al subcomisario Quevertoque. De hecho, a este oficial la jueza Rodenas le tomó declaración informativa en la causa de la fuga.
El juez pasado, el prófugo Ramón Machuca, alias Monchi Cantero, concedió una entrevista al porteño canal América donde acusaba a Judiciales, en especial a Romero y Quevertoque, de haberle querido “vender” la investigación por 500 mil pesos. Y en un video se pudo ver a dos policías en una camioneta oficial reunirse con otro acusado en la megacausa Monos, quien supuestamente les entregaba dinero.
Libertad de expresión
Ayer, el ministro de Seguridad Raúl Lamberto recibió a la comisión de Libertad de Expresión y Formación Profesional del Sindicato de Prensa Rosario, a partir del incidente contado más arriba. El sindicato planteó su preocupación por los amedrentamientos que sufrieron los tres periodistas y otros hechos en los que se ha puesto en riesgo la libertad de expresión. Lamberto, según el SPR, repudió el hecho, aunque aclaró que el desplazamiento de la cúpula de Judiciales se debió a que habían cumplido un ciclo. El sindicato, en un comunicado, explicó que había exigido “el respeto por la integridad psicofísica de los trabajadores de prensa, en especial cuando se trata de miembros de la fuerza policial”.
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